Justicia: la agenda olvidada por Eduardo Rodríguez Veltzé (Perfil)

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         El desarrollo institucional del sistema de justicia en Bolivia ha sido y es aún parte de una agenda olvidada y por la que no se ha realizado un esfuerzo comprensivo y sostenido. Pese a que en los 25 últimos años de vigencia democrática se lograron avances importantes, la atención sobre el tema judicial ha sido espasmódica y generalmente teñida por los intereses políticos de turno.  Lo fue a principios de los 90 cuando desde el gobierno se desmontaban y cooptaban los cargos judiciales con presiones y juicios a los magistrados,  hasta que se cambiaron las modalidades para su elección y se estableció un sistema de carrera judicial. La tentación política fue superior a la naciente institucionalidad; volvieron las designaciones a dedo, los procesos dirigidos, la reducción de salarios y la erosión casi definitiva de la independencia de la función judicial. La judicialización de la política fue una práctica útil para transferir a los jueces la resolución de temas que resultaban incómodos para los gobernantes, particularmente hacia la nueva jurisdicción constitucional  y cómo no! para la persecución política de los rivales. Atribuir la culpa de todos los males de la justicia a los jueces o fiscales es un exceso, aunque hay que admitir que la inconducta de algunos de ellos, contribuye a justificar la deteriorada imagen institucional que, en rigor, requiere soluciones estructurales.

         El proceso constituyente abrió el mejor espacio para reconfigurar un sistema judicial más funcional, accesible, y confiable para garantizar la efectiva vigencia del estado de derecho y las garantías de todas las personas.  Penosamente, la falta de debate informado y la forma en la que se precipitó la aprobación del texto, liquidaron la oportunidad y legitimidad del proyecto. Independientemente del rumbo que siga tal propuesta, que en materia de justicia revela muchas deficiencias, las decisiones políticas seguirán siendo decisivas para enfrentar los cambios en el sistema judicial. Idealmente deberían serlo en escenarios más democráticos y más participativos que los que hoy se alienta con presiones y violencia sobre las instituciones y sus miembros.

         Pero hay otra realidad a la que deseo referirme y tiene relación con aspectos más cotidianos y más concretos que revelan la indolencia y el vacío de la autoridad pública frente a todos los ciudadanos, cada día más inseguros y más indefensos: En los últimos años, la delincuencia en Bolivia creció en promedio del 9% anual, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los mayores problemas en el país, particularmente por su creciente violencia. Los linchamientos con muerte se producen en un promedio de tres por mes. Se toma la vida de las personas de manera violenta, generalmente precedida de torturas crueles, por turbas incontrolables incluso en escenarios públicos. El respeto por la vida ajena, el debido proceso, la presunción de inocencia, la prohibición de la pena de muerte y la intervención de la autoridad pública,  son factores que ya no cuentan en el ánimo de los cada vez más frecuentes episodios de sangre y luto. En algunos casos se invoca la aplicación de la “justicia comunitaria” y en otros, son los propios medios de comunicación los que morbosamente cubren los acontecimientos. La impunidad es notable y la falta de interés en la persecución del delito contrasta con la diligencia con la que las autoridades imprimen a temas de nítida urgencia política, incluso arbitrando recursos extraordinarios.

         Al margen de que se califique, correspondan o no a prácticas de “justicia comunitaria”, al final, sólo se trata de reacciones de intolerancia desmedida ante la ausencia de instituciones con autoridad formal del Estado, y en su caso, también “originaria”, que pongan límite al abuso, a la creciente inseguridad de los ciudadanos, por su vida, por su patrimonio y para preservar los derechos fundamentales. También es resultado del desprecio que las propias autoridades tienen por la ley y por un sistema judicial independiente,  lo que genera la desconfianza de la población.  

