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Importante denuncia del Partido Nacional sobre las municiones enviadas desde Venezuela
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| por Javier García |
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Exposición realidada en la Comisión Pre Investigadora
Articulación de Denuncias
El día 9 de julio del presente año con la firma del Presidente de la República y los ministros de Defensa, Interior y el de Relaciones Exteriores se envía a la Asamblea General un proyecto de ley con su exposición de motivos, solicitando la autorización para que un buque de la Armada Nacional, el ROU 04 “General Artigas”, saliera del país para cumplir con el relevo de parte del contingente que integra la MINUSTAH y también participara en una maniobra combinada con otras armadas. En el correspondiente mensaje que acompaña el proyecto, el Poder Ejecutivo informa que “Lo extenso de la navegación, que cubre un período aproximado de 54 días, hace conveniente que el ROU 04 “General Artigas” realice una escala técnica. En tal sentido y aprovechando la oportunidad para traer carga para el Ejército Nacional, dicha escala se realizaría en la República Bolivariana de Venezuela, al regreso hacia Montevideo”. (1)
Posteriormente el Poder Ejecutivo remite un mensaje que lleva el número 38/07, con las firmas de los mismos ministros, donde en este caso, se solicita la salida del mismo buque pero sólo para participar del relevo de tropas en la MINUSTAH, con una escala al retorno, al igual que en el mensaje anterior, en la República Bolivariana de Venezuela. En la exposición de motivos luce, al explicar la escala en Venezuela, la siguiente misión:”En tal sentido y aprovechando la oportunidad para traer carga para el Ejército Nacional, dicha escala se realizaría en la república Bolivariana de Venezuela, al regreso hacia Montevideo”.(2)
Cómo se ve en dos oportunidades se establece la misma misión por parte del Poder Ejecutivo.
Nos consta, por declaraciones que se anexan (3) que la orden de levantar esa “carga” fue expresamente dada por el Ministerio de Defensa Nacional a la Armada.
La generalidad de la misión, que no especificaba qué tipo de “carga” se iba a traer en el buque, nos llevó a preguntar a la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, sobre su contenido.
Ello ocurrió el pasado martes 31 de julio, en la Comisión de Defensa Nacional de la CCRR, donde concurriera la jerarca para explicar la participación de la Armada en la maniobra denominada “Panamax”.
Consultada sobre cual era el material que se iba a traer para el Ejército, la ministra respondió: “ Entiendo que la pregunta del Sr. Diputado García hace referencia a una pequeña confusión que hemos tenido estos días porque una empresa de armamentos venezolana, Fabricaciones Militares SA, había solicitado la posibilidad de enviar 15.000 municiones para el Ejército Nacional. La dimensión y las características del envío eran compatibles con la capacidad del buque, pero cuando consultamos al Ejército porque no teníamos noticia al respecto se nos contestó que no habían encargado nada. Por lo tanto, dijimos que no se trajera ese envío. De todos modos es una cuestión que llama un poquito la atención-tal como le sucedió al Sr.Diputado- y por eso hemos pedido al Sr.Embajador mayor información para ver cómo se originó y qué trasfondo tiene este suceso que no ha tenido ninguna consecuencia pero merece ser aclarado debidamente.(4) Pg. 6-7 VT Com.de Defensa de la CCRR 31/07.
La Sra.Ministra calificó este episodio, reiteradamente, de “confusión” (VT Com.de Def.Nal), y anuncia una investigación que posteriormente relativiza y expresa que le interesa “ser transparente” en el episodio. Sin embargo el Sr. Subsecretario, Dr. Bayardi, en la misma comparecencia entra en contradicción con su jerarca al señalar textualmente en la Comisión de Defensa: “Aclaro que no estamos investigando porque acá no hay ningún secerto” (4).Pg.7 VT C.Def.Nal. 31/07.
Es notorio que la investigación, si se realizó por parte del Ministerio, tendría una característica que la cuestiona inexorablemente. Los mensajes al Poder Legislativo, dos, en poder de este cuerpo y que fueran aportados en esta articulación, lucen al pie de ellos la firma de la Sra. Ministra de Defensa, entre otros ministros. Sea cual sea el origen de estos graves hechos, que habrá que investigar, es notorio que la responsabilidad última recae en las autoridades del ministerio. Fue la ministra que con su firma avala y dicta la orden de levantar un cargamento para el Ejército en un buque de la Armada y así lo informó al parlamento en dos oportunidades. Un viejo principio indica que el superior puede delegar el mando, pero nunca la responsabilidad.
