Delito político y altruismo en el conflicto colombiano
	por Darío Acevedo Carmona (1)

	Email del Autor Imprimir Artículo

            Siempre he pensado que el conflicto armado colombiano, (llamarlo así es una necesidad semántica que no agota ni resuelve las dudas sobre su naturaleza) es rebelde a dejarse encajar en el marco de las teorías de la guerra y en los linderos de la juridicidad internacional clásica. Ni el mundo político ni el académico ni el intelectual han podido forjar un consenso conceptual al respecto. Más aún, el debate ha servido más para crear fronteras y lagunas y agudizar la lucha ideológica que para allanar acuerdos que permitan avanzar hacia una solución pacífica definitiva de nuestra situación de violencia.

            Si comparásemos la situación colombiana con otras experiencias violentas recientes en el mundo, con dificultad encontraremos similitudes importantes. Y no porque seamos raros, o porque estemos afectados por algún virus que sólo se reproduce entre nosotros haciéndonos propensos a la violencia. En el conflicto de la ex Yugoeslavia, la violencia se convirtió de hecho en una guerra civil en la que las gentes, masivamente, se enfrentaron por diferencias religiosas, étnicas y hasta geográficas. El resultado fue el despedazamiento de una confederación forzada artificialmente por un dictador (Tito) cuya muerte abrió las compuertas represadas de las ansias de libertad e independencia de muchos de los pueblos que la conformaron sin quererlo. En la guerra de Rwanda lo que se desencadenó fue una guerra civil entre dos etnias tribales, los Hutus y los Tutsis que produjo una auténtica catástrofe humanitaria y un debilitamiento tan profundo del estado en su función mediadora que hizo necesaria la intervención de las Naciones Unidas y el establecimiento de un tribunal de justicia internacional para el juzgamiento de los criminales de guerra. En el conflicto de Sierra Leona, como en la guerra civil de Angola, es posible identificar elementos de alguna manera parecidos a los nuestros, como es el caso de la lucha por el control de las minas de diamante que influyeron decisivamente en el desvirtuamiento de los objetivos de los luchadores, pretendidamente altruistas, hacia la lucha armada por el control mafioso de ingentes recursos económicos. En Sudán la violencia tiene que ver con motivaciones étnicas, tribales, religiosas y separatistas. En ningún caso es la lucha entre izquierda y derecha en los términos en que se vivió durante la guerra fría. En África, por supuesto, hay que considerar como un factor cultural importante el aún germinal proceso de construcción de estados nacionales que se corresponde con procesos de descolonización que a su vez conllevan a intensas luchas fraticidas y redefinición de alianzas y hegemonías.

            En otros países y en otros lugares, en distintas épocas, las guerras civiles se dieron como parte del esfuerzo de grupos importantes de la sociedad para abatir un dictador o una dictadura oprobiosa, caso de Cuba y Nicaragua. También tenemos juegos de guerra o conflictos armados internos ligados o determinados muy directamente por el interés de las grandes potencias, es el caso de Corea y de los países de Indochina en los años sesenta. Allí el discurso de la lucha por la independencia y de la lucha de clases sirvió de justificación al levantamiento armado y a los intereses de las potencias dominantes de la guerra fría.

            Lo singular de la experiencia colombiana es que no encaja en ninguno de tales esquemas o condicionamientos. No creo que la teoría de los conflictos sea innecesaria o esté de sobra para tratar de alcanzar un nivel aceptable de comprensión de la misma. Pero, me parece también insuficiente e injustificable esperar a que las herramientas de la teoría nos aclaren todas las dudas para poder diseñar una política que le ponga fin a la violencia. Si el conflicto armado en Colombia no tiene un sello de confrontación de clases, es decir, si los grupos armados ilegales no representan a ninguna clase social o franja considerable de la población, si el enfrentamiento no es entre seguidores de distintas religiones, si tampoco detectamos rasgos étnicos, si no obedece a afanes separatistas, entonces ¿cuál es la motivación del mismo y cuál la esencia del discurso que le da justificación a tal violencia? Si no hay una respuesta convincente a estos interrogantes, quedaría la idea de que se trata de un levantamiento contra una dictadura, por la democracia y por la justicia social, pero, aquí no funciona ninguna de las dos proposiciones, es decir, no vivimos bajo una dictadura y por tanto la bandera de la libertad contra la opresión política carece de sentido (de ahí que el conflicto carezca de apoyos sólidos entre la población) lo mismo que no es creíble el objetivo de la justicia social ya que ésta puede ser tramitada a través de la lucha política legal, como en efecto se viene dando desde los años 80. En síntesis, después de 40 años de esfuerzos por ganar el apoyo de la ciudadanía para el proyecto revolucionario, el balance para quienes se embarcaron en la lucha armada con una perspectiva pretendidamente altruista es desolador: prácticas terroristas, pillaje, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, desprestigio, aislamiento nacional e internacional y nexos con el narcotráfico. Quiero reiterar algo que afirmé en otro escrito, que la violencia ha jugado un papel reaccionario en Colombia.

