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Año IV - Nº 239
Uruguay, 22 de junio del 2007
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La corrupción, otra prueba del fracaso latinoamericano

por María José Bonacifa
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            No caben dudas de que la pobreza es el gran flagelo que afecta a América Latina, junto con la violencia. Todos fenómenos relacionados entre sí, con un gran problema detrás que en muchos casos es el causante de que las cosas no marchen bien: la corrupción.

            Una gran mayoría de los países de la región están ubicados en puestos que no son precisamente de honor en el ranking de Transparencia Internacional.

            Dicha organización destacó que pobreza y corrupción tienen un alto grado de correlatividad. En el índice 2006, es claro que Chile es el país que mejor se encuentra ubicado en cuanto a transparencia en toda la región.

            El vecino país se encuentra ubicado en el puesto 10 de la clasificación a nivel global y lo acompañan en el ranking de países menos corruptos de la región El Salvador, Colombia y Cuba.

            Los países con un mayor nivel de corrupción percibida son Venezuela y Ecuador, empatados en el puesto 138 global, y una puntuación de 2,3.
En pleno caso Skanska, la Argentina figura en un mal puesto, el 93, y una puntuación de 2,9.

            Brasil, México y Perú están empatados en el puesto 70, con 3,3. Los tres países empeoran su situación respecto al año anterior.

            Casos hubo y hay siempre, y de ellos se nutre el índice ya que se basa en cómo se lleva a cabo el proceso de contratación pública.

            No quiere decir esto que en otros países no haya casos y de hecho los más resonantes en toda la historia han tenido que ver con funcionarios estadounidenses, por ejemplo, como el Watergate.

            Pero se trata de hechos, aunque de gran magnitud, aislados; mientras que en muchos países Latinoamericanos es moneda corriente y quienes quieren invertir y hacer negocios con el estado saben que un porcentaje irá a parar directamente a manos de funcionarios encargados de “aceitar” ciertos resortes para que todo marche como se espera.

            Funcionarios enriquecidos y pueblos pobres es una de las características de los diferentes países Latinoamericanos en donde el poder es una manera que tienen ciertos miembros de la clase política para llenar sus arcas y asegurar el futuro de varias generaciones. En esta cadena, jueces, fiscales, prensa, policías y demás actores de la vida pública forman parte de un círculo en donde la impunidad manda.

            Tal como sostiene Alejandro Tagliavini, de Analítica Venezuela, “La corrupción está directamente relacionada al tamaño del Estado, ya que corrupción implica la arbitrariedad del funcionario que decide quién puede hacer qué, a lo contrario de lo que sucede bajo el libre mercado, donde todas las transacciones se basan en el acuerdo voluntario de las partes. Alrededor del mundo, los más afectados por las arbitrariedades y la corrupción suelen ser los más pobres, quienes no tienen posibilidad de comprar la buena voluntad del burócrata”.

            Agrega que “los índices de libertad económica coinciden inversamente con el tamaño y corrupción de los gobiernos. Transparencia Internacional reconoce “la doble carga de los países menos desarrollados del mundo, la pobreza y la corrupción”. Se trata de un círculo vicioso: el Estado grande y la falta de libertad de las personas impiden el desarrollo, a la vez que engendran mayor corrupción. Por eso es que la mejor manera de combatir la corrupción es reduciendo el tamaño del gobierno. Según Transparencia Internacional, la corrupción es una causa mayor de la pobreza y una barrera para superarla, mostrando que unos 70 países controlados por gobiernos ‘’severamente corruptos’’ son los más pobres y apuntando que el abuso de poder con fines personales es una ‘’droga adictiva’’.

            Haciendo un racconto por el resto de América Latina, (los casos argentinos abundan y son conocidos por los lectores).

            Venezuela, por ejemplo, es un país en donde la corrupción está institucionalizada y el hecho de que la “Revolución Socialista” que pregona Hugo Chávez se haya instalado, nada ha hecho para mejorar los índices de corrupción.