La investigación en el seno del Ministerio, en el caso de que se haya hecho alguna, ordenada por la jerarca, termina siendo una indagatoria sobre sí misma, por tareas que ella misma dicta y ordena con su firma. ¿Es posible o normal en el plano administrativo que alguien se investigue a si mismo?
Sin duda que aquí radica un elemento fundamental que argumenta la procedencia y la oportunidad para la creación de la Comisión Investigadora.
LA PARTICIPACION DEL EMBAJADOR
Dice el Sr. Subsecretario en la Comisión de Defensa, en la sesión citada, que la embajada uruguaya en Venezuela recibió una nota de Fabricaciones Militares SA de aquel país, una empresa que es privada agrega, para transportar 15000 proyectiles. Anotamos aquí que según nuestra información en verdad la empresa sería la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, empresa propiedad del estado venezolano y que puede conocerse en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Defensa del gobierno de aquel país.(5)
Posteriormente y según versiones públicas, se conoció que estos proyectiles de los que hablan las autoridades ministeriales, serían enviados desde Venezuela para completar los requisitos previstos en un llamado a oferentes para renovación de armamentos en el Ejército y la Armada Nacional, donde una fábrica de origen iraní, más precisamente MODLEX, empresa estatal, se habría presentado sin cumplir con el requisito de proveer las municiones de prueba. (6)
Se agrega una breve reseña de esta empresa que se encuentra en internet. (7)
Expresa el señor subsecretario, en la página 8 de la versión taquigráfica anexada, que eran municiones para armamento de prueba y que en la medida que el Ejército ahora no tenía interés la señora Ministra desactivó “este transporte que se había pedido”. Surge nítidamente la pregunta, ¿quién lo había pedido? El Ejército, según su Comandante, no lo había solicitado y por lo tanto esa institución no pudo haber tenido ni dejado de tener “interés” en una carga que nunca solicitó. ¿Por qué se le adjudicó a los eventuales proyectiles un destino que el destinatario desconocía? Y todo ello con la firma de la señora Ministra de Defensa y el Canciller de la República.
El Dr. Bayardi agrega que se está pidiendo “ampliación de antecedentes a la Cancillería para que el Embajador complemente la información”.
Advierto algo que ya los señores diputados habrán notado y es que a pesar del intento de minimizar este episodio hecho por las autoridades ministeriales en el sentido de decir que no se está investigando nada “por que acá no hay ningún secreto”, el propio sub secretario agrega en la comparecencia del 31 de julio que “en este momento se está pidiendo ampliación de antecedentes a la Cancillería para que el Embajador complemente la información”(pag. 8 V.T. Comisión Defensa Nacional.)
Saber, precisamente, cuál fue y en qué consistió la participación del Sr. Embajador, quien parece un elemento clave en este confuso episodio, es vital.
El Sr.Embajador estuvo días pasados en Uruguay acompañando la visita del presidente venezolano Hugo Chávez. Consultado por los medios declaró que se le solicitó por la empresa CAVIM que gestionara el traslado en un buque o aeronave uruguaya porque ninguna línea regular de carga lo haría. Admitió además, según los medios, que para concretar la llegada de municiones faltaba documentación que refrendara el pedido de Defensa (8)
¿Si todo fuera tan claro, por qué esta consulta a la cancillería? No obstante vuelve a resultar paradójico que todas estas aclaraciones se realicen post-facto, cuando los mensajes ya habían sido firmados y enviados a la Asamblea General, e incluso uno de ellos sirviera de exposición de motivos para un proyecto que recibiera sanción legislativa.
EL DESTINO DE LOS MENCIONADOS PROYECTILES
La delegación ministerial sostuvo en su comparecencia que los proyectiles que se embarcarían serían utilizados para prueba de armamento presentado a una licitación. La misma, según documentación que aportamos preveía fechas concretas para cada etapa del llamado. Algunas de ellas fueron prorrogadas habiendo sido comunicado por fax a los oferentes las nuevas fechas.(9)
Las pruebas del armamento, según la información que disponemos y que la comisión podrá verificar con los testimonios que considere oportuno recabar, finalizaron con anterioridad a que el Poder Ejecutivo remitiera al parlamento los mensajes referidos al inicio. Por lo tanto difícilmente pudiera ser utilizado para prueba municiones que iban a llegar al país al final del mes de octubre con el buque ROU 04 “General Artigas”, cuando las mismas habían concluido meses antes. Se impone por lo tanto investigar el destino previsto que notoriamente no es el expresado por el ministerio de Defensa.
