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Año III - Nº 144 - Uruguay, 19 de agosto del 2005

 
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¿Adónde va la salud?
Javier Garcia
 
El gobierno se apresta a ingresar en el tema salud, central de la vida del Uruguay que involucra un derecho humano consagrado constitucionalmente.

El gobierno anuncia la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud y su financiamiento mediante un Seguro Nacional de Salud. Para ello va a incluir en el presupuesto las normas que lo sostienen.

Hace meses instaló en el Ministerio del área un conjunto de comisiones de análisis, supuestamente para consultar opiniones entre los diversos actores del sector. Sólo es una participación aparente ya que muchos se enteraron por la prensa de los detalles del mismo, siendo que se los había convocado para discutirlo.

El problema no son los nombres de las propuestas sino los contenidos, pues de la necesidad de sistematizar las prestaciones nadie puede dudar y por ello en la propia campaña electoral sostuvimos una voluntad en ese sentido. El problema no es el Sistema, ni el Seguro, sino ¿qué Sistema y qué Seguro?

Accedimos al documento que las autoridades del MSP elaboraron y el mismo es extremadamente preocupante. Si se diera aprobación a la iniciativa del gobierno se pondría en peligro la vida misma de las instituciones de asistencia médica colectiva, digamos las mutualistas.

Casi la mitad de la población se atiende en ellas, que con sus problemas, muchos propios y otros ajenos a las mismas, son un diferencial en el mundo entero donde se mira con atención este sistema de atención integral prepaga. A él acceden uruguayos de toda condición, entre otras cosas por la seguridad social que le da acceso al trabajador por DISSE a las mismas. Muchas mutualistas tuvieron serios problemas de gestión y lo tienen aún de endeudamiento, algunas más que otras. Sin embargo no fue la ayuda del Estado lo que logró que estén capeando el temporal, sino los ajustes internos hechos con el sacrificio de sus propios funcionarios médicos y no médicos.

El MSP no es un ejemplo de buena administración de sus recursos ni de eficiencia y eficacia. El actual ministerio dio muestras de ello cuando removió al Dr. Leborgne de su cargo y para suplantarlo nombró a cuatro personas. Cuatro para hacer lo que antes hacía una. Pacientes que se eternizan en las puertas de los hospitales, que deben peregrinar meses para conseguir hora con especialistas, carencias que se superan sólo por el excelente nivel técnico de los profesionales. Si se administra tan mal un presupuesto de 200 millones de dólares, qué garantiza que el Estado manejará bien un fondo de 1.000 millones de esa moneda, del que dispondrá el Seguro propuesto.

El gobierno debería, primero, mejorar los hospitales, dignificándolos y cumpliendo el Estado con su obligación, antes de pretender imponer conductas que no ha tenido con sus dineros.

Se impone descentralizar la gestión hospitalaria y profesionalizarla, para establecer criterios de coordinación y complementariedad. Si establece el Seguro sin mejorar los hospitales éstos se desfinanciarán, lo cual deteriorará más su situación.

Quiere, con el Seguro que prevé el Sistema, administrar el mutualismo, por lo tanto se va hacia la estatización de todo el sistema, que es lo que se busca. Para esto el proyecto gubernamental dispone, textualmente, que el MSP ejercerá la inspección, fiscalización, y control de carácter técnico asistencial, administrativo, contable, financiero, laboral, gerencial, así como cualquier otro aspecto que considere pertinente respecto al funcionamiento y gestión de todas las instituciones, revelando una buena dosis de ideas que no cayeron con el muro de Berlín.

Pero además será juez y parte porque brindará asistencia y a su vez manejará un fondo de 1.000 millones de dólares, de los cuales dispone en cuatro artículos del proyecto, con una dosis de voluntarismo alarmante.