Año III - Nº 114 - Uruguay, 21 de enero del 2005

 

 

 

 

A ESCASAS HORAS DE LA REGULARIZACIÓN

Graciela Vera
Periodista inde


Del 7 de febrero al 7 de mayo estará en vigencia el Proceso Especial de Regularización de inmigrantes. El mismo establece una serie de condicionantes que han creado preocupación en el colectivo de extranjeros en situación irregular en España.

El lunes 7 de febrero se abre el periodo para la regularización de trabajadores extranjeros en situación irregular previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería. La fecha concuerda con el plazo establecido: un mes después de la publicación del texto del reglamento en el BOE, Boletín Oficial del Estado.

Tendrán derecho a acogerse a la regularización todos los inmigrantes que se encuentren empadronados en algún municipio español desde antes del 7 de agosto del año pasado.

Este requisito, para probar la exigencia establecida en el reglamento de que los solicitantes residan en España desde seis meses antes de la entrada en vigor de la reglamentación, es uno de los puntos que ha creado más disconformidad, ya que se aduce que hay un importante número de inmigrantes que no se han empadronado nunca por temor a ser descubiertos y deportados, a pesar de que hace más de seis meses, incluso varios años, que viven en España,.

La solicitud reiterada por ONGs y Asociaciones de Inmigrantes para que las autoridades acepten otros medios probatorios del tiempo de residencia en España, no ha tenido respuesta por parte del Estado.

La preocupación del colectivo recae también en otros requisitos exigidos en la reglamentación y antes de la puesta en marcha de la regularización este fin de semana habrá una serie de movilizaciones en distintas provincias como Valencia, Madrid, Barcelona, Almería, Murcia, Extremadura entre otras.

Preocupa que en esta oportunidad no sea el propio interesado quién deba presentarse sino el empresario que contrate al inmigrante, el cuál deberá concurrir a las oficinas habilitadas para los trámites y solicitar la regularización del trabajador presentando un contrato de trabajo, firmado por las dos partes involucradas, de por lo menos, seis meses de duración.

Se han establecido reglamentaciones especiales para la hostelería, la construcción, el servicio doméstico y la actividad agropecuaria.

En esta última el contrato mínimo se establece por un periodo de tres meses en tanto que en la hostelería y la construcción, la prestación podrá establecerse de forma discontinua.

En el caso de los trabajadores domésticos, serán éstos (único caso) quienes deberán presentar la solicitud acreditando por lo menos 30 horas de trabajo semanal durante seis meses no importando el número de patrones propuestos.

De por sí la exigencia de que sea el patrón quién deba presentarse a realizar el trámite representa un inconveniente para el trabajador que, no en todos los casos encontrará en aquel, la diligencia e interés que pondría el propio interesado.

Además el inmigrante deberá acreditar que no tiene antecedentes penales en España ni en su país de origen y el empresario, a su vez, deberá presentar los documentos que acrediten que su empresa está legalmente establecida y cumple con todas las obligaciones fiscales.

Como si éstas fueran pocas trabas, se establece que no podrán presentar solicitudes de regularización empresarios que hayan sido sancionados por la Inspección de Trabajo por haber empleado trabajadores en situación irregular.

Cuando el empresario -reiteramos que no el inmigrante- presente la petición de regularización, las autoridades archivarán los expedientes de expulsión que pudieran existir contra este último, y se suspenderá la ejecución de la misma mientras la Administración examina la solicitud.

Una vez aprobada, aún no se habrá conseguido el permiso definitivo para residir en España. La vigencia de la autorización obtenida será de un año; lo que sucederá después, seguro que será motivo de un nuevo capítulo en un demasiado reglamentado 'libro de imperativos'.

LOS URUGUAYOS TAMBIÉN

Más allá de las razones que la Justicia haya dado a las reclamaciones de algunos uruguayos que han obtenido autorización de trabajo y residencia en España invocando ante ésta el Convenio de Paz y Amistad firmado en 1870 ( ) y ratificado en 1883 por los gobiernos de España y Uruguay, poco, prácticamente nada han hecho las autoridades uruguayas para hacer valer el derecho de sus conciudadanos.

Uruguayos que residen en todo el Estado español están juntado firmas para presentar en las delegaciones de gobierno de todo el territorio en apoyo al cumplimiento de un tratado de 1870 en el que se consideraban ambas naciones como favorecidas.

Las firmas se presentarán el 27 de enero, por lo que se busca la cooperación de todos para juntar el mayor número posible.
Las hojas de firmas se encuentran en cualquiera de las asociaciones de uruguayos en España.

PRIMEROS SIEMPRE, HASTA EN LA DESINFORMACIÓN

Países como Ecuador (por poner solamente un ejemplo) han abierto cadenas de información y facilitado a sus más de doscientos mil emigrados que carecen de permisos en España, los trámites para la obtención del documento similar a nuestro certificado de buena conducta.

No es lo único que ha 'hecho' ( )Ecuador por su gente en el extranjero; incrementó el número de personas que trabajan en su Embajada y consulados, realiza una amplia difusión por medio de la prensa, sus autoridades han buscado contactos con sus pares de España y han firmado acuerdos para regular la emigración desde el país de origen a través de contingentes.

La Embajada de Uruguay no responde a los mails (en otros momentos sí lo ha hecho) y el teléfono (único número público) está ocupado o en la mayor parte del tiempo da señal de estar conectado a un fax. El Consulado Honorario en Sevilla se niega a dar información por teléfono o por mail aún a sabiendas que se le pide desde la calidad de periodista. La prensa uruguaya da informaciones deformadas como la de un matutino del día jueves que tituló un artículo informativo: "Unas 180 personas por día obtienen autorización para trabajar en España".

Posiblemente lo que el autor del titular pretendió decir fue que ese número de uruguayos (en otros medios se ha llegado a hablar de cuatrocientos), obtienen la constancia del certificado de buena conducta, requisito, entre otros varios requisitos, para acceder a la próxima regularización.

¿HABRÁ CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE NUESTRA CANCILLERÍA?

La firma de un Tratado beneficia y obliga. España ha firmado muchos tratados y al integrar la Unión Europea debe ajustarse también a su legislación ( ) y quizás revisar una Constitución que ha quedado obsoleta cuando habla de emigración puesto que fue aprobada cuando España era emisora y no receptora.

Quizás la mayor receptora de Europa, por su idioma (colectividades hispanohablantes) su clima que invita por ser más benigno (emigrantes de la Europa del Este, incluso de países que actualmente integran la UE y su cercanía y calidad de 'puerta del continente' con África.

Cumplir convenios es ¿'abrir la puerta'?. La puerta cerrada, o apenas entornada, no parece haber sido solución para el control de la inmigración.

Lo cierto es que los uruguayos tenemos derechos ( ) que no nos son reconocidos. Hasta el momento no hemos logrado una respuesta a nuestra inquietud periodística, por parte de un destacado jerarca, asesor y ex Canciller cuyos conocimientos jurídicos sobre el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1870 no nos dejarían margen al error. Sería de desear que las nuevas autoridades uruguayas agendarán como 'importante', negociar con el gobierno español el pronto cumplimiento de lo firmado cuando Uruguay era el que otorgaba y España la que recibía.

Almería, el sur del norte, enero 20 de 2005