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Año V Nro. 356 - Uruguay, 18 de setiembre del 2009   
 
 
 
 
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Visión Marítima

 
por Dr. Marcelo Gioscia Civitate

Defensa Civil como respuesta
por Dr. Marcelo Gioscia Civitate

 
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         Ante la situación de inseguridad que padece la población por el alto número de hurtos y rapiñas de que es objeto, por los asaltos a mano armada que padecen en reiteración los comercios establecidos, así como los medios de transporte público, en algunos lugares se ha conformado una suerte de grupos de defensa civil o ciudadana, para enfrentarla. Cansados los ciudadanos de padecer mucho más que una sensación de inseguridad, sino un verdadero cambio en su calidad de vida, y de obtener poca o nula solución a los reclamos de mayor seguridad que plantean a las autoridades públicas, justifican algunos esa suerte de servicio de seguridad o control paralelo, que por cierto camina a nuestro modesto entender, por la fina cornisa que separa la legalidad, del abismo.

         ¿Cabe entonces fomentar este tipo de respuesta? ¿Dónde quedan las atribuciones del poder público en esa materia de especial cuidado? ¿Puede acaso delegar el Estado una de sus funciones básicas, como es la seguridad pública? ¿No estamos frente a una muestra de debilitamiento del Estado? ¿Quién le asigna atribuciones a estos grupos? ¿Cuáles son las normas que regulan sus actividades? ¿Hasta dónde pueden actuar estas células? ¿Quién llegado el caso, controlará a los controladores?

         Si bien es cierto que la realidad aventaja a la norma dictada por el legislador, no menos cierto es que la actividad de este tipo de grupos nos retrotrae a películas que ya vimos o nos adelanta hacia un futuro como de “ciencia-ficción”, ciertamente preocupante.

         Porque creemos en el Estado de Derecho, es que nos adaptamos a vivir en sociedad, donde estamos regidos por un ordenamiento jurídico que establece nuestros derechos, deberes y garantías no sólo en nuestra calidad de ciudadanos sino como personas, sujetos de derecho. Un Estado que, debe cumplir sus fines primarios ejerciendo su autoridad, para garantizar no solo la existencia del propio Estado como tal, sino los derechos fundamentales de todos los habitantes dentro de los límites de su territorio.

         Es así que, desde la constitución misma de nuestra República como Estado Independiente, quienes habitamos este suelo, tenemos derecho a ser protegidos en el goce de la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Derechos no absolutos que, sin embargo, se han visto afectados por quienes actúan fuera de la Ley, sin sujetarse a normas previamente establecidas. Bueno es reconocer en consecuencia que se rompe el delicado equilibrio que debe existir entre dichos derechos y sus correspondientes deberes, cuando se violentan o modifican los roles legalmente atribuidos a cada uno.

         Por muy loable que parezca, la conformación de este tipo de grupos o escuadrones, como respuesta a los ataques que a diario sufren un gran número de ciudadanos, puede llegar a convertirse en otro problema, que se suma al de no obtener respuesta de los organismos públicos a quienes por Ley se les asigna el cumplimiento de tales funciones.

         Sin darnos cuenta, podemos traspasar la línea que separa la legalidad de la ilegalidad y el espiral de una violencia no deseada inicialmente, puede entonces no llegar a contenerse.
¿Cuáles son las consecuencias, cuando no se ejerce la autoridad?

         Se incurre pues, en un terreno donde la aparente ausencia de normas, puede volver peligroso el desarrollo de las distintas conductas y donde al desconocerse las instituciones, violentando la Constitución, se arriesga a perder ni más ni menos que la libertad.
Un terreno apto para una sociedad evidentemente fracturada, donde la “inclusión social” queda muy lejos de ser el nuevo paradigma que intentó vender este gobierno como innovación.

         Frente a estos hechos, no debemos ni podemos ser indiferentes ni omisos a la hora de actuar.

         La corrección del rumbo se impone, pues para mantener el entramado social en un Estado de Derecho como el nuestro, lo que debe hacerse es cumplir la Ley y exigir a las autoridades públicas el correcto funcionamiento de los servicios, sin llegar a desconocer roles y atribuciones legalmente asignados, en beneficio de todos.

© Dr. Marcelo Gioscia Civitate para Informe Uruguay

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