URUGUAYOS EN ESPAÑA
por Graciela Vera
Periodista independiente

 

Representantes de las asociaciones de uruguayos en España se reunieron el sábado con el director del Departamento 20 de la Cancillería (atención a uruguayos en el exterior), Álvaro Portillo.

Las resoluciones tomadas en esta reunión nos llegaron por parte de la Asociación de Uruguayos en Cataluña y nos complacemos en dar a conocer textualmente las mismas.

Informe Uruguay pretende ser un medio para acercar las decisiones y hacer conocer los trabajos y esfuerzos de las Casas y Asociaciones de uruguayos en el extranjero.

De la reunión con el embajador Portillo surgió la propuesta de un trabajo conjunto en el que se integren la experiencia 'in situ' de los uruguayos que han vivido éste y otros procesos anteriores en España y el gobierno de nuestro país en su intención de defensa de sus conciudadanos en el exterior.

Muchas veces se ha pretendido establecer cifras sobre el número de uruguayos que están viviendo fuera de las fronteras de su país. Es posible que nunca se llegue a conocer el número exacto pero somos conscientes de que el porcentaje es tan elevado que si todos regresáramos al unísono al Uruguay, de un país casi vacío nos encontraríamos con que estaríamos dando vida a otro superpoblado.

Tan sólo en España se calcula que viven 48.379, exactamente el 496 por ciento más que hace apenas cuatro años. (Instituto Nacional de Estadísticas de España tomando como base de datos los registros de empadronamiento)

Podríamos también preguntarnos cuántos no figuran por razones que resultan obvias, en las listas oficiales.

El trece por ciento de la población de Uruguay está pensando en emigrar a pesar de que cada día las trabas impuestas por los países actualmente receptores se hacen más difíciles de sortear.

No somos los uruguayos los únicos perjudicados con las leyes restrictivas en materia inmigratoria que imponen los países ricos. La Comunidad Europea y los Estados Unidos de América no quieren más inmigrantes que los necesarios para realizar trabajos específicos que sus habitantes, por el nivel económico que han alcanzado, rechazan reiteradamente aún cuando figuren inscriptos en las listas de paro.
Pero somos rechazados y en el fondo de la cuestión eso es lo que afecta los intereses individuales y colectivos.

Y entonces, después de muchos años de silencio -porque nada nos llevaba a la confrontación- los uruguayos impugnamos el trato que España nos da como inmigrantes.

Consideramos que existe un Tratado firmado por ambos países que establece que los ciudadanos de uno y otro país 'podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades,&&&. todo con arreglo a las leyes del país, en los mismos términos que bajo iguales condiciones y adeudos que usan o usasen los de la Nación más favorecida'.

El gobierno de España niega la vigencia del Tratado; Uruguay defiende su validez.

El Ejecutivo español argumenta que el Tratado de Amistad de 1870 ha sido superado por leyes posteriores y que la legislación europea le impide aceptarlo.

Sin embargo la legislación de la Unión Europea respeta los Tratados binacionales firmados con anterioridad por sus países miembros con terceras naciones.

España nunca ha denunciado el Tratado y, por otra parte un Tratado Internacional tiene un rango superior a cualquier ley interna del país y en este caso específico la justicia española se ha pronunciado reiteradamente validando la vigencia del mismo.

Mientras responsables gubernamentales de ambos países realizan viajes en cuyo transcurso mantienen conversaciones con autoridades locales, los ciudadanos uruguayos en el territorio peninsular deben atravesar por situaciones vejatorias.

Llegados a este punto nos encontramos con que los gobiernos de España y Uruguay decidieron esta semana la creación de un grupo de estudio para analizar y debatir el tema.

Recordamos que algo similar se anunció hace poco más de un año con otros representantes y que la supuesta comisión bi nacional no avanzó ni siquiera para subir el primer peldaño de la escalera.

En los últimos días la noticia, realzando las buenas relaciones entre los gobiernos de los dos países han arreciado como si se quisiera volver a cauce las aguas de un río todavía demasiado revuelto.

Posiblemente el primer problema a sortear por quienes integren este grupo de estudios -si realmente comienza algún día a trabajar con ánimo constructivo- sea llegar a concordar en el número de uruguayos residentes en España.

Las cifras difieren en muchos cientos de personas. Mientras la Embajada española en Montevideo sostenía que residen legalmente en España 14.000 uruguayos y otros 10.650 presentaron documentación para su regularización de las que 5.000 ya han sido aceptadas y apenas un 0,3% está sujeta a expulsión.

Por su parte el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay aseguró que no existe un censo exacto de los uruguayos en España pero que la Cancillería maneja cifras superiores a las ofrecidas por la Embajada.

Tampoco existe aún fecha para la coordinación del Grupo de Trabajo.

¿Qué pasará en tanto con los uruguayos sin documentación. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España, Jesús Caldera acaba de reiterar que no habrá excepciones a la norma, refiriéndose a la aplicación de la Ley de Extranjería que determina que todos los extranjeros indocumentados sean expulsados.

A los inmigrantes que no pudieron acogerse a la regularización sólo tienen la opción de lograr la residencia presentando casos fundados que determinen el arraigo social o laborar, la existencia de circunstancias extraordinarias o humanitarias& en este último caso España no se ha mostrado precisamente solícita a decir si.

Almería, el sur del norte, Junio 23 2005