¿Destruir los archivos? por Gustavo Penadés

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         Según información aparecida en la prensa, sería intención del Ministerio de Defensa Nacional que determinados archivos en su poder, una vez digitalizados, sean analizados por personas expertas, que tendrían la potestad de eliminar parte de su contenido. De ser correcta la versión, se estaría cometiendo un verdadero dislate, en tanto los archivos en cuestión no son otra cosa que información cuyos únicos y legítimos propietarios somos los uruguayos.

         Los archivos de cualquier institución son propiedad de sus integrantes; y, tratándose de órganos del Estado, son patrimonio de la Nación; por lo que no puede quedar al arbitrio de nadie, por más expertos de que se trate, el juzgar si corresponde o no su destrucción. Se trata de una de las fuentes a las que debe recurrir el historiador para cumplir con su trabajo. Los estados los atesoran, y en función de diferentes criterios, deciden si los mismos son librados al conocimiento público.

         No es función del gobierno pronunciarse acerca de la veracidad de la información atesorada. Esa es una labor de los investigadores, quienes utilizando diferentes recursos efectuarán el correspondiente análisis y crítica de las fuentes utilizadas. Es más, para que el historiador se halle en condiciones de efectuar su trabajo con rigor científico, es preciso, que los archivos no desaparezcan, y que no sea vedado el acceso a los mismos.

         Toda otra disposición, no tendría otra explicación que el temor de que el contenido de los archivos, pudiera contener información relevante sobre ciertos hechos y circunstancias que el partido de gobierno considere que de alguna manera pueden afectarlo, tanto a él como a sus integrantes. Para sortear esa cuestión, y evitar la tentación autoritaria de hacer desaparecer aquello que pudiera resultar incómodo, los estados en ocasiones establecen plazos para el libre acceso a los archivos.

         Pero, para tomar ejemplos contemporáneos, conviene referir la actitud asumida por el gobierno alemán, quien puso a disposición de los ciudadanos los archivos de la policía secreta de la desaparecida Alemania Democrática; o el de la Federación Rusa que admite el acceso a documentos de la ex - URSS.

         En la actualidad Uruguay vive los fenómenos de la llamada "búsqueda de la Memoria", y de la reconstrucción del "pasado reciente". Parte integrante, indisoluble, de dicho pasado reciente y de toda forma posible de construir la Memoria, es que la información custodiada por el Estado no desaparezca. La destrucción de todo archivo constituye un gravísimo atentando a las ciencias históricas, pero, por sobre todo, al patrimonio y a la memoria de los orientales.

         Las futuras generaciones tienen el derecho a reconstruir su pasado -que para ellos ya no será reciente, sino quizás remoto- y, para hacerlo, nuestra generación carga sobre sí el deber de no privarla de elemento alguno que torne infructuosa su tarea.

         Si en muchas ocasiones debemos resignarnos a que la desidia estatal condene a la destrucción de piezas fundamentales del patrimonio nacional, no es factible tolerar que -con conciencia y voluntad- un grupo de personas asuma una suerte de tutoría, y mas que tutoría, curatela, de la sociedad, erigiéndose en jueces sin tribunal para disponer con arbitrariedad de elementos que, de ninguna forma les pertenecen.

Las futuras generaciones tienen el derecho
a reconstruir su pasado, que para ellos
ya no será reciente, sino quizás remoto.