LOS DISFRACES DISCURSIVOS Y EL RESPETO DE LOS CONTRATOS

por Pedro Hernández

Aquellos que no recuerdan el  pasado están condenados a revivirlo. Santayana.

El agro viene reclamando por soluciones al endeudamiento desde el histórico acto del 13 de abril de 1999. Las que se dieron no funcionaron porque no se tuvo en cuenta la causa central del mismo, el atraso cambiario.

Después de la devaluación de junio de 2002 el país tiene, miles de nuevos endeudados y miles cuyos ahorros fueron reprogramados.

Las deudas del agro se deberían haber enfrentado ya 1997, cuando la proyección indicaba una profundización de las mismas.

Pero el engaño electoral era imprescindible y al país urbano que se beneficiaba de la burbuja consumista - con un dólar barato que subsidiaba el agro y la destrucción de la industria nacional – no convenía alarmarlo.

El atraso cambiario y la devaluación dos grandes causas que llevaron al incumplimiento generalizado de los contratos en los últimos años y sobre eso se hace poco énfasis. Hoy a los endeudados urbanos y a los ahorristas reprogramados, hay que recordarles que no se preocuparon por el reclamo y la suerte de miles de productores rurales y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la industria en la década del 90, no vieron que el país es uno.

Este alerta de la memoria no es por un sentido vengativo, sino para mostrar como la desmemoria nos hace caer en los mismos problemas y una muestra de un modelo de economía desintegrada, en el cual cada sector pide por lo suyo descontextualizado del resto del país. Es la lucha- histórica- de los corporativismos funcionales al modelo y al clientelismo.

Este modelo ha servido para mantener en el poder a los mismos, el país no importó. Frente a una crisis extraordinaria como la que se profundizó a  partir de la devaluación del 2002, ¿ qué medidas se tomaron?. Ninguna, sólo parches en la coyuntura y dejar actuar al mercado.

Si la crisis como dicen los gobernantes no es responsabilidad de ellos – nadie lo cree, ni ellos -, con más razón se deberían haber adoptado soluciones cuya carga fuera compartida por todo el país y no por los sectores rehenes.

Pero es así como se sustenta el modelo desintegrado que se lleva adelante y de ahí como se ha procedido.  Este manejo de la economía es una de las grandes causas por las que el país sale de una crisis destructiva y camina hacia la siguiente. El partido único*, atado por el reparto del poder, nunca diseño  políticas país.

El respeto de los contratos ha sido el caballo de batalla de los dirigentes del partido único* – para distraer - en cada crisis y en cada período electoral. Hasta el 31 de octubre este fue el discurso, soberbio, apoyado en la desinformación de gran parte de la población.

Pero hay un elemento clave sobre este tema y del que no se habla y es que los gobernantes son los responsables del “equilibrio” de las cargas en la economía, imprescindible, para que se pueda hablar de contrato, esto es la igualdad de condiciones para las partes. La figura del contrato en una economía desintegrada, es una forma de transferir riqueza, ya que en un marco de asimetrías profundas, ¿dónde queda la igualdad de las partes contratantes?.

La historia reciente es muy clara al respecto.

Es en el marco de estabilidad de las variables macroeconómicas donde puede ser exigible el cumplimiento de los contratos.

Pero acá pasa todo lo contrario, vivimos una realidad de las formas. Es el estado el que ha, históricamente, desestabilizado las reglas del contrato, atraso cambiario en la década del 90 y devaluación en el 2002, para no irnos muy atrás en la historia.

Por tanto, cuando el responsable de mantener los equilibrios no cumple, ¿puede exigir el respeto a los mismos?. La oposición- hoy gobierno- no ha profundizado en la idea de que el estado es responsable de asegurar las garantías del contrato, y es por eso que dudan frente a las soluciones administrativas.  Pero es en función de esa responsabilidad que se deben dar soluciones administrativas extraordinarias - en la emergencia - al incumplimiento de los contratos. Eso no quiere decir que no se esté de acuerdo con el respeto a los mismos.

El respeto a los contratos debe ser una prioridad nacional para el nuevo gobierno.

Se deberá trabajar para salvar décadas de incumplimientos vía clientelismo político en el marco de un modelo de economía desintegrada- llena de asimetrías y rehenes- que hay que cambiar yendo a una integración de la misma.

Este tema es nada más ni nada menos que la diferencia entre un país en serio y un país de segunda.

Para evitar este espectáculo decadente del continúo reclamo por los incumplimientos contractuales y la  utilización de la ley para resolverlos, hay que ir a las causas. Y a las causas no se fue nunca, porque quedaba al desnudo la responsabilidad de los gobernantes, la política económica y el manejo clientelístico del partido único.

En el país los problemas de incumplimiento de los contratos ha sido el fruto de cada crisis.

El mantener la ficción de que el estado no es responsable le sirvió a los sectores dominantes – que con apoyo jurídico sacan ventajas - de la economía, que lucran en cada crisis.

Para la inmensa mayoría implica transferencia de la propiedad a precio vil, angustias y cargar con el costo de la recesión, la historia reciente es muy clara.

Los contratos fueron incumplidos por la inmensa mayoría de los proyectos insignia desde 1985 para acá, Hotel Conrad, Mi Granja, Metzen y Sena- entre otros - y reconversiones empresariales, hoy, o se han rematado o transferido a precio vil – socializando enormes pérdidas - o están severamente endeudados, solicitando soluciones de emergencia.

