El tiro por la culata por Alejandro A. Tagliavini

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         Hace tiempo que muchos propietarios de medios, en lugar de proponer una total desregulación, exigien que el Estado "regule y controle" la actividad. Claro que proponen intervenciones a su conveniencia. Y cuando se les señala que sus propuestas violan la libertad de prensa, hasta organizaciones "campeonas" en su defensa como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), hacen oídos sordos.

         Efectivamente, esta asociación, entre otras, viene quejándose, por caso, porque existen más de 6000 transmisores ilegales de radio, el 80% del espectro. Y le exigen al Estado que las "regule", que las reprima y hasta les aplique sanciones penales. Tras fuertes campañas alentadas por los medios "legales" (los aceptados por el gobierno), varios cientos de radios "ilegales" han sido cerradas.

         Ahora sucede que los Kirchner han decidido "hacerles caso" y regular aún más. Claro que, esta nueva regulación, es para provecho propio y no para lo que pretenden los dueños de los medios. Les salió el tiro por la culata. Así, Adepa criticó al nuevo proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual asegurando que no permitirá que se convierta en una "trampa para el acallamiento". ¿Se olvidaron de las radios que se cerraron a pedido de ellos?

         Los rumores dicen que el gobierno apunta particularmente a destrozar al grupo Clarín, archienemigo (¿archienemigo?) del kirchnerismo, y a quedarse con Telecom, una de las dos operadoras oligopólicas (gracias a privilegios estatales) del país, la otra es Telefónica.

         La nueva ley aumenta, todavía más, la discrecionalidad política en la difusión de información. Por ejemplo, en cuanto al espectro radiofónico, adjudica un tercio para las ONG y establece que el Estado tomará la extensión que considere necesaria y se arroga el derecho de otorgar licencias a discreción. A los privados solo les queda lo que el gobierno graciosamente quiera dejarles. Lo mismo que hoy, solo que más exagerado.

         Se crearía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un verdadero organismo de censura que sustituye al anterior. Y, por si fallara la censura de este organismo, se agrega más burocracia: el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, un verdadero soviet integrado por 35 consejeros del Poder Ejecutivo.

         Por otro lado, la nueva ley exige que el 70% de la programación de las radios, el 60% de la TV abierta, el 30% en el caso de la divulgación de música y el 100% de los avisos publicitarios deben ser de producción nacional.

         La preocupación ha llegado a España. Telefónica debería desprenderse de Telefé, el canal de TV con mayor audiencia y otros canales ya que la nueva ley exige no ser propietarios de medios de aire a quienes lo son de TV por cable, lo que pretende la empresa española al querer introducir el "triple play" (telefonía, Internet y televisión por el mismo cable). Así se vería severamente perjudicado el grupo Clarín propietario de canales de aire y de cable.

         A las telefónicas se les aplicará la ley de bienes culturales que exige tener un 70% de acciones en manos de argentinos. Obligando a Telefónica y a Telecóm a abrir su participación accionaria para lo que acechan empresarios amigos del gobierno. También está en jaque el grupo español Prisa, propietaria de más de 18 radios cuando la nueva ley establece un máximo de 10.

         Para colmo de males, la "oposición", el vicepresidente Cobos, Macri y De Narváez son más de lo mismo, y solo proponen revisar la ley cuando tengan el poder. No entienden que lo malo es el hecho de regular, de imponer coactivamente, vía monopolio estatal de la violencia, el capricho del gobernante de turno.

         Lo malo es el falso concepto de "violencia justa", cuando no es cierto que la autoridad deba ser coactiva para ser tal, ni que la defensa propia necesita de la violencia, cuando los métodos más eficaces de defensa, sino los únicos, son los pacíficos. Una vez establecido el criterio de "violencia justa", para tener un autoritarismo, solo basta encontrar un político demagogo, cosa que todos los políticos son en alguna medida.

Fuente: Fundación Atlas 1853

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