Casinos municipales Una martingala infalible para perder millones  por Fabián Werner y Pablo Alfano

            Desde 2000 los casinos municipales acumularon un déficit cercano a los 15 millones de dólares. Recientes investigaciones -algunas oficiales y otras oficiosas- revelan que una red de empresas se benefició durante años de millonarias adjudicaciones de venta o arrendamiento de máquinas tragamonedas a la IMM. Las conclusiones, que comprometen a ex jerarcas municipales, dieron lugar a un áspero intercambio de reproches.

            La búsqueda de una explicación al sorprendente déficit de los casinos municipales y la superación de esa insólita situación ha sido uno de los principales desvelos del intendente Ricardo Ehrlich. Con ese objetivo, varias movidas se realizaron desde que, en setiembre de 2005, trascendiera en la Junta Departamental que durante el período anterior los casinos de la IMM habían perdido esa abultada cantidad de dinero. A la denuncia planteada por el Partido Nacional (PN), le sucedió el reclamo de los sindicatos de empleados profesionales (ADEP) y administrativos (AFACM) de los casinos municipales, que insistían en la necesidad de investigar a fondo los motivos de las pérdidas acumuladas, y apuntaban sus baterías al desembarco de los empresarios privados como "socios" de la administración durante la gestión de Juan Carlos Bengoa, dirigente de AU, quien fue director de los casinos municipales durante la gestión del intendente Mariano Arana y actualmente es el titular de la Dirección General de Casinos (DGC), que depende del Ministerio de Economía y Finanzas.

            En los casi dos años que lleva la gestión de Ehrlich, la IMM dispuso dos investigaciones paralelas vinculadas a la gestión de los casinos durante el período anterior. Una es la administrativa, iniciada en setiembre de 2006 luego de las denuncias de ADEP y AFACM en la Junta Departamental. La otra es una auditoría interna a cargo del contador Jorge López, con la asistencia de Fernando Cuñarro. Según las autoridades, el objetivo de esta labor es detectar los errores en la gestión de las salas de juego para lograr un eficiente cambio de modelo que las haga rentables.

            En los últimos días la realización y el destino de estas indagatorias (particularmente la primera) desataron distintas y fuertes polémicas dentro de la izquierda, y el reinicio de la ofensiva de la oposición en la Junta Departamental dentro de la comisión investigadora sobre los casinos que se formó a fines de diciembre último. La sensibilidad de sectores como Asamblea Uruguay (AU) y la Vertiente Artiguista (VA) se vio afectada luego de que el secretario general de la comuna, Herbert Ichusti (MPP), anunciara que era posible que el expediente fuera remitido a la justicia. El lunes 12 la Mesa Ejecutiva de la VA declaró su "voluntad de acompañar todas las investigaciones que despejen cualquier duda y establezcan eventuales responsabilidades". Además, renovó su "firme respaldo" a la pasada gestión de Arana al frente de la IMM y reafirmó su "apoyo" a la actual de Ehrlich. Pero luego de este pronunciamiento, y con el correr de los días, se fueron conociendo reacciones más duras, como la de la presidenta del sector y actual directora municipal, Eleonora Bianchi, quien dijo no entender la actitud de Ichusti y la del edil Gabriel Weiss, quien consideró "poco feliz" el proceder del secretario general y lo tildó de "irresponsable".

            Por su lado, el Consejo Político Nacional de AU también evaluó negativamente el anuncio de Ichusti y manifestó su respaldo "monolítico y absoluto" a los miembros del sector involucrados en la causa. Este apoyo fue manifestado por el líder de AU, el ministro Danilo Astori, quien dijo conservar intacta su confianza "personal, profesional y política" en Bengoa. La diputada Daniela Paysée consideró que la investigación no ofreció las "garantías" necesarias a los involucrados, porque no se convocó a ninguno de ellos para que hiciera sus descargos. Además de estos encuentros "formales", existieron otros menos públicos en los que participaron representantes de AU, Bengoa, Orestes González, Roselli y el propio Astori, donde se evaluó con nerviosismo y malestar la actitud de las autoridades de la IMM, del MPP y de algunos periodistas, dijeron a BRECHA fuentes de la DGC.

            Es que tanto AU como la VA han coincidido extraoficialmente en que esta medida, impulsada desde el MPP, tendría su origen en el grupo que encabeza el dirigente tupamaro Julio Marenales, y que su objetivo sería disimular el impacto del caso del renunciante senador Leonardo Nicolini. También estarían de acuerdo la VA y AU en reclamar una auditoría externa -que se sumaría a las otras dos investigaciones ya realizadas y a la que hizo el Tribunal de Cuentas- para que sea gente ajena a la administración la que analice la gestión de los casinos municipales.

