La transformación del estado uruguayo por Dr. Eber Da Rosa

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          Una de las tantas interrogantes que nos seguimos planteando ciudadanos y gobernantes al mismo tiempo es si, el Estado uruguayo, en el marco del proceso de globalización y de creciente competitividad entre las economías, está realmente preparado para abordar estos tiempos y el futuro.

          El camino que el Partido que actualmente gobierna el país y que ascendió al poder levantando como bandera el gran cambio prometido en todos los campos de la vida estatal y social del país ha estado plagado hasta el momento de marchas y contramarchas, de definiciones y contradefiniciones, de claroscuros a cada tramo del tiempo en que viene ejerciendo el gobierno. Basta recordar las contradicciones e incertidumbres generadas por el proceso de elaboración de la Reforma Tributaria o las que caracterizaron la definición de los contenidos y alcances de la Reforma de la Salud o la larga y tediosa discusión sobre cuestiones fundamentales para impulsar una Reforma en la Educación, en donde el centro parece ser, no el educando y los contenidos educacionales sino el Sindicato y la pretensión de gobiernos corporativos en los órganos de la Enseñanza.

          Y allí entonces nos tenemos que plantear, no solo los que están en el gobierno, sino los uruguayos todos de qué hablamos, a qué nos referimos, cual es el contenido de la reforma del Estado de la cual han hablado todos los partidos políticos en sus programas de gobierno y a la que en particular el actual gobierno llegó a denominar como “la madre de todas las reformas”. En tal sentido, en enero de 2007 en un documento denominado “Reflexiones frente al País”, Alianza Nacional , luego de un extenso análisis y discusión en un Plenario presidido por el Dr. Larrañaga en el departamento de Canelones, se establecía que “las reformas y tratamientos específicos de componentes y áreas de una reforma global del Estado deben estar enmarcados en una planificación y políticas generales” y que “si se sigue avanzando en reformas específicas se corre el riesgo de que la mentada reforma del Estado quede por el camino o de crear inconsistencias y cortocircuitos en el funcionamiento del Estado hacia el futuro. Hasta ahora la reforma del Estado por parte del actual gobierno ha consistido en generar más Estado que pesa sobre la producción y el trabajo nacional a través de los impuestos. El oficialismo ha generado más Estado y más ineficiencia. Los monopolios públicos se mantienen intactos, con grandes resistencias a cualquier proceso de competencia con inversores privados y en consecuencia, las tarifas públicas se siguen manejando sin la debida transparencia”.

          Han pasado casi dos años y poco o nada se ha avanzado en esa Reforma del Estado que tuvo al principio desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un gran impulso hasta que apareció el característico “freno” a las iniciativas reformistas. Este es un tema decisivo para el futuro del país y que debe orientarse hacia la eficiencia y la eficacia en la gestión pública y el abatimiento de una presión fiscal que en el Uruguay hoy supera el 30 % de su PBI y que constituye el más alto guarismo en América Latina y que ahoga la iniciativa privada, en particular el nacimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

          Necesitamos un Estado que permita el crecimiento sustentable de la economía como lo han logrado en las últimas décadas países chicos como Irlanda, Nueva Zelanda o mismo Chile. Un Estado que dentro de una economía de mercado y de las exigencias propias de la competencia con otras economías sea capaz de cumplir funciones básicas en cuanto a las demandas de la sociedad en materia de educación, seguridad pública y justicia, salud, vivienda, mayor equidad social y acceso a las tecnologías del conocimiento para el conjunto de la sociedad, pero que mantenga la vigencia del valor de la libertad como cuestión central en la vida de los individuos y que en lugar de ahogar y aplastar la iniciativa privada ya sea por la vía del autoritarismo político o del autoritarismo impositivo, sea una plataforma de apoyo a la misma. 

          Dentro de esa Reforma del Estado en el Uruguay, se merece un capítulo especial el tema de la llamada “Descentralización”, asunto nada menor para los blancos que desde Berro hasta Wilson Ferreira han planteado proyectos y luchas para avanzar en ella, en un país donde gran parte de su andamiaje en lo económico-social, en lo político e institucional, en lo cultural se construyó históricamente desde el puerto de Montevideo hacia las praderas del interior y donde se han ido generando enormes desigualdades, en todos los planos, que han tenido consecuencias sociales que hoy vivimos intensamente con marginalidad, exclusión social, desintegración de la familia y aniquilamiento de los valores esenciales en la convivencia humana. No se trata de alentar el enfrentamiento dialéctico entre la ciudad-puerto y el campo, entre otras cosas porque muchos de los problemas endémicos en la capital se reproducen hoy en menor escala, lamentablemente, en los núcleos urbanos del interior, pero no fue por casualidad o por demagogia que el último mensaje, el último proyecto transformador planteado por Wilson Ferreira después de la dictadura y de su exilio en Europa fue precisamente el de impulsar la Descentralización para estimular y alentar el desarrollo y crecimiento integral del Uruguay. 

          Tampoco es casualidad o demagogia el informe aprobado por el Directorio del Partido Nacional en agosto de 2007 que señalaba entre otras cosas “solo con un verdadero proceso descentralizador se podrá, a nivel nacional, departamental y local, equilibrar oportunidades, poner al Estado más cerca de la gente, mejorar la transparencia en la gestión pública, mejorar en eficiencia, participación y control social en las decisiones y sobre todo en la ejecución de los recursos. En definitiva, solo con una descentralización real se logrará el objetivo de no tener Estado donde no se lo necesita y que no falte donde debe estar” y agregaba “en tal sentido, consideramos que cualquier proyecto de descentralización que se proponga, deberá ser funcional al propósito descentralizador de estimular y orientar inversiones y emprendimientos que generen posibilidades laborales y de desarrollo económico, que en los tiempos que vivimos constituyen, junto a la organización política de los gobiernos locales, cuestiones esenciales para acercar el poder a la gente”.

          En definitiva, la desmonopolización, la desburocratización, la modernización e informatización y la descentralización, constituyen capítulos esenciales en ese proceso transformador del Estado, que tarde o temprano, después de haber vivido la experiencia de gobiernos alternados de diferentes partidos políticos e ideologías, como los ha tenido el Uruguay en los últimos años, tendrá que ser la consecuencia de grandes acuerdos políticos, permita avanzar hacia una nueva concepción para el Siglo XXI de un Estado al servicio del ciudadano y no de una sociedad al servicio del Estado.

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