Justicia y fueros por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

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         El principio según el cual nada ni nadie puede estar por encima de la justicia parece que se fuera a hacer añicos en nuestra atribulada sociedad. En nombre de fueros y alcurnias se pretende asumir una condición de inimputabilidad absoluta como solía ocurrir en las monarquías de viejo cuño con los reyes cuya autoridad era incuestionable. Hay quienes se consideran intocables por la justicia logrando cuestionar una de las bases del derecho moderno.

         Los congresistas involucrados en los asuntos de la parapolítica juegan con el fuero, lo desprecian para tratar de eludir la acción de la  Corte Suprema de Justicia, en cambio aquellos que son señalados por vínculos con la guerrilla y que han sido llamados por el mismo tribunal que investiga a los anteriores, salen a gritar por el mundo que son perseguidos políticos, que aquí no se tolera la oposición, que todo es una patraña del gobierno, que en Colombia no hay garantías para la oposición.

         Sindicalistas y miembros de la Fuerza Pública están amparados por un fuero especial que les proporciona garantías especiales en la investigación y el juzgamiento de algunas conductas irregulares o ilegales. Algunos de ellos amparados en dicho fuero pretenden colocarse por encima de la Ley cuando al ser investigados por una autoridad judicial alegan que se trata de una persecución a la Fuerza Pública o al sindicalismo. Subrayo la palabra algunos porque debemos saludar el acatamiento por parte de oficiales del Ejército frente a las averiguaciones que se adelantan contra ellos por los hechos del Palacio de Justicia en 1985 y la actitud del general Montoya quien ha solicitado que se le investigue por las versiones de colaboración con grupos paramilitares.

         No sucede lo mismo con ciertos columnistas que se quejan de censura o de persecución al oficio cuando son denunciados ante autoridad competente por injuria, calumnia u otras acciones que afectan el derecho constitucional al buen nombre y a la honra. Es como si entendieran que ser periodista implica tener una patente de corso para hacer y deshacer, para insultar y denigrar pretendiendo cubrir sus difamaciones como pensamiento. El caso más patético es el del columnista Alfredo Molano quien en el lío que sostiene con la familia Araújo afirma que lo que está en juego es la libertad de prensa y no que él, como todos los columnistas, están obligados a respetar a las personas y a actuar en concordancia con las leyes. De esta forma se desconoce que cada quien debe responder por sus actos ante la justicia cuando es objeto de una investigación y que ello no representa un atentado al libre ejercicio del periodismo como lo tratan de hacer ver varios de sus colegas en una desafortunada solidaridad de cuerpo que no viene al caso. Curiosamente, y eso es saludable, Carlos Lozano, el director del diario comunista Voz, ha reaccionado con mucha serenidad ante el llamado a indagatoria que le ha cursado la CSJ en razón de su mención en varios correos del computador de alias Raúl Reyes.

         La idea central que quiero enfatizar en estas líneas es que nadie, ni persona ni institución se puede considerar por encima de la Ley y de la Justicia, ni siquiera los mismos jueces. No se puede hablar de personas o instituciones sagradas o intocables a menos que distorsionemos el significado de la Justicia. El fuero especial asignado por ley o por costumbre a determinadas autoridades y personas no se puede llevar al extremo de convertirlas en sujetos al margen del derecho o irresponsables.

         Esto es diferente al debate y a la confrontación que pueda surgir en un proceso jurídico en razón de la correcta o incorrecta observación de los procedimientos, del debido proceso y de las garantías procesales a que están obligadas las personas investidas para aplicar justicia. Es natural que quien es acusado de conducta ilícita tiene el derecho a la defensa y esta no puede hacerse sin confrontar o sin alegar en beneficio propio.

         En síntesis, en esta avalancha de procesos e investigaciones a que se está viendo sometido el país, no se puede perder de vista que todo el que sea requerido individualmente por las autoridades judiciales debe asumir su propia defensa sin apelar a las cortinas de humo, es decir, sin insinuar que lo que hay de por medio es una persecución a tal o cual oficio o institución o sector de la sociedad. Someterse a la justicia y confiar en ella es un principio elemental de orden para cualquier comunidad civilizada. Y esto vale para los propios jueces y tribunales porque ellos también se pueden equivocar o delinquir y por tanto llegar a ser investigados y procesados por sus respectivos jueces. La existencia de tribunales y jueces especiales para investigar y juzgar a ciertos dignatarios debería contribuir a calmar los ánimos.

Colombia, agosto 15 de 2008

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