            Estos reproches generaron a su vez la reacción del MPP en defensa de Ehrlich y de la investigación. Mientras el propio intendente explicó a los principales referentes de AU y la VA el alcance de la indagatoria (el domingo 11 el jefe comunal participó de un encuentro con los ministros José Mujica y Mariano Arana, y estaría pendiente otro con Astori), el edil Jorge Meroni adelantó el apoyo de su sector a la decisión del intendente "sea cual sea". Su compañero de bancada Fabián Villamarín dijo por su parte que el objetivo de Ehrlich es "curarse en salud" porque "no se está acusando a nadie". El miércoles 14 Mujica respaldó públicamente la actitud de Ehrlich y dijo que si bien hay que dar todas las garantías, es necesario "investigar bien" lo que pasó.

            En tanto, el prosecretario general de la IMM, Jorge Rodríguez (pdc), dijo que no existe ánimo de "revisionismo" en el gabinete municipal y anunció que cuando el documento esté terminado se notificará a los involucrados, quienes tendrán diez días para hacer sus descargos. Por lo tanto, añadió, difícilmente pueda difundirse antes de marzo, momento en el que Ehrlich ya habrá regresado de su licencia anual. Sin embargo, fuentes políticas confirmaron a BRECHA que el documento ya cuenta con la firma del director de Jurídica de la IMM, Diego Silva, y que en las conclusiones del informe que acompaña el voluminoso expediente se comparte la recomendación de remitirlo a la justicia para su estudio.

            LA RED. ¿Pero qué descubrieron estas investigaciones que preocupa a tanta gente? Según la documentación a la que accedió BRECHA, muchas características de las sociedades anónimas que contrataron en los últimos años con la IMM llaman la atención: existe entre varias de esas empresas coincidencia de direcciones, de números telefónicos, de empleados y hasta de directivos. Pero lo más sorprendente es el vínculo personal y familiar de muchas de ellas con algunos de los responsables directos de la gestión de las salas de juego.

            Durante su desempeño al frente de los casinos municipales, Bengoa tuvo dos asesores: Orestes Luis González Braida, actual director nacional de Loterías y Quinielas, también dependiente del mef; y José Luis Antúnez de Oliveira. En orden ascendente, por arriba de Bengoa en la estructura jerárquica de la IMM se ubicaban Alberto Roselli, actual funcionario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como director del Departamento de Desarrollo Económico y Actividades Productivas; la actual ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, secretaría general, y el intendente Mariano Arana, actual ministro de Vivienda.

            Uno de los principales ejes de la política impuesta por el trío Bengoa-González-Antúnez durante su gestión fue cambiar la forma de proveer de máquinas tragamonedas -también conocidas como slots- a las salas de juego del municipio. Hasta ese momento la modalidad elegida era la compra, a veces incluyendo también el mantenimiento. Pero el criterio cambió y la compra empezó a dejar paso al arrendamiento; fue entonces que aparecieron las empresas que guardaban estrechos vínculos entre sí.

            Por ejemplo, la empresa MACALE SA firmó un contrato con la IMM para arrendarle máquinas tragamonedas sin que existiera una licitación y sin contar con antecedentes de relación con la administración municipal o en el rubro slots. La empresa fue fundada el 3 de diciembre de 2001 y hasta el 25 de enero de 2002 figuraba como su presidenta (luego continuó siendo representante legal) Rosemarie Sosa Delgado, casada con Eduardo Mario Bernis Braida, primo hermano del entonces asesor González Braida. Esta empresa accedió sucesivamente a varios contratos de arrendamiento de slots, pero la comuna rescindió el último el 27 de junio de 2005, a pesar de que el acuerdo había sido firmado el 20 de marzo de 2002 por cinco años y medio (66 meses).

            Desde el 10 de noviembre de 2003 figuró como presidenta de la sociedad anónima Elsa Esther Pereyra Sanjurjo, un ama de casa sin actividad laboral registrada. El domicilio de la empresa es el mismo que el suyo personal, en Camino Carrasco 4680 apartamento 412 Block B, de Malvín Alto. Resulta natural y hasta saludable que la señora registre el mismo domicilio que su esposo, Miguel Darío de los Santos Veras, quien está jubilado. En cambio, resulta llamativo que este hombre sea a su vez presidente de Libretol SA, otra de las empresas que contrata con la IMM, y que tiene su domicilio en la calle José Antonio Cabrera 4044, en una modesta finca del barrio de La Unión.

