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Año IV - Nº 261
Uruguay,  23 de noviembre del 2007
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Jaime Mario Trobo

El cambio

por Jaime Mario Trobo
 
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            El cambio que prometió la izquierda, se ha puesto de manifiesto en sus propias propuestas. En muchas áreas de la acción de gobierno, lo que aborreció históricamente lo esta llevando a la práctica y pone de manifiesto el descaro con el que procesó su llegada al poder.

            Caen por impulso de la pragmática, algunos viejos mitos que formaron parte de su instrumental dialéctico e ideológico, y sin hesitarse ponen en práctica medidas y decisiones en la línea de las que criticaron con implacable virulencia en el pasado. El caso llega a ejemplos extremos de discursos antagónicos que se han practicado aún entre el inicio del gobierno y la actualidad.

            En el capítulo de la seguridad pública hay un ejemplo paradigmático.

            Mientras el ex ministro Díaz derogaba las a su juicio réprobas medidas de que la Policía disponía para investigar delitos, acusándolas de arbitrarias y contrarias a la constitución expresadas en el conocido decreto 690, la actual ministro Tourné, del mismo gobierno y aún del mismo partido aplaude la sanción de una norma de las mismas características que aquella, que persigue los mismos fines, y habilita los mismos instrumentos.

            La historia de la izquierda está plagada de circunstancias en las que todo lo vinculado con la seguridad fue demonizado. Cada ocasión en la que era debatido lo relativo a este tema, la desconfianza en el cuerpo policial, la sospecha de arbitrariedad en sus acciones, la mezquindad para la concesión de instrumentos legales y logísticos para una gestión eficaz fueron la regla.

            En estas horas se aprueba un compendio de normas que reglan y garantizan el procedimiento policial; si como oposición, fuéramos simétricos a la actitud que tuvo la izquierda cuando no era gobierno, estaríamos levantando prevenciones y sospechas e impidiendo su aprobación. Pero la realidad es otra, en el llano como en el gobierno, tenemos claro lo que es bueno para el país, por ello concedemos que estas normas son un avance importante para la actuación de la Policía Nacional.

            Algunos de sus aspectos, que recorren la delgada frontera entre la seguridad y la libertad, no han sido bien resueltos como es el caso de lo relativo al ingreso a la morada, ó la posible incomunicación de las víctimas, entre otros. La vigencia de los principios constitucionales merecería una resolución más precisa en los textos, pero lamentablemente no ha sido posible.

            Corresponde que el gobierno ahora, arbitre los recursos necesarios para que estas normas sirvan de respaldo a una policía bien paga, profesionalmente competente y con la capacidad operativa suficiente para ejercer su noble tarea de garantía de libertad y seguridad.

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