         La implantación del Nuevo Código Procesal Penal fue un hito importante en la reforma de la justicia para transitar del arcaico sistema inquisitivo, escrito, al acusatorio, oral y con jueces ciudadanos. Oportunamente se advirtieron algunas deficiencias sustantivas: la ineficacia de los mecanismos de coordinación institucional para conducir la reforma; la ausencia de política criminal; la falta de actualización normativa del Código Penal y la debilidad estructural del Ministerio y Defensa Públicas. Merece especial atención la falta de servicio judicial, tanto por limitaciones en la distribución de juzgados en el territorio, como por efecto del propio sistema procesal que rechaza en promedio más del 80% de los asuntos que se le presenta. Este “vacío” de servicio jurisdiccional para miles de situaciones de conflicto, es una de las debilidades más grandes de la reforma, pues ésta no prevé salidas para el tratamiento de los asuntos “desestimados”. Estos tampoco logran ingresar al sistema de justicia civil, familiar, laboral o comercial que es excesivamente ritualista, escrito y requiere de patrocinio de abogado. Dos terceras partes de los municipios en el país no cuentan con juzgados y no existe Justicia de Paz, no letrada, que resuelva en equidad y sin necesidad de abogados los conflictos domésticos. Los mecanismos de justicia comunitaria, aquellos ya reconocidos constitucionalmente, no resuelven por si mismos toda esta falencia pues sólo pertenecen a las comunidades originarias rurales que los preservan.

         La falta de acceso a la justicia y de un ejercicio efectivo de la jurisdicción por autoridad legítima es, sin duda, la principal falencia del sistema de justicia boliviano. No menos relevante es la ausencia de una cultura democrática de observancia normativa, de respeto a la ley por  autoridades y ciudadanos. La obsolescencia de la mayor parte de las normas sustantivas y procesales, cuya transformación fue siempre postergada por otras urgencias legislativas y políticas y la creciente demora en el despacho de causas en todas las instancias del sistema, marca el permanente olvido de esta agenda.  Aún no se repara en advertir que la Justicia es un requisito esencial para la transformación pacífica de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión y la pobreza.

         En su tiempo, la Corte Suprema sentó las bases para una política pública de transformación comprensiva del sistema judicial boliviano con el plan “Justicia para Todos”, que enfoca el tema del acceso universal como prioridad.  También  alentó el  establecimiento de Centros Integrados de Justicia para cubrir el servicio en comunidades desatendidas desde hace décadas, cuando el Estado decidió eliminar la justicia parroquial o de Paz, creada con la misma República. Abrió espacios de análisis y coordinación con las experiencias de justicia comunitaria y promovió el establecimiento de la justicia de paz,  aquella que según los profesores  Binder y Obando,  debe entenderse como una fórmula de justicia, también comunitaria,  que no se halla al margen del sistema de justicia formal, y que, por el contrario, “es la base más firme de ese sistema, pero para ello es necesario asumir la idea de distintos tipos de judicatura, integrados en la finalidad común de la pacificación y sostenimiento del imperio de la ley”. El aporte de autocrítica y propuestas de reforma que alentaron la Corte Suprema y los órganos del Poder Judicial en distintas materias fueron relevantes pero en general infructuosos, particularmente en estos dos últimos años de  desmontaje, sometimiento y cooptación de sus órganos.

         Como Presidente de la República, durante el breve período de transición electoral que me toco conducir, procuré contribuir con algunos temas: alenté el tratamiento legislativo y promulgué la Ley No. 3324 de 18 de enero de 2006 que, entre otras cosas, dispone la creación de la jurisdicción de Paz para la resolución de conflictos por la vía de la conciliación y la equidad. Paralelamente impulsé la asignación de incrementos en las partidas presupuestarias para recursos humanos en el Poder Judicial, destinados a la expansión del servicio y en el Ministerio Público para reemplazar la subvención salarial que hasta entonces recibían los Fiscales de Sustancias Controladas de la Embajada Americana. Con el Alcalde de la ciudad de La Paz, apuramos la solución integral para el traslado del Panóptico Nacional de San Pedro a Següencoma, en el propósito de contribuir a la oprobiosa situación de la población penitenciaria. En Bolivia más del 70% de los aproximadamente 7000 recluidos no tienen sentencia definitiva, las condiciones de los distintos centros penitenciarios son deplorables y muchos de ellos conviven con sus hijos, alrededor de 1500 menores. Lamentablemente el Poder Judicial no mantuvo ningún interés en establecer la Justicia de Paz como dispuso la Ley, en contraste, siguió destinando importantes recursos a la construcción de onerosos palacios y sedes de tribunales y juzgados.