(des)Incentivo a las inversiones por Gustavo Küpfer

	Contactos Otros artículos de este autor Imprimir Artículo

          Contra la tradición argentina de nombrar a ministros de economía con trayectoria, reconocimiento (incluso, internacional) y cierta personalidad, la Presidente nos ha sorprendido, colocando a quien aún anda con las suelas sin estrenar.

          El nuevo ministro viene de la cantera del actual Jefe de gabinete porteño Rodríguez Larreta. Fue el Grupo Sophia desde donde logró acceder a jugar en primera. Fue asesor del entonces ministro de Producción Bonaerense (Lopetegui) y cuando este fue propuesto para la presidencia del BaPro, el lic. Losteau quedó a cargo del ministerio.

          La impensada situación del rechazo por el Senado de la provincia del propuesto presidente para el banco, atento sus antecedentes financieros (algunos cheques librados sin fondos) y la falta de alternativas de Solá para el cargo, le permitió acceder con menos de 60 días de gestión ejecutiva (en los que no se hizo nada), al segundo banco de la nación.

          Ejerciendo el ya común cambio de montura en la política argentina, se alineo con el Jefe de Gabinete nacional, y la escasa vocación felpudista del entonces ministro Peirano, lo colocó en un sillón que hasta ahora ha demostrado que le queda muy grande.

          Será por esto que considera que nos puede tomar el pelo haciendo anuncios rimbombantes y efectistas. Nosotros sabemos que no servirán de nada. ¿Lo sabrá él?.

Estímulos para las inversiones

          Nadie puede discutir que con altos costos financieros, una parte importante de los proyectos se vuelven inviables, salvo que aparezcan los subsidios o los monopolios. O ambos.

          Pero que nos digan que hoy el impedimento más importante es el nivel de la tasa de interés, es ofensivo.

          El primer elemento que un empresario (especialmente, cuando no es amigo del poder, como ocurre con la mayoría de las PYMES y muchas grandes) evalúa al momento de analizar una inversión, es el nivel previsibilidad institucional y comercial que habrá de aquí en más.

          Esto quiere decir, por un lado que los cambios constantes de las reglas atentan directamente contra la decisión de invertir. Y por otro lado, si se debe analizar la posibilidad de desarrollar una inversión de manera exitosa (que otra cabe analizar) y a partir de allí tener que ver como el estado se nos asocia de manera inconsulta, vía nuevos impuestos, alzas de retenciones, o definiendo precios máximos, proveedores, condiciones de compras o cerrando mercados externos, es casi seguro que allí mismo se cierre la carpeta del proyecto.

          Salvo que se pueda acceder a algún funcionario que permita mitigar estos efectos. Y generalmente, la única forma razonable, es la de anticipar cuanto antes el repago del proyecto. Una vez recuperada la inversión, el resto será “dulce”.

          Esto es lo que se aprobó en el Senado el jueves pasado. Impulsado por el vicepresidente Cobos y por el ministro Losteau, se ha decidido un cupo de $1.200 millones ($1.000 para las grandes empresas, las que tienen amigos) a aplicar como costo fiscal (impuestos no percibidos) de forma de mejorar la rentabilidad de los proyectos, acelerando el recupero.

          Y la autoridad de aplicación, o sea, quien dirá quien merece y quien no el beneficio, será el Ministerio de Economía. Los “amigos” están de parabienes.

Un poco de seriedad

          Veamos algunas formas más transparentes y efectivas de mejorar el entorno para quienes podrían pensar en invertir.

          Alternativa 1. Dado que ya está definido no percibir $1.200 millones de la recaudación fiscal, podríamos eximir durante los primeros 12 meses a todos los nuevos ingresos formales (en blanco) de personal, del pago del aporte patronal correspondiente. Esto haría que a partir del segundo año, se incrementara la recaudación, pero de manera genuina y no cazando en el zoológico. La segunda ventaja es que no habría cupos a distribuir entre empresas amigas, colocando a todos en igualdad de oportunidad. Finalmente, evitaríamos los típicos peajes ante la autoridad de aplicación, bajando los niveles de corrupción estatal y privada.

          Alternativa 2. Igualar otros sistemas de promoción de impuestos, tal como el logrado por las bodegas productoras de vinos espumantes (champagne) en 2005 y prorrogada la pasada semana por la presidente.

          Este sector acordó que realizaría inversiones por montos iguales o superiores a los montos que debería abonar al fisco en concepto de impuestos internos y el 12% por artículo suntuoso. Según los números oficiales, se duplicó el monto que se debía recaudar en nuevas inversiones. Aun cuando tan sólo se hubiera igualado, siempre es mejor un baja en los impuestos a que sea el estado quien reasigne recursos, ya que quien finalmente lo define es un burócrata que jamás ha gestionado siquiera un kiosco.

          Y podríamos encontrarle un lugar al Secretario Moreno, controlando el correcto cumplimiento. Quien no cumpla, deberá pagar el total de los impuestos que originalmente correspondía, actualizados por algún índice de precios de su sector.

          Alternativa 3. Permitir la aceleración de amortizaciones para bienes de capital, sin cupos. Es cierto que el costo fiscal podría ser superior. Pero no es menos cierto, que se logra el mismo efecto que el inversionista desea (adelantar la fecha de recupero de la inversión) con la diferencia, que todos quienes estén dispuestos a invertir pueden acceder, sin tener que pagar a un funcionario por ese acceso. Que no sólo genera la discrecionalidad por parte de este, sino que es un nuevo mayor costo para el inversor.

          Por otro lado, ese mayor costo fiscal debería verse más que compensado, cuando las empresas empiecen a pagar los impuestos a “full price”.

Conclusión

          Seguramente hay muchas otras maneras eficientes de fomentar la inversión. Claro que todas ellas dejan fuera la discrecionalidad de la burocracia estatal, privando a sus responsables de recaudar.

          Quizás por esto, veamos este proyecto ser convertido en ley. Un proyecto no muy distinto que aquel que el hoy no-opositor Lavagna impulsó cuando era ministro, para la realización del gasoducto, más conocida con la ley Techint.