LOS COSTOS DEL TRASLADO
La renovación de armamento individual para el Ejército y la Armada es un emprendimiento público al que se presentan empresas de distinto origen. La presentación de ofertas y los costos que ellos implican en materia de traslados, incluyendo fletes y seguros, son de resorte de quien voluntariamente se presenta al mismo. La misión otorgada por el P.E. a un buque de la Armada, si se hubiera concretado, hubiera significado una situación insólita dónde el Estado uruguayo hubiera corrido con los costos, elevados, que significaba esta facilitación que estuvo a punto de concretarse. ¿No advirtieron los ministros, al momento de que se firmaran los dos mensajes y se remitieran al parlamento, esta circunstancia?
De haberse concretado, y a punto estuvo de no haber sido por la intervención parlamentaria, el gobierno hubiera adjudicado una clara ventaja a uno de los oferentes sobre los otros, viciando de nulidad todo el proceso.
LA TRIANGULACIÓN
Las mencionadas municiones serían enviadas desde la República Bolivariana de Venezuela con destino a Uruguay y serían para completar, y además fuera de fecha, el requisito que la empresa iraní no había cumplido. La triangulación Irán-Venezuela-Uruguay de estas municiones tenía un objetivo que es el de facilitarle al Irán poder presentarse en esta licitación ya que desde ese país no se podían remitir los proyectiles en virtud de que desde el día 24 de Marzo de este año rige una prohibición dictada por el Consejo de Seguridad de la ONU que en su punto 5º decide “ que el Irán no deberá suministrar, vender ni transferir en forma directa o indirecta, desde su territorio o por conducto de sus nacionales, o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, armas ni material conexo, y que todos los Estados deberán prohibir la adquisición de esos artículos del Irán por sus nacionales o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, procedan o no del territorio del Irán.” (10)
La Cancillería firmó en dos oportunidades el mensaje que se remitió al parlamento, ¿no estaba informada de esta resolución? Parecería absurdo pensar que nuestro país no se entera de las resoluciones de un organismo de la altísima jerarquía y notoriedad como el Consejo de Seguridad de la ONU. Uruguay cuenta con embajador en Naciones Unidas que nos resistimos a creer que no hubiera comunicado esta resolución. No tenemos dudas que así fue y que seguramente por los medios electrónicos de uso corriente esta resolución, la nº 1747, debe haber sido recibida en nuestra Cancillería el mismo día de dictada. ¿Sería creíble que no hubiera sucedido así? Si así fue, ¿cómo es posible que la misma no haya sido tenida en cuenta, comunicada por su tenor y la materia sobre la que se refería a los organismos que pudieran estar vinculados a su observancia y especialmente al Ministerio de Defensa?
De haberse concretado este traslado, Uruguay hubiera violado esta resolución exponiéndonos a graves sanciones y a la pérdida de la credibilidad y la seriedad que distingue a nuestro país en el concierto internacional y que durante tantos años construyó nuestra República y distingue nuestra conducta de defensores férreos del Derecho Internacional.
Es inadmisible que el gobierno uruguayo no haya reparado en esta circunstancia que habla de una Cancillería que no ha cumplido, siquiera, con un papel mínimo pero esencial a su función como es la de no exponer al país a represalias.
Todo lo antedicho argumenta, tal cual lo requiere el reglamento de la Cámara de Representantes, la entidad de lo denunciado que conjuntamente a la oportunidad y procedencia de las mismas son el trípode necesario para que la Cámara resuelva la Constitución de una Comisión Investigadora.
Es también, a diferencia de otras oportunidades, una investigación que surge por acciones llevadas adelante desde el propio parlamento. Es en una comisión parlamentaria, la de Defensa, dónde tuvo origen el conocimiento de estos graves hechos. La Comisión Investigadora que se solicita crear no es la consecuencia de hechos públicos que a posteriori tuvieron eco en el Poder Legislativo sino que fue exactamente a la inversa. Esto realza el papel del parlamento en esta investigación y justifica ampliamente que resida aquí un ámbito donde se indague cuál es el trasfondo de estos hechos.
Nos anima la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido y el análisis de las responsabilidades que existan en el campo político.
La opinión pública del Uruguay tiene una gran incertidumbre sobre lo sucedido, al igual que nosotros y ello es debido a la inexistencia de una mínima explicación de los hechos por parte del gobierno. Es más, si estos episodios tuvieron conocimiento público fue por la acción del parlamento porque de lo contrario nadie se hubiera enterado de estos hechos que hubieran permanecido deliberadamente ocultos para la ciudadanía, a pesar de la gravedad e irregularidades manifiestas que lo caracterizaron.
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