El Congreso del FA
	por Francisco Gallinal

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            Nos llena de alarma y preocupación lo ocurrido este fin de semana en ocasión de la celebración del Congreso del Frente Amplio; quizás algún lector desprevenido podría señalarnos: ¡qué nos importa a nosotros el contenido y las decisiones de una fuerza política que no es la nuestra! Y efectivamente, siempre hemos sido muy respetuosos de las internas ajenas en las que nunca hemos ingresado.

            Pero, cuando ese Congreso toma decisiones que van más allá de su fuerza política y se convierten en definiciones de gobierno que nos involucran a todos los uruguayos, entonces sí, derecho tenemos y sobrado a expresar nuestra opinión respecto al tema o a los temas correspondientes. Porque entre otras cosas no son los integrantes del Congreso los elegidos por el pueblo uruguayo para conducir los destinos de país. Mucho menos en estado de asamblea como la que se celebró en estos días, en el que la barra y la tribuna juegan un partido aparte que tergiversa la opinión de los propios asambleístas.

            Basta el análisis de un par de decisiones para darse cuenta de la imprudencia con la que se manejó el Congreso y, por ende, con la que se maneja al país en su conjunto. La primera, sobre política exterior. Se decidió respecto al TLC que: “Uruguay no podrá suscribir ningún acuerdo similar al de Perú o Colombia por ser incompatible con los principios del FA”. Y en cuanto “al TIFA, solicitamos al gobierno que mande a la Mesa Política información actualizada y que las negociaciones estén orientadas por la comisión interinstitucional”.

            Quiere decir que el Congreso del Frente no solamente descartó todo posible TLC sino que además le puso condicionamientos al TIFA, que ya está aprobado y en vigencia. Ya no es entonces el Presidente de la República, electo por la ciudadanía uruguaya, el que en nombre del Poder Ejecutivo y en acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores fija la política del país en materia internacional. Es el Congreso del Frente Amplio el que además, le fija condiciones al gobierno en tanto le marca hasta donde puede ir, y le pide – al Gobierno Nacional – que le envíe a la Mesa Política (del Frente Amplio, por supuesto) información actualizada.

            El mismo Congreso del FA que no se pone de acuerdo ni siquiera para elegir un Presidente, y que recurre a figuras carentes de toda representación para ver si salva la coyuntura de un Congreso que no acordó, que no encontró posicionamientos comunes, y que debió pasar a cuarto intermedio hasta el mes de marzo.

            Y la otra resolución que nos llamó la atención, que también va contra la prédica del gobierno a lo largo de estos casi tres años, es la que refiere a la ley de caducidad. En tanto señala: “que la campaña de recolección de firmas para habilitar una reforma constitucional que anule la ley de caducidad, significa una vez más convocar a la población para resolver un problema de gran magnitud”. No es precisamente certidumbre la que el gobierno genera cuando sus integrantes se expresan de esta manera.

            Entonces con toda lógica uno se termina preguntando; ¿tal desgobierno vive el país que el Congreso de la fuerza política que lo ejerce es la que marca el rumbo? ¿la que decide en nombre de los frenteamplistas, que obviamente son los únicos que integran ese Congreso? ¿que además no han sido electos por la ciudadanía, pero aún así deciden por todos nosotros? ¿tiene este Congreso autoridad para enmendarle la plana al Presidente y al Poder Ejecutivo, y para señalarle el camino a recorrer, a tal punto que le establece que de ahora en adelante tiene que mandarle toda la información?