Pero nadie habla de la responsabilidad de la política económica en estos incumplimientos, es la histórica adhesión al manejo del “arreglo” político partidario de los problemas económicos.

El modelo de economía desintegrada y el manejo clientelístico del país está en la base del incumplimiento de los contratos.

Históricamente el manejo del partido único* ha estado implementando soluciones administrativas - leyes de refinanciación, consolidaciones de deuda, amnistías tributarias, quitas, etc.- al incumplimiento de los mismos, en función del poder – de cada actor - o a las vinculaciones partidarias.

Ha sido la forma de deslindar las responsabilidades políticas y cumplir con el clientelismo electoral.

Hoy en medio de la crisis - no hay de donde sacar más recursos -, se acude a la retórica del cumplimiento de los contratos.

Vivimos una gran farsa, amplificada en cada período electoral, donde las viejas promesas incumplidas se reiteran y poco se habla del incumplimiento del contrato por los partidos que han gobernado desde 1931.

El resultado electoral del 31 de octubre abre una cuota de esperanza, por primera vez en 73 años, hay alternancia en el poder y de alguna manera se cuestiona el no cumplimiento de los mismos.

Los reiterados reclamos de los deudores y ahorristas – reprogramados -sucede, porque las “soluciones” que se han venido instrumentando no atendieron a las causas, sólo fueron disfraces en la coyuntura, eludiendo la responsabilidad del estado, pateando los problemas para adelante una vez más.

Mezclar el tema de grandes deudores malos pagadores por años, con el cumplimiento de los contratos es una burda manera de embarrar la cancha, confundiendo a los desinformados.

En los hechos el tema pasa por dos aspectos; los malos pagadores – grandes deudores –, son producto del tráfico de influencias políticas, el resto, es por la caída de la capacidad adquisitiva y del valor de las garantías, fruto de la devaluación.

El ministro de economía- Alfie - ha reconocido que los grandes deudores, malos pagadores, no pagan y no quieren pagar desde la noche de los tiempos. Son los gobiernos del partido único, los dirigentes y tecnócratas de los mismos – Alfie es uno de ellos desde hace más de quince años – los responsables de que existan los malos pagadores por tanto tiempo. Este reconocimiento explicito se dice con total desparpajo, en la seguridad de que no será llamado a responsabilidad por sus dichos, es otra muestra de la impunidad política del partido único.

Estas conductas son las que debilitan el sistema democrático y desalientan a los inversores de mediano y largo plazo.

Sin entrar a discutir si estubo bien o estuvo mal la devaluación, según el discurso oficial las medidas de política económica se tomaron para salvaguardar los altos intereses nacionales, en el mismo sentido se deben buscar las soluciones a los problemas creados en la defensa de esos intereses.

No es cargando la responsabilidad hacia los sectores más rehenes como se ha hecho.

Hay a partir de la devaluación del 2002 una situación extraordinaria en la economía, por tanto las soluciones deben ser extraordinarias y su costo debe ser compartido por todos, distribuyendo equitativamente las cargas.

En este marco las reglas de una economía normal no se deben aplicar mientras no se recompongan los equilibrios.

Nada de esto se hizo y así aumentó; la pobreza a cifras vergonzosas, la mendicidad, la exclusión social, etc, etc.

Frente a esta realidad el partido único espera las “soluciones” del mercado.

Soluciones que tardaran años en llegar a los sectores más débiles por las características del modelo –economía desintegrada – y la inequitativa política tributaria, dos aspectos nefastos para los sectores rehenes.

Las reglas del contrato hacen a la garantía de los equilibrios imprescindibles, para la convivencia social hoy tan deteriorada.

En el marco del discurso del respeto de los contratos, el gobierno los violó al aplicar una reprogramación compulsiva a los ahorristas, que es en los hechos un concordato impuesto desde la impunidad del estado, sin el acuerdo de partes que lo legitime.

En la campaña electoral desde el oficialismo se dijo que estaba en riesgo el crédito, si no se respetaban los contratos, una verdad a medias. ¿De que crédito estamos hablando?. Pocos toman crédito hoy dada la inseguridad trasmitida por la crisis, desde el gobierno se dice, el Uruguay siempre honró los contratos, no se dice, que con el sudor y la angustia de los más débiles y la destrucción de buena parte del aparato productivo en cada crisis.

La mayoría de los depósitos son a la vista y prontos para el “raje”. La recomposición de la credibilidad que se pierde muy rápido, demorará años en recobrarse. Ardua tarea le espera al nuevo gobierno y por eso se hace más relevante una toma de conciencia en profundidad de cual es la real situación del país.Pero algo tiene que quedar claro, la historia de los últimos cincuenta años es contundente, sólo en el marco de una economía integrada** será posible el cumplimiento de los contratos como regla general. En el modelo de economía desintegrada el estado actúa prescindente en su responsabilidad para crear las condiciones de respeto de los contratos. Esta prescindencia se sustituye por la discrecionalidad política, que habilita el tráfico de influencias – de los más fuertes - y somete a los sectores rehenes.

*El partido único es el que surge en el pacto del “chinchulín” – año 1931 - en el que se acuerda el reparto del poder - 3 y 2 - entre el partido colorado y un sector del partido nacional, incorporado luego, por la totalidad de los dos partidos, a la constitución de la república en la reforma de 1951.
** Economía integrada es aquella en la que el país es asumido como uno y en la que todos los actores – económicos y sociales - interactúan en un pié de equilibrio –sin rehenes-  contemplando las distintas especificidades.                             Noviembre 2004