            Si la teoría clásica de los conflictos armados internos se enriquece con el estudio de las situaciones de guerra civil, en nuestro caso se revienta. No basta con que existan grupos armados con una estructura directriz que actúan con base en un plan para la toma del poder, con que tengan cierto dominio territorial (cada vez más ínfimo, la selva profunda y la alta montaña) con que ejerzan algún tipo de autoridad sobre poblaciones (hoy el ejercicio de poder de tales grupos es de carácter delincuencial: secuestro, extorsión y asesinatos), tampoco han logrado involucrar al grueso de la población en la contienda. Si por las anteriores consideraciones se definiera la existencia de una guerra civil tendríamos que España vive en guerra civil por la existencia de la banda ETA o que en Méjico se da lo mismo por la del EZLN, una guerrilla que ni siquiera combate.

            Habría que pensar, entonces, qué es lo que define y hace peculiar el conflicto colombiano con respecto a las recientes experiencias internacionales y a la teoría de la guerra civil. Pienso que la característica que hace distinguible el conflicto colombiano y que a su vez tiene la propiedad de hacerlo inubicable en los linderos de la teoría de conflictos internos clásicos, es la profunda imbricación entre tradiciones guerrilleras, estructuras mafiosas, narcotráfico y paramilitarismo que se funden y se pelean entre sí para obtener los pingües recursos del narcotráfico. La influencia y presencia determinante del narcotráfico en el conflicto armado colombiano da al traste con cualquier clasificación ortodoxa del mismo. A unos y otros, independientemente de su origen, revolucionario o de resistencia, los corrompe y les desdibuja sus objetivos y naturaleza altruista.

            ¿Por qué entonces se justifica reconocerles un trato político? Nuevamente, ni la teoría política ni las normas jurídicas preexistentes nos proporcionan las herramientas para entender tal decisión. Ni la legislación colombiana ni la internacional definen con claridad la noción de delito político. Hay que aclarar que el trato político no se otorga porque ello se derive automáticamente de una situación de guerra civil. Y el hecho de que no exista guerra civil no cancela el carácter político de la confrontación en la medida en que el estado es cuestionado o defendido por medios de fuerza, a través de la violencia. Un caso que nos puede ayudar a entender este asunto por la vía de la comparación negativa es el de la violencia colombiana de los años 40 y 50. En esa época, liberales y conservadores a lo largo y ancho de la geografía nacional se enfrentaron a muerte de tal manera que por las proporciones, cobertura geográfica y muerte y daños derivados del enfrentamiento, se puede reconocer allí la existencia de una guerra civil aunque no hubo ejércitos propiamente dichos, ni estructuras de mando ni control territorial extenso. Con esto quiero enfatizar en las limitaciones de la teoría de conflictos para establecer las condiciones marco de una guerra civil en el caso nuestro. Hoy, aunque tenemos poderosas estructuras guerreras irregulares, la población se encuentra marginada en lo sustancial de los intereses de unos ejércitos que actúan más bien en función de intereses particulares y cuyas motivaciones e ideas son cada vez más anacrónicas y desprestigiadas.

            El trato político se justifica pues, no porque estemos en presencia de una guerra civil sino porque el poderío financiero y militar de estos grupos, su capacidad de producir daño apelando no a los métodos de una guerra regular sino a actitudes vandálicas y criminales y por el debilitamiento sufrido por el estado colombiano para enfrentar el problema, hace necesario, por la vía de la necesidad práctica y no por la del derecho o de la filosofía política, otorgarlo en función del interés político supremo de consolidar la paz y de rehacer el estado de derecho como garante de la seguridad universal de todos los habitantes del país.

            El problema radica en establecer hasta qué punto estamos dispuesto a sacrificar la paz en aras de una idea de justicia perfecta y de una creencia que no tiene justificación en las constituciones democráticas, a saber: la presunción altruista que se atribuye al delito político en general, sin tener en cuenta la calidad de los contendientes y las características de sus acciones. Tal creencia, aplicada sin más y con todo el puritanismo del caso, a la manera como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia y como lo piensan otros constitucionalistas y dirigentes de la oposición en el país, nos llevaría a conclusiones tan absurdas como decir que hay crímenes de lesa humanidad de carácter altruista, los de las guerrillas, y crímenes de lesa humanidad no altruistas, los de los paramilitares. Como esa proposición es un absurdo en sus términos, no queda más remedio que proceder con criterio político legítimo, el de que la búsqueda de la paz justifica cierto sacrificio de la justicia en la consideración penal de las conductas del grueso de las tropas de paramilitares y guerrilleros, más no así en lo atinente a los responsables de crímenes de lesa humanidad. (Sugiero al lector estudiar los textos de dos buenos especialistas en el tema de la justicia alternativa y del delito político, Iván Orozco Abad y Eduardo Posada Carbó).