            En días de Carlos Andrés Pérez en el Palacio de Miraflores, (cabe recordar que gobernó entre 1989 y 1994); se dio un hecho que fue revelado por el periodista José Vicente Rangel, actual vicepresidente venezolano.

            En 1992, Rangel denunció que Pérez había utilizado 250 millones de bolívares que eran del presupuesto del Ministerio de Relaciones Interiores para financiar las elecciones en Nicaragua y apoyar al gobierno de la recién electa presidenta, Violeta Chamorro.

            Algo que ahora sucede abiertamente, ya que las intromisiones de Chávez son constantes y públicas. En aquel momento (marzo de 1993), el Fiscal General de la República Ramón Escobar Salom, acusó al Presidente por malversación de fondos.

            En mayo de 1993 se abrió un juicio contra el mandatario. Fue destituido y arrestado en 1994.

            Fueron sucediéndose nuevos juicios hasta que en 2001 fue anunciado el último juicio. Pero por estar éste en República Dominicana, decidió permanecer en el exilio.

            Pero los días de Chávez, que llegó a la Presidencia gracias a su lema en el que prometía el fin de la corrupción, parece uno de los menos transparentes en toda la historia de Venezuela. Pero como muchos sectores antes castigados por la pobreza reciben beneficios del Estado, la transparencia de sus gobernantes parece ser lo de menos para ellos.

            Una nota del Cato Institute publicada a fines del año pasado y firmada por Gustavo Coronel, ex director de Petróleos de Venezuela (1976-79) y representante en Venezuela de Transparencia Internacional (1996-2000) y autor del estudio “Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chávez”, sostiene que “Debido a una combinación de ingresos petroleros récord y mínima transparencia gubernamental, la corrupción hoy en Venezuela es la más alta de su historia. Mediante un nuevo y significativo endeudamiento, Chávez ha obtenido unos 25.000 millones de dólares adicionales para gastar a su antojo. Ello y los ingresos petroleros aportaron al régimen unos 200 mil millones de dólares en los últimos ocho años, pero en el país no hay mucho que mostrar por ese dinero, en materia de obras públicas ni programas sociales efectivos.

            El grueso de tales fondos no ha sido objeto de rendición de cuentas. En gran parte se ha malbaratado o embolsillado por la burocracia y los piratas privados que sirven de cómplices. Chávez ha derrochado dinero en el exterior comprando armamentos y tratando de exportar su revolución militarista y anti-norteamericana, mientras que internamente se ha concentrado en programas sociales populistas, basados en limosnas a los pobres y costosa propaganda política.”

            El autor sigue explicando que “Chávez ha concentrado el gasto interno en tratar de consolidar su poder político. El régimen ha dado inmensas dádivas a través de las llamadas Misiones, programas sociales que ofrecen una ilusión de bonanza, en lugar de respuestas estructurales y de largo plazo, en educación y salud. Chávez ha abusado de los fondos del Banco Central, aceptando contribuciones ilegales para su campaña presidencial, otorgando contratos sin licitación y permitiendo la politización y el deterioro de la empresa petrolera estatal.

            La corrupción involucra a ministros, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, directores del Consejo Nacional Electoral, gobernadores de estados, abogados, militares, banqueros y comerciantes amigos del régimen. Al menos tres presupuestos paralelos existen actualmente, uno formal sujeto al “escrutinio” de una Asamblea Nacional enteramente compuesta por seguidores de Chávez y otros dos controlados directamente por el Poder Ejecutivo. La ausencia de transparencia y rendición de cuentas, la carencia de contrapesos institucionales y la mediocridad del equipo gubernamental han permitido niveles de corrupción sin precedentes.”

