La derogación de la Ley de Caducidad

por Daniel Volpi Avedutto

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            Días pasados comenzó la recolección de firmas a los efectos de derogar la Ley de Caducidad y de la pretensión punitiva del Estado contra los delitos de funcionarios militares y policiales en ejercicio de sus funciones, se trata de la Ley 15.848 publicada en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 1986.

            Esta tan nombrada Ley en su artículo 1º establece textualmente: “Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del Orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.

            Ese acuerdo de que habla el citado artículo, entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas es el llamado “Pacto del Club Naval” que tiene como fecha de celebración el 3 de agosto de 1984, fue la fecha de culminación de una negociación. Sin dudas, atendiendo a la lógica de los hechos, la impunidad tan combatida por el Frente Amplio se pactó allí en el Club Naval. Fue un Pacto donde participaron el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica; el Partido Nacional no participó, por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad con la Impunidad, ninguna responsabilidad con ese Pacto celebrado a espaldas del pueblo.

            El máximo líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, se encontraba preso en el cuartel de Trinidad; era ya sabido que en virtud de ese Pacto no lo dejarían ser candidato en las elecciones a realizarse en noviembre, entonces los blancos dijeron “sin Wilson, nada” y decidieron no ser partícipes del Pacto. Además, en el Club Naval quienes pactaron realizan una flagrante violación a la proclama del Obelisco del 27 de noviembre de 1983 que reunió a más de 500 mil uruguayos bajo la consigna “por un Uruguay democrático sin exclusiones”. En el Pacto hubo un excluído y fue el Partido Nacional.

            Sin dudas, el Pacto demostró ser pobre, frágil, débil, con él se buscó una salida democrática renga. Fue un desperdicio a tanta lucha de tantos años para reconquistar las libertades públicas, un desperdicio a tanto entusiasmo marcado en el Obeliscaso apenas unos meses antes. La lógica nos dice que fue un acuerdo mal hecho y por eso hoy los uruguayos seguimos teniendo problemas con la Impunidad nacida en el Club Naval. Me asombra que el Frente Amplio hoy siga reclamando y promoviendo referéndum contra la Ley de Caducidad cuando ese partido tiene responsabilidades por haber sido partícipe del Pacto a través de sus representantes Young y Cardozo; ellos pactaron con los militares y eso no puede quedar en el olvido y estuvieron de acuerdo con el Acto Institucional 19 donde los gobernantes de Facto imponen las condiciones para la retirada y el retorno de la democracia.

            El Frente Amplio con el Pacto, en menos de 3 días dejó enterrado para siempre el esfuerzo de 11 años de resistencia. Todo aquello por lo que la enorme mayoría del país y en particular cada frentista había luchado, se le entregaba a la dictadura militar en aras de una estrategia incomprensible. Ningún frenteamplista salió a las calles a festejar ese Pacto. Era imposible creer que una de las fuerzas políticas más vitales del país, y protagonista activa de los duros 11 años de lucha, aceptara, luego de tanto sacrificio la dádiva militar. Ese día un puñado de dirigentes prefirió el maquiavelismo olvidado que “el pueblo unido jamás será vencido”.

            En 1985, a pocos días de asumir el Presidente Sanguinetti, se aprueba la Ley 15.737, la que fuera publicada con fecha del 22 de marzo de 1985. En su artículo 1º dice textualmente: “Decrétase la aministía de todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partir del 1º de enero de 1962”. Dicha Ley fue promulgada a los efectos de beneficiar a todos aquellos que habían cometido delitos de sedición desde 1962; gracias a esa Ley volvieron al país muchos que se habían ido perseguidos por la dictadura, quienes fueron separados de sus cargos tuvieron la oportunidad de volver, muchos recibieron indemnizaciones por los daños ocasionados por el régimen y otros beneficios que el pueblo uruguayo estuvo de acuerdo en dárselos, ya que nadie se rebeló contra esa Ley.

            En 1986 se aprueba la Ley de Caducidad a los efectos de beneficiar a la otra parte: a los militares y policiales que habían cometido delitos. Esa Ley aparece como una forma de nivelar desigualdades entre las 2 partes enfrentadas en la sociedad uruguaya, de lograr el equilibrio de los platillos de la balanza; si se había perdonado y beneficiado a sediciosos se tenía dar lo mismo a los dictadores que también cometieron delitos y de esa forma se sellaría para siempre la paz para nuestra Nación, viendo los hechos creo que esa fue la filosofía de los promotores de esa Ley; entre ellos estaba Wilson Ferreira, quien además fue redactor de esa Ley, cosa que le costó mucho al caudillo; según sus familiares fue la instancia de su vida política que más le costó, lo que realmente le quitaba el sueño, pero sin dudas que era la forma de lograr la paz entre los uruguayos, otra salida pacífica no existía.

            En 1987 el Frente Amplio, el PIT- CNT, y algunos dirigentes blancos promovieron un referéndum contra la Ley; llegaron a las firmas requeridas y en marzo de 1989 se realizó la votación del referéndum en forma obligatoria, donde el pueblo uruguayo por mayoría decide ratificar la Ley de Caducidad y de esa forma se consolida esa norma.

            Durante estos días esa fuerza política que hoy nos gobierna están procediendo de la misma forma, es un nuevo intento para derogar la Ley. Conversando con un amigo militante del Frente Amplio, él me decía que el fundamento de esta iniciativa es que las generaciones de hoy, que en 1989 no votaban, no tienen porqué pagar lo que hicieron sus conciudadanos en aquella circunstancia. Personalmente no comparto ese razonamiento porque creo que de esa forma se atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país; la Ley de Caducidad fue sancionada y promulgada de acuerdo a la Constitución, de buena fe y sin ningún tipo de fraude; luego se promovió un referéndum y la ciudadanía mediante el voto popular la ratificó y eso debemos respetar. Además con ese razonamiento no estamos progresando, sino todo lo contrario, este país no avanza por atender cosas del pasado; y si seguimos así algún día vamos a promover un referéndum buscando hacer justicia contra quien mató a Aparicio Saravia y luego contra quien fusiló a Leandro Gómez y así seguiremos hacia atrás en el tiempo.