            ¿Por qué razón? Porque el mundo ha cambiado dramáticamente los términos de los conflictos internacionales y nacionales después del fin de la guerra fría y sobre todo luego de los ataques del 11-S contra EE. UU. los cuales llevaron a considerar como el principal enemigo de la paz mundial al terrorismo de todos los pelambres. Algunos analistas piensan que al calificar como terroristas a las guerrillas colombianas se estaría cerrando la puerta a una futura negociación política, lo cual es absolutamente falso. En el mundo hay experiencias de negociación con terroristas, Israel es un buen ejemplo, los socialistas chilenos son otro buen caso, la intervención de la ONU en países africanos también lo es, y ello es así porque negociar o no con estos grupos está en la órbita de la contingencia y de las necesidades y no en la del Derecho. El reconocimiento de una motivación política en grupos terroristas o en grupos armados que privilegian los crímenes de guerra no se traduce en el reconocimiento de una motivación altruista sino que parte de la necesidad del estado o la sociedad afectada por tales grupos de llegar a esa opción sólo en los casos en que de manera negociada se obtenga a cambio un resultado verificable que vaya en la dirección del restablecimiento de la paz, o sea, no se justifica para simplemente aminorar el daño sino en cuanto sirva para acabar con la violencia y restablecer la legitimidad y la fortaleza del estado.

Las representaciones fallidas:

            Las experiencias cubana y nicaragüense en las que se alcanzó el triunfo de los postulados revolucionarios y nacionalistas en contra de dictaduras dan para pensar que en tales países la intención de los revolucionarios de convertirse en representantes del pueblo fue exitosa. Esto quiere decir que en política no basta proclamarse sino que es necesario convertir la proclama en realidad y ello se logra cuando los objetivos perseguidos por dichos movimientos devienen en fuerza y en movilización de las gentes en grado importante. En una situación de tal naturaleza vale decir que el deseo se ha hecho realidad y que el movimiento gana legitimidad al obtener apoyo de la población. Cosa muy diferente es lo que hemos tenido en Colombia respecto de los grupos guerrilleros a quienes un buen sector de académicos e intelectuales y de dirigentes de la oposición de izquierda democrática les ha extendido sin mayor esfuerzo la calificación de luchadores altruistas. Según ellos, la guerrilla se diferencia de los paramilitares en cuanto busca ideales altruistas mientras que los otros defienden el estatu quo, así, los primeros son delincuentes políticos y los segundos meros criminales y por ello, el tratamiento de ley para unos y otros tendría que ser diferente, para los primeros vale la amnistía y el indulto y la posibilidad de que se negocie con ellos la agenda del país, sin importar la posición claramente beligerante de las guerrillas ni su saboteo a las cuatro ocasiones en que el estado se avino a negociar con ellas y sin importar los cambios en sus comportamientos después de varias décadas de insistencia en las armas. Es como si el altruismo fuera perenne e inmodificable no obstante la primacía de las acciones de tipo terrorista por ellos implementadas.

            Una segunda apreciación sobre el conflicto colombiano es la que pretende encerrarse en la frase “es un conflicto social y armado” con lo que se quiere indicar que la vía de las armas tiene una excusa sociológica –la injusticia- convertida a su vez en presupuesto ideológico. Según ella, la lucha armada nace de las condiciones de miseria y desigualdad reinantes. Ya sabemos cuántas experiencias fallidas ocurrieron en nuestro subcontinente cuando se trató de poner en práctica este dogma –el principal ejemplo de su fracaso es el Ché Guevara en Bolivia-. De este postulado se derivan numerosas consecuencias que  no sólo enredan cualquier salida al conflicto armado que vive el estado con los grupos armados irregulares que amenazan la democracia –y aquí estoy ya dando mi opción interpretativa- sino que conducen a salidas falsas o mejor a sin salidas como cuando se afirma que no podrá haber paz sin justicia social. De paso se le otorga gratuita y fácilmente a las guerrillas, sin que se nos explique el por qué, el estatus de representante de los anhelos populares a la vez que se deslegitima o subvalora el camino de las reformas. Desde esta posición se defiende la idea de que el “conflicto social y armado” debe tener una solución política negociada y se descarga en el estado la responsabilidad principal en que ello no se dé. De este modo se desconoce el esfuerzo realizado por el estado en al menos cuatro oportunidades que intentó negociar con las guerrillas colombianas. De otra parte, quienes defienden este posición se indignan cuando el estado les trata de dar un tratamiento político al grueso de los paramilitares desmovilizados de donde se infiere que el conflicto es entre un estado ilegítimo que apela a la guerra sucia contra una guerrilla altruista.