            En el Perú, la mítica figura de Vladimiro Montesinos en días de Alberto Fujimori en la Presidencia. Antonio Zapata, de la UNG peruana Justicia Viva sostiene que “Desde muy antiguo, los peruanos somos tolerantes ante una amplia variedad de actos corruptos, por los cuales la autoridad se beneficia de bienes y recursos públicos. Esa costumbre no empezó con Alberto Fujimori sino que tiene hondas raíces en nuestra historia. Esa tolerancia es una forma de la complacencia ante una práctica habitual de los gobernantes, quienes frecuentemente consideran la hacienda pública como dominio personal. La posibilidad de que a uno mismo o a algún pariente o amigo le toque participar de la condición de autoridad provoca esa complacencia, que solamente es una forma del deseo. Los peruanos gozamos de una normalidad muy singular, expresada en la máxima “que robe pero que haga”. Esa expresión acepta como hecho consumado que la autoridad robará, aspirando escasamente a que el hurto no sea total, sino que además se realice alguna obra”.

            Existen muchos ejemplos de maniobras que alentaron la corrupción y sólo por citar una, la figura del congresista Víctor Joy Way quien aprovechó su cargo de ministro en diversas carteras y sus contactos con empresas chinas para vender bienes por valor de US$ 330 millones.

            Casi ninguno de los productos que consiguió para el Estado resultaron útiles. Uno de los más cabales ejemplos tiene que ver con el de la importación de tractores ligeros para terrenos planos, totalmente inadecuados para la geografía peruana. También la compra de medicamentos chinos muy baratos pero al borde del vencimiento perdiendo el Estado miles de millones de dólares pero beneficiando a empresas y enriqueciendo funcionarios.

            Pero el presidente Alejandro Toledo tampoco estuvo exento de acusaciones de corrupción en su entorno. César Almeida, uno de sus hombres de confianza, apareció implicado en unos videos en los que negociaba con un general del Ejército que fue uno de los cajeros de Montesinos, que luego terminó suicidándose mientras cumplía arresto domiciliario.

            Este fue uno de los ejemplos pero hubo tantos otros que se hicieron insostenibles. El malestar, abonado por otros hechos, llegó al punto tal de tener que intervenir la Organización de los Estados Americanos porque consideraron que estaba en riesgo la democracia en el Perú.

            Toledo, al igual que sucede como los presidentes argentinos y de tantos países, está siendo llamado a declarar en forma permanente por las muchas denuncias de corrupción durante su mandato.

            Los familiares no quedan fuera de este círculo y en el caso peruano, la ex primera dama Eliane Karp es investigada por la presunta apropiación de donaciones.

            Paraguay es otro de los puntos calientes en el mapa de la corrupción latinoamericana. Un ensayo de Rafael Filizzola Serra, profesor de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica sostiene que “Los problemas de hoy del país tienen sus causas en el pasado y están muy vinculados al esquema de poder que construyó el general Stroessner para sostener su dictadura. La corrupción estuvo vinculada desde un inicio como parte esencial de ese esquema, la dictadura logró organizarla de tal forma que todos los que sostenían al régimen se beneficiaban con ella y en consecuencia se constituía en un elemento de sustento del sistema por medio de la compra de lealtades. A su vez el sistema sostenía la corrupción”.

            Sigue diciendo que “Con la democracia cambió algo porque al menos desde entonces hubo más información y la prensa ha desempeñado un papel muy importante en la investigación y denuncia de casos. Sin embargo los niveles escandalosos de corrupción se han mantenido y los avances desde el punto de vista institucional no han sido suficientes para combatirla exitosamente y erradicar la impunidad.El problema es que en el fondo los que han gobernado el país a partir del 89 son personas que han sido parte del sistema. Se fue el dictador pero quedaron sus alumnos quienes supieron actualizarse y aprendieron del valor del dinero en campañas electorales. El dinero fácil proveniente de la corrupción ha sido en estos once años de vida democrática un factor determinante para el éxito del partido de gobierno en las sucesivas elecciones, y un elemento que limita en gran medida la igualdad de oportunidades en los procesos electorales”.