            Libretol fue fundada el 2 de enero de 2002, y entre esa fecha y el 7 de diciembre de 2003, quien figuraba como presidente era el primo de González Braida. Bernis Braida participó en la fundación de la empresa junto con Erika Mireya Gelber Korondi (quien también figura en MACALE SA) y un familiar suyo, Gustavo Daniel Polak Gelber.

            La lista de empresas que arrendaban slots a la IMM también está integrada por Folway, una sociedad anónima creada el 3 de enero de 2001, cuyo giro principal está en el rubro "comercio por mayor de artículos de ferretería, eléctricos y electrodomésticos para el hogar", y el giro secundario en "reparación de radio, televisores y artículos electrodomésticos". Las dos socias fundadoras de la empresa, que constituyó su domicilio en Gonzalo de Orgaz 528 apartamento 202, fueron Marta Otero Bergonzoni y Judith Viera Garola.

            La misma dirección y las dos fundadoras aparecen también en otra sociedad anónima que nunca tuvo ningún contrato de venta, alquiler o reparación de máquinas con la IMM, y que fue constituida el 31 de octubre de 2001. Su nombre es Timelur SA, gira en el rubro "servicio de asesoramiento en software y programación en computación" y su presidente, desde el 2 de agosto de 2004, es Orestes González Braida, el ex asesor de Bengoa y actual director de Loterías y Quinielas.

            Como empleada de Folway aparece además una hija de Antúnez de Oliveira, el otro ex asesor de Bengoa durante su gestión en los casinos municipales. Y como empleados de Timelur aparecen los tres hijos de González Braida y un hijo de Antúnez de Oliveira. Además, Timelur y Folway comparten el mismo número telefónico y dirección con Famostar SA, otra sociedad anónima que logró un contrato de arrendamiento con la IMM.

            RELACIONES PELIGROSAS. Podría pensarse que esta red de vinculaciones interempresariales, cuyo eje es el ex asesor y actual jerarca de Loterías y Quinielas González Braida, no tenía por qué estar en conocimiento de Bengoa. No obstante, el director municipal tenía una larga historia de relaciones personales y profesionales con su asesor y actual subordinado, que arranca por lo menos en 1993 en la cooperativa de taxímetros Coprata. González Braida trabajó allí desde 1985 hasta 1997, mientras que Bengoa fue contador general de la empresa entre 1993 y 1996. También existe una larga relación entre González Braida y el otro asesor, Antúnez de Oliveira, que integraron la empresa Antra SA entre 1997 y 1999.

            De hecho, la resolución municipal 1871/01 del 29 de mayo de 2001, en la que consta la contratación de González Braida, revela el grado de confianza que en aquel momento depositó el director Bengoa en él, ya que le encomendó su representación personal en todo el "el proceso de cambios y reestructuras que se está llevando adelante en Casinos Municipales".

            En marzo de 2005 González Braida fue designado director nacional de Loterías y Quinielas y desde allí mantiene un vínculo indirecto -al menos en los papeles- con la problemática de los casinos municipales. Entre sus colaboradores más cercanos se encuentra la abogada y escribana Ruth de Vitta, quien fue objeto de tres sumarios por su conducta funcional. Dos de estos procesos se debieron a "errores" en sorteos de loterías (uno de ellos vinculado al hospital Maciel, lo que terminó en perjuicios económicos para el Estado) y otro por su irregular participación en una auditoría de la Banca de Quinielas de Salto (denunciada por el sindicato de Loterías AFAL y por COFE, que finalmente terminó con una suspensión de 180 días por "falta grave"). Además, actualmente se procesa otra investigación por su vinculación con la cotitular de una agencia de quinielas de Montevideo.

            De Vitta tiene como socia en su estudio jurídico a la abogada Susana Vidal y ha sido copatrocinante en varias ocasiones con el primo de ésta, el abogado Eduardo Palouian. Este profesional integra el plantel que la IMM designó para llevar adelante la investigación administrativa ordenada por el intendente Ehrlich luego de las denuncias de AFACM y ADEP sobre la gestión de los casinos municipales cuando uno de sus responsables era González Braida.

            Bengoa también ha mantenido contactos, desde su cargo en la DGC, con actores privados que supieron hacer negocios con la IMM cuando él era uno de sus directores. Esto ocurrió cuando Mario Garbarino, integrante de Carmitel SA -adjudicataria de las obras de remodelación del Hotel Carrasco y de la explotación de su casino hasta que su contrato fue rescindido por la IMM debido a incumplimiento-, intervino en la negociación de otra de sus empresas, Tirley SA, para la explotación de un casino en el complejo turístico del Radisson en Colonia del Sacramento. Tirley se retrasó en la entrega de las obras, según el cronograma previsto en el contrato celebrado el 22 de febrero de 2005, lo cual "ha alterado, en perjuicio del Estado, la ecuación económica prevista en el mismo para fijar el precio del arriendo", dice un pronunciamiento de la DGC. De todos modos, las partes alcanzaron un "acuerdo transaccional" que incluyó dejar de lado el pago de los 500 mil dólares estipulados como garantía de cumplimiento del acuerdo. Luego de que el Poder Ejecutivo disculpara esta inobservancia, las obras siguieron su marcha y la sala fue inaugurada el 11 de diciembre último.