            Una tercera visión es la defendida por el gobierno actual que cataloga el conflicto como una amenaza terrorista contra la democracia, niega el carácter político del mismo o de sus actores ilegales y maneja esto último como una herramienta de premio para aplicarlo sólo en los casos en que tales grupos se avengan a una negociación con desmovilización de sus estructuras. Lo que aparece como cosa curiosa es que ante el dictamen de la Corte Suprema que establece la improcedencia de otorgar estatus político a los paramilitares, todo queda en un laberinto de contradicciones pues el gobierno tiene que buscar salidas poco ortodoxas a la luz de la jurisprudencia vigente para salvar el proceso, que sólo se puede salvar reconociendo su carácter político, no necesariamente altruista, a los miembros de grupos irregulares que acepten la desmovilización y que no estén incursos en crímenes de lesa humanidad, caso en el cual cabe aplicar la justicia alternativa.

            Así las cosas, tenemos pues que Colombia enfrenta una situación peculiar que se puede traducir en una sin salida. Si no hay reconocimiento político sin discriminación para los actores armados, lo que no implica reconocimiento de beligerancia,  sólo queda el camino de la derrota militar de los mismos, camino que es rechazado por aquellos que hablan del “conflicto social y armado”, camino que es tildado de guerrerismo de estado. El estado quedaría desarmado y a merced de quienes hacen de las armas la ruta del triunfo “revolucionario”. Y si hay reconocimiento político entonces el estado y el gobierno son juzgados como cómplices de los irregulares. En esencia, lo que se aprecia en boca de los defensores de la tesis del conflicto social y armado –en todas sus variables- y de proceder a reconocer el carácter político tan sólo a las guerrillas, es la pretensión de atribuir al paramilitarismo una naturaleza estatal y vender la idea de que en Colombia se vivió una guerra sucia entre un estado ilegítimo y represor contra unas guerrillas justicieras. Por eso habría que perdonar e indultar y hasta negociar con las guerrillas y someter y darles castigo ejemplar a los paramilitares. Una visión bien simplista que no va a ser aceptada por quienes resulten considerados como los malos del paseo.

            Concluyo: pienso que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, aunque sea en derecho, nace de una tradición del derecho internacional que hoy por hoy es obsoleta e inaplicable en las democracias que enfrentan situaciones de riesgo frente al accionar de grupos violentos ilegales. Se trata de una tradición que atribuye carácter altruista a quienes se levantan en armas contra el estado defendiendo causas justicieras y libertarias. Cabría preguntar ¿hay en las acciones de las guerrillas colombianas altruismo, es altruista matar diputados y concejales, secuestrar civiles? O ¿hay diferencia entre matar con motosierra a campesinos inermes (como lo practicaron algunos grupos de autodefensa) y matarlos decapitándolos con rula o despedazándolos con minas antipersonal (como lo han hecho grupos guerrilleros)? La cuestión a discutir es entonces sobre la necesidad de eliminar la consideración de altruista como condición inherente a cualquier tipo de acción político-militar contra el estado por más ideología revolucionaria que se esgrima. La cuestión consiste en pensar que la dinámica política inherente, incluso a los grupos terroristas, no da para concluir que estos se inspiran en ideales altruistas. Al Qaeda procede con espíritu político, Eta hace política, Sendero Luminoso hacía política, pero ellos no representan ideales de humanidad ni proyectos humanitarios ni justicieros ni libertarios.

            Pienso que la resolución del conflicto colombiano no puede depender de la claridad y del consenso teórico entre académicos, intelectuales e investigadores en razón de que su carácter altamente irregular le da una condición bastante singular. La política no puede esperar la constatación de un esquema explicativo, la política no puede sentarse a esperar el fallo jurídico perfecto o el dictamen de laboratorio de los teóricos del conflicto, para proceder con iniciativas de paz,  de ser así, todavía estarían matándose liberales y conservadores como lo hicieron a mediados del siglo pasado.

            Considero que por vivir una situación completamente irregular en el contexto de los conflictos internos, en Colombia las leyes judiciales ordinarias no pueden obstruir los procesos de paz enredando el otorgamiento de beneficios para aquellos grupos que decidan acogerse a la institucionalidad. La ley tiene que estar supeditada a la política, en otras palabras, las cortes deben entender que se trata de un asunto de política y no necesariamente de impunidad y que el objetivo de la paz, que es un objetivo supremo sentido por toda la nación, debe ponerse por encima de consideraciones de justicia que ni siquiera se han aplicado en situaciones más sangrientas en el mundo o en negociaciones anteriores en el país.

Medellín, agosto de 2007

(1) - Darío Acevedo Carmona - Historiador y Magister en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Historia de la Universidad de Huelva (España), Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia, vinculado desde 1987. Columnista del periódico El Mundo de Medellín.