            El abogado, en un ensayo dedicado al tema, sostiene que “La corrupción es un problema a escala mundial, afecta a países desarrollados y subdesarrollados. La diferencia en nuestro país es que no consiste en hechos aislados sino que forma parte y sostiene al sistema mismo y por esto se la ampara y protege desde el poder. Vivimos en un país donde la corrupción es generalizada, y este hecho no solo afecta la calidad de vida de la población sino que socava las bases mismas de la convivencia y amenaza la supervivencia de la democracia, por la creciente falta de credibilidad y desconfianza”.

            Panamá es otro de los países afectados por la ola de corrupción. El experto Omar Lynch sostiene que “Cuando se hace referencia a la corrupción administrativa, generalmente se piensa solo en el funcionario público, lo cual constituye un craso error, puesto que generalmente la corrupción se genera desde fuera del aparato administrativo del estado, mediante la acción de personas que desde sus perspectivas personales, reclutan, corrompen y ponen a su servicio a funcionarios públicos, para que sirvan a sus propósitos”.

            Sostiene que “Uno de los aspectos principales y que es el blanco favorito de estos señores, lo constituyen las compras que realiza el estado y para ello se valen de un sinnúmero de actividades, dirigidas fundamentalmente a la obtención de información previa sobre precios oficiales, características de los actos, oportunidad de los mismos, colaboración en la calificación de las propuestas, así como en la recepción de artículos con características inferiores a las solicitadas, e incluso en la participación fraudulenta en los actos públicos, mediante la participación de varias empresas de un solo propietario en los actos”.

            El presidente Martín Torrijos ha hecho del combate a la corrupción una de sus banderas, pero la opinión pública considera que nada se ha hecho al respecto. Según Transparencia Internacional, Panamá tiene tendencia a “no mejorar” en este aspecto.

            El último secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Angel Rodríguez, fue expulsado de su cargo por haber aceptado sobornos de una compañía francesa de telecomunicaciones cuando ocupaba la presidencia de Costa Rica.

            En Brasil, los escándalos de corrupción salpicaron directamente al partido gobernante en el anterior periodo de Luiz Inácio Lula Da Silva, quien tuvo una gran habilidad para manejar el tema y lograr que no lo salpique.

            José Dirceu era su hombre de confianza y el jefe de gabinete y fue acusado de la compra de votos para a aprobar los proyectos del gobierno ya que en el Congreso su partido contaba con tan sólo el 20% de las bancas, además de malversaciones en los fondos de campaña.

            Sin dudas Chile es el mejor alumno en América Latina, aunque está lejos de ser una sociedad impoluta ya que las cuentas del ex dictador Augusto Pinochet dan cuenta de que tanto democracia como regímenes dictatoriales son corrompibles.

            El ex presidente Ricardo Lagos, uno de los mandatarios con más alta imagen en toda la región, fue cuestionado porque su cuñado, Hernán Durán, ganó una licitación pública y que unos 15 cargos de importancia en el gobierno eran ocupados por familiares y amigos. De todos modos, Chile sigue siendo un país con buen desempeño en cuanto a transparencia.

            Al respecto, una nota que le hizo el sitio chileno Kiosco Virtual al experto de FLACSO Chile, Andrés Villar, sostiene que “Chile siempre se encuentra bien posicionado a nivel mundial, ocupando el 20° lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Trasparencia Internacional. Esto significa que es el país menos corrupto de América Latina”.

            Cree que lo importante es “que el Estado o las instituciones políticas sean capaces de reaccionar frente a estos fenómenos, evitando, de alguna manera, que en el futuro aparezcan nuevas acciones de corrupción.

            Además, es necesario establecer sanciones ejemplificadoras, que dejen claro que hay un costo mayor a la ganancia del acto ilícito. Porque si no se aplican penas a quienes infligen en determinados delitos, nunca va a existir un sentido adverso para quienes están realizando o pretendan hacer corrupción”.

