Ni nacional, ni integrado
	por Javier García

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            Las propias autoridades del MSP reconocen que a partir de esta ley denominada "Reforma de la Salud" se recaudarán más de sesenta millones de dólares. Su finalidad es, además, la de apoderarse políticamente de todo el sistema sanitario, haciendo que el mismo dependa de la discrecionalidad del partido de gobierno.

            Para instrumentar esto, es que se crea una Junta Nacional de Salud con siete miembros, de los cuales cuatro serán designados políticamente, y que tendrá bajo su órbita la autorización última de todos los actos administrativos y de dirección que deban tomar las mutualistas y los hospitales.

            El gobierno, que administra pésimamente la mayoría de los hospitales públicos, extenderá ahora su mando sobre todo el sistema mutual imponiendo consideraciones políticas en su gestión. Es por tanto una reforma centralista y de hegemonía estatal.

            Como mecanismo de coacción, la Junta Nacional de Salud es la que dispone el pago de las cuotas a las mutualistas, y además otorgará "premios" y "castigos" según criterios que nadie conoce.

            Estos montos de discrecional manejo rondan los 100 millones de dólares anuales.

            Para financiar esta enorme bolsa de dinero, la ley en discusión crea un adicional al IRPF duplicando (del 3 al 6%) los aportes de los trabajadores que tienen hijos menores de 18 años y aumentando en 50% (3 a 4,5%) la de aquellos que no los tienen o son mayores de esa edad.

            Se dice que la contrapartida será la cobertura de salud para los hijos menores de edad, desconociendo que más que la cuota lo que limita e imposibilita la atención en las mutualistas son los tickets moderadores, que en verdad son recaudadores. Por lo mismo los jubilados más humildes teniendo derecho a cuota mutual gratuita en su gran mayoría se atienden en los hospitales.

            Tan lejos está la llamada reforma de ser un mecanismo para mejorar la cobertura de salud que en el supuesto sistema nacional, a pesar de su nombre apenas se incluye a la tercera parte de la población. El costo de la inclusión del resto es sideral e inalcanzable y por ello el gobierno difiere al próximo período este compromiso. Es fácil asumir promesas que otros deberán financiar.

            Para tener una idea sólo incluir a los pasivos que perciben más de $ 4.200 mensuales es de 500 millones de dólares anuales. Hace tres meses el gobierno tuvo una dura discusión interna para conseguir 30 millones de dólares para la enseñanza mientras Astori se negaba a otorgarlos, ¿de qué bolsillos saldrán entonces estos montos?

            Tan poco "integrado" es este sistema que quedan afuera de él varios prestadores.

            Increíblemente el mayor hospital público, el de Clínicas, que debiera ser un pilar del sistema por su condición universitaria, queda expresamente afuera del mismo.

            En el colmo de la intromisión del Estado y la política en lugares donde no debería hacerlo, esta ley incluye un artículo que viola un derecho esencial de los pacientes como es la confidencialidad del acto médico, posibilitando que tanto la Junta Nacional de Salud como el MSP, que son organismos políticos, dispongan y utilicen información incluida en las historias clínicas. Configura esto una intromisión ilegítima en la vida privada de las personas.

            No es buena cosa que la política y el Estado entren en los consultorios en una especie de "gran hermano".

            Toda esta reforma es un dislate, por cara, por peligrosa y por mala.