Algunas de las principales consultoras instaladas en Montevideo advirtieron que los nuevos poderes que el proyecto de Presupuesto otorga a la Dirección General Impositiva (DGI) tendrán efectos negativos para las empresas y podrán repercutir en acciones contra el Estado, además de ser, en algunos casos, inconstitucionales.
Luego de la polémica mediática por la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar del proyecto la posibilidad de levantar el secreto profesional, sigue en pie la mayoría del articulado y eso tiene en vilo tanto a profesionales como a consultoras.
En el sector privado se espera que la reglamentación de estas normas decante o gradúe sus aristas más negativas, mientras las consultoras convocan a sus clientes para advertirles sobre los alcances de la iniciativa. Asimismo, en empresas y estudios jurídicos existe preocupación por la actitud que califican de imperativa y avasalladora que están desplegando técnicos e inspectores de la Impositiva.
OPINIONES. La directora de Asesoramiento Legal y Notarial de KMPG, Alicia Seijas, advirtió ayer durante una conferencia que "el fin no justifica los medios" y que las normas tributarias "están sometidas" a las
constitucionales.
Tanto Seijas como sus colegas de CPA Ferrere y PriceWaterhouseCoopers (PWC), advirtieron sobre el peligro implícito en la norma que permite difundir los casos de defraudación por montos mayores a U$S 100 mil o los que "afecten la solidaridad ciudadana".
Para los abogados a cargo del Departamento de PWC, Andrés Blanco y Sebastián Arcía, esta medida debe ser dispuesta por el Poder Judicial y no por la administración tributaria.
El temor compartido por los profesionales es que la alusión a la "solidaridad ciudadana" puede llevar a la "discrecionalidad" a la hora de la difusión de los casos, y que termine generando "juicios contra el Estado".
Existe la posibilidad que la DGI tome la decisión de difundir los nombres luego de negar un recurso presentado por el contribuyente y luego el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le de la razón a este que a su vez iniciaría acciones contra el Estado.
Los expertos también cuestionaron que la DGI pueda suspender los certificados de devolución de impuestos vigentes cuando se hayan decretado medidas cautelares contra un contribuyente. Hasta ahora se podían suspender cuando se confirmaba la existencia de un adeudo tributario.
Según los expertos el inicio de acciones cautelares se da previo a la confirmación del adeudo. Además criticaron que los jueces ordenen la medida a solicitud de la DGI con escaso análisis. "Se otorgan sin un gran análisis", dijo Alberto Varela de CPA, a la vez que Seijas sostuvo que "los jueces no controlan que el crédito fiscal se encuentre en riesgo". En esa línea habló de un Poder Judicial "obsecuente" con el Estado.
Para Arcía, de PWC, la suspensión de los certificados sería "la muerte" de empresas que son proveedoras del Estado o los importadores.
Según Seijas esta prerrogativa que se arroga la DGI restringe la "libertad de consentimiento (del contribuyente) para acordar", lo que "es grave" dado que "pone en juego el principio de libertad".
Tanto Seijas como los abogados de PWC criticaron que se haya incluido la responsabilidad solidaria y objetiva de los directores de sociedades anónimas y los socios de sociedades personales cuando se registre mora en el pago del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio. Además criticaron la forma en que se introdujo este cambio, a la que Seijas calificó como "subrepticia". La analista de KPMG consideró "relevante" la reglamentación que se haga del artículo que permite a la DGI acordar fórmulas de pago con los contribuyentes, para evitar "el margen de discrecionalidad" que puede llevar a tratamiento diferente entre competidores.
Entre los expertos también existe consenso sobre que la facultad de extender de seis a 30 días el plazo máximo de clausura puede llegar a ser excesivo.
"La medida es muy dura", dijo Varela, que abogó por una "debida gradualidad" en la aplicación de las nuevas prerrogativas que se prevén otorgar a la DGI.
Fuente: Diario El País