            El analista considera que no es sano que exista este clima en una democracia. “Claramente los partidos políticos en su conjunto, tanto de izquierda como de derecha, se ven afectados por este clima y eso no es sano. No es sano para la democracia que los partidos políticos sean cuestionados. Lo fundamental, y una de nuestras fortalezas en comparación con otros países de América Latina, son el grado de institucionalidad y seriedad del sistema político chileno. No es bueno jugar con eso. Las consecuencias de decir y de ir posicionando la idea de que todos los políticos son corruptos, no ayuda a nadie. Eso hay que combatirlo, y la mejor forma, es que tanto izquierda como derecha se unan a través de distintos proyectos para fiscalizar y evitar nuevos focos de corrupción”.

            Sostiene que a los ciudadanos no le interesan estos temas pero “de alguna manera, asocia el tema de que todos los políticos son corruptos y sólo están preocupados de ellos. Y ese es el problema, que la ciudadanía cree que todos son de esa manera.Ese vendría siendo el desafío de toda la clase política, evitar que se generalice la noción de que todos los políticos son unos corruptos, y que se reproduzca la frase utilizada en Argentina ‘es mejor que se vayan todos’.”

            De hecho, por tercer año consecutivo los partidos políticos son percibidos por la ciudadanía, en casi todo el mundo, como las instituciones más afectadas por la corrupción. Así lo indica el Barómetro Global de la Corrupción 2006, difundido por Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI).

            Respecto de la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la lucha contra la corrupción, los datos son los siguientes:

            La población de la mayoría de los países, con un promedio global del 38% la considera como “no efectiva”, mientras que el 16% cree que “no hay lucha contra la corrupción”. Sólo el 5% la considera “muy efectiva”. Por lo que se puede apreciar, se toma como una suerte de “enfermedad endémica”.

            Para el caso argentino, los datos son más negros: sólo 2% menciona que es “muy efectiva”, mientras que el 36 % la considera “no efectiva” y el 24% evalúa que directamente “no hay lucha contra la corrupción”.

            Es muy curioso lo que cuenta el estudio respecto de la impresión que dan los ciudadanos respecto de su propio accionar respecto de la corrupción: Argentina se destaca como el país de América Latina que tiene el nivel más bajo de reconocimiento de pago de sobornos (muy similar a los valores de los países más desarrollados): sólo un 6% reconoce haberlo hecho.

            “Los individuos perciben la corrupción en las diversas instituciones de la vida social y política pero no hay un reconocimiento de la corrupción como un problema propio sino de los otros, generalmente los políticos. También podría interpretarse que la llamada pequeña corrupción no puede detectarse porque se asume como normal. En este sentido, el problema de la corrupción es ubicado en “la clase dirigente”, “los políticos” y no en un mapa de responsabilidades compartidas” aseguró el estudio publicado por Poder Ciudadano.

            Por lo general los males se perciben como aportados por “el otro” y como es costumbre nacional “nadie fue”. Pero una verdadera lucha contra la corrupción debe emprenderse con un gran consenso de todas las partes involucradas para que realmente puedan obtenerse resultados. En la actualidad, existe una sensación de que la corrupción está instalada y nadie está dispuesto a hacer el mínimo sacrificio a fin de combatirla.


La Argentina entre los peores
La Argentina ocupa el puesto 93 en el índice de Transparencia Internacional
El puesto Nº 93 que ocupa la Argentina es compartido con Armenia, Bosnia y Herzegovina, Tanzania, Eritrea y Siria.
Supera sólo a naciones como República Dominicana, Georgia, Mali, Mongolia, Mozambique, Ucrania, Bolivia, Irán, Libia, Macedonia, Malawi, Uganda, Albania, Guatemala y Kazajstán.
Es recomendable ver la película Borat en la que, en forma de parodia, un periodista muestra Kazajstán.
Los mejores alumnos en cuanto a transparencia son, en ese orden: Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Australia,Holanda, Austria, Luxemburgo, Reino Unido. Canadá, Hong Kong. Alemania, Japón, Francia, Irlanda, Bélgica, Chile, Estados Unidos y España.

Fuente: Edición I

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