            Un "negocio" similar para el Estado fue concretado por Bengoa con la empresa Rondilcor SA, que tenía un contrato de arrendamiento con el casino estatal instalado en el hotel Horacio Quiroga, de Salto. Al asumir las nuevas autoridades de la DGC estaba en trámite la rescisión del contrato ordenada por el anterior ministro Isaac Alfie, debido a los reiterados incumplimientos de la empresa. Esto permitía que se liquidara la garantía depositada por 409 mil dólares, que se sumaban a otros 300 mil que el Estado debía recuperar luego de que fueran cobrados por Rondilcor tras un error administrativo.
Sin embargo, la DGC llegó a un acuerdo con esta empresa que incluyó las siguientes condiciones: se perdonó el pago de una multa por incumplimiento que ascendía a 1.172.871 dólares (cambiando esto por el pago de 63.212 dólares), se perdonó también el cobro de la garantía y, por si esto fuera poco, el Estado se hizo cargo de la mitad de la inversión que correspondía a Rondilcor.

            Estas condiciones fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo, a pesar del dictamen de la División Jurídica de la DGC, que consideró que existieron "incumplimientos graves" de la empresa y que el acuerdo propuesto por ella y aceptado por la repartición dirigida por Bengoa "contraviene flagrantemente el contrato" y que "ninguna de estas observaciones puede subsanarse por la vía de sostener que el margen de discrecionalidad que surgiría de una negociación para rescindir un contrato ampararía tales omisiones o perjuicios".

Meluca y SABID
Cuando la banca siempre pierde

            La empresa Meluca SA -representada por Enrique Amestoy- tenía un contrato de arrendamiento con la IMM de dos máquinas de carreras de caballos. Los aparatos estaban en la sala del hotel Oceanía, que funcionaba como anexo del Casino Carrasco, hasta que fue cerrada por disposición de la IMM -luego de fuertes discrepancias en el gabinete municipal- a fines de diciembre de 2006 (véase BRECHA, 26-I-07) debido a las pérdidas que arrojaba para la comuna.

            Y no es muy difícil imaginarse el porqué de los números rojos. Una de estas máquinas arrendadas a Meluca era una Royal Ascott, por la cual esta empresa se llevaba el 45 por ciento más iva de las ganancias, lo cual sumaba un total de 55,35 por ciento. El 30 por ciento de sus ganancias se las llevaba el dueño del hotel, el empresario Everli Rodríguez, el 14,25 los funcionarios administrativos, el 4,3 los de fuera de la sala y el 1 por ciento los del hotel. Si se suman los porcentajes, el resultado es 104,9, lo que quiere decir que cada cien pesos que se jugaban en esa máquina, la IMM tenía que repartir 104,9 pesos.

            Ante esta constatación, lo más conveniente para el erario municipal sería que la máquina dejara de funcionar, y la oportunidad sería la aparición de un desperfecto que la hiciera inutilizable. Sin embargo, cuando esto se produjo, la Dirección de Casinos Municipales no sólo decidió que se reparara sino que además ordenó comprar el repuesto necesario por cuenta de la comuna. Así fue que por resolución 828/04 del 1 de marzo de 2004, la IMM dispuso el gasto y pago de 134.895,14 pesos (equivalentes en ese momento a 4.588,27 dólares) a la empresa SABID SA, aunque el repuesto necesario fue proporcionado por la misma Meluca, que es la representante de las máquinas Royal Ascott en Uruguay.

            El vínculo entre la IMM y SABID, que tiene como representante al ex funcionario municipal de casinos Felipe Ruiz, fue uno de los principales puntos críticos del informe del Tribunal de Cuentas que analizó la deficitaria gestión de las salas de juego durante el período Bengoa. Según el estudio -que fue criticado y rebatido por la administración- la comuna pagó por mantenimiento "por mayor cantidad de slots que los existentes en la totalidad". En el año 2000, la diferencia en favor de la empresa fue de 446 máquinas, en 2001 hubo un exceso de facturación por 606 y en 2002 (en los únicos cuatro meses en los que se pudo obtener información) la sobrefacturación alcanzó a 317 máquinas tragamonedas.

Publicado en la Edición Nº 1108 de Brecha