Inseguridad rural por Gustavo Penadés

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         Todo el país se consternó al conocer la noticia de los brutales homicidios cometidos en el departamento de Colonia. Si por las características el hecho no es común, la violencia que diariamente se registra en nuestra campaña sí lo es.

         Desde hace años venimos advirtiendo acerca de la necesidad de proteger la vida y el trabajo de la familia rural. Ya no existe aquel mundo pacífico del campo uruguayo, en el que los vecinos dormían tranquilos. El abigeato es lo que más frecuentemente atrae la atención de los medios de comunicación, mas, a poco que se toma contacto con la realidad es posible advertir que el robo de la producción y de los instrumentos de trabajo está a la orden del día. Se roba de todo: desde colmenas a cosechas. Pero no solamente se roba, sino que se ataca a los habitantes del medio rural y se copan establecimientos. Es casi una constante la circulación de personas armadas, que en muchas ocasiones, tras la excusa de ir a cazar, o armar un campamento, esperan el momento propicio para dar el golpe.

         Años atrás, las situaciones que describimos se podían advertir en las áreas más cercanas a los asentamientos urbanos del área metropolitana, pero hoy es la de todo el país. No hay lugar por inaccesible que pueda parecer que se encuentre a salvo de ser objeto de una incursión delictiva.

         Paradojalmente la violencia aumenta cuanto más se percibe la recuperación económica de la agropecuaria. El abigeato, por ejemplo, es un mal endémico, pero si antes el robo de un animal estaba destinado a satisfacer las necesidad de una familia, hoy el abigeato es una industria que tiene la capacidad de introducir los bienes robados en el circuito de comercialización. No se roba un capón, sino que se llegan a robar decenas de animales en una única acción. ¿Dónde terminan?

         La degradación de las condiciones de vida llega a extremos tales que se puede afirmar que en algunas zonas del país se ha retrocedido a las épocas en que los establecimientos rurales importantes eran pequeñas fortalezas prestas a defenderse de las partidas de delincuentes.

         Frente a dicho panorama deben encararse necesariamente dos tipos de acciones. Unas que tiene que ver con la prevención y la represión. Mayor cantidad de efectivos policiales dotados de los medios necesarios en materia de transporte, comunicación, e información.
         Otras se relacionan con la normativa legal y reglamentaria atinente a la circulación de personas, utilización de vías navegables, ingreso de personas a los establecimientos, etcétera.

         Si el reclamo de mayor protección y seguridad es constante, ni el gobierno del Dr. Batlle ni el actual han hecho, más allá de las palabras, nada significativo. Ya es tiempo de que el Poder Ejecutivo cumpla con sus obligaciones y disponga las medidas necesarias para atacar la inseguridad rural. Al tiempo, el Parlamento, dominado por la mayoría frentista, debe aprobar los proyectos de ley referidos a estos asuntos que aguardan desde hace años su aprobación.

         De no proceder como es debido, de seguir estirando y emparchando la situación se seguirán lamentando la pérdida de vidas, la destrucción del esfuerzo de los productores, y atentando contra la familia rural. Y la campaña, antes o después, volverá a ser una tierra hostil en que la ausencia de la acción del Estado determinará la creación de sistemas alternativos de seguridad, como ya, en pequeña escala todavía, se pueden encontrar en distintos lugares del país.