A fojas cero
	por Francisco Gallinal

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            Una vez más las negociaciones referidas a la integración del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral volvieron a fojas cero, y van ya unas cuantas que se frustran por diferentes razones. Con este gobierno y con los anteriores porque, seamos justos, tampoco durante la última administración del Partido Colorado logramos ponernos de acuerdo.

            Esta vez parece muy claro que el gobierno se equivocó en sus apreciaciones y decisiones. Porque en una negociación tan importante como la de la capitalización de la sociedad anónima PLUNA, llevada adelante por un gobierno compuesto por representantes de una única fuerza política, se debe ser extremadamente cuidadoso en las decisiones que se adoptan y en el riesgo de caer en la arbitrariedad.

            En efecto, los antecedentes que pesan sobre la firma que ha ingresado a la sociedad con capitales privados no son los más atractivos, tanto en lo que refiere a su solvencia económica como a su experiencia en la materia. Las condiciones de aportes que le ha solicitado el Estado en la contratación, distan de ser exigentes a tal punto que solamente han de ingresar con 15 millones de dólares de los que a la fecha han puesto solamente seis de acuerdo a lo declarado por su principal referente, Matías Campiani.

            Por otra parte el Estado uruguayo, que teóricamente pretende cerrar una canilla por la que se pierden millones de dólares al año, se ha excedido en los compromisos y termina, en aras del cierre de las negociaciones, convirtiéndose en garante por cientos de millones de dólares sin que esté especificado el límite, el tope hasta el cuál se constituye en garante.

            De allí que el Tribunal de Cuentas haya reclamado un procedimiento abierto para la selección del co contratante, y haya solicitado también una ley que habilite al Estado a constituirse en garantía solidaria para la compra de aviones en cifras absolutamente desmesuradas. Esa es la función del Tribunal de Cuentas, esa es su obligación y merecería el reproche si no hiciera lo que termina de definir en un muy fundamentado dictamen.

            Sin embargo el Ministro Rossi se despachó contra el Tribunal; no solamente le atribuyó intencionalidad política, sino que además anunció que va a prescindir de su veredicto y va a seguir adelante con las negociaciones, a pesar que los términos de la misma cambian cada día. A tal punto que buena parte del informe que el propio Rossi le aportó a la Comisión Permanente en el verano pasado, de las condiciones que pensaban demandarle al nuevo inversor, han quedado para el camino tornándose la situación más gravosa, ¿para quién? SI SEÑOR, ACERTO, para el Estado, desde luego.

            Si a todo lo expuesto sumamos las enormes reservas que nos merece la negociación tanto en términos de oportunidad como de conveniencia,  queda claro que estamos frente a una situación muy delicada que merece de parte del gobierno un tratamiento absolutamente transparente, serio, y hasta compartido con la oposición para dar las garantías del caso.

            Ahora, si así se va expresar el Poder Ejecutivo respecto a todos y cada uno de los actos del Tribunal de Cuentas, toda vez que estos no sean coincidentes con su pensamiento, cada vez que estos observen la legalidad de sus decisiones, para que pretende acordar con la oposición la integración del Tribunal de Cuentas? Para seguir haciendo caso omiso de sus decisiones?

            Es en tales circunstancias en que el Directorio del Partido Nacional resolvió lo que tenía que resolver; suspender las negociaciones hasta tanto el Poder Ejecutivo diga claramente si respeta o no respeta la jerarquía constitucional de uno de los principales organismos de contralor.

            Las negociaciones venían muy bien encaminadas. Una y otra parte pusieron de manifiesto buena disposición a encontrar fórmulas que permitieran llegar a un entendimiento y no estábamos lejos del mismo. Pero este pone en jaque a las negociaciones y a las propias instituciones y, por ende, nos obliga a suspender hasta tanto el gobierno exprese claramente, que consideración le merece la acción del organismo que revisa, mira, observa, estudia, y opina sobre sus cuentas, sobre sus gastos, sobre sus egresos.