El dialogo de la hipocresía por Fernando Molina

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"... Y es que hoy ya nada puede hacerse en Bolivia bajo la égida de la "ética de la responsabilidad", o sea pragmáticamente; todo responde a un compromiso con principios fundamentales. Y entonces, como siempre ocurre con el debate entre valores, éste no encuentra una salida. Porque el fundamentalismo no pacta, no cede, no negocia."

            Los analistas que creyeron que el diálogo entre el gobierno de Evo Morales y la oposición regional cambiaría el rumbo de la política boliviana, trayendo al país la paz social de la que no ha gozado desde el año 2000, se convirtieron, de habituales intérpretes de la realidad nacional, en un síntoma de ésta. Un síntoma intelectual de la particular psicología que hoy tienen las clases medias y altas, marcada por el deseo de que "todo esto acabe de una vez", es decir, de que el gobierno modere las transformaciones que trata de hacer, se establezca la concordia y la población pueda disfrutar en paz y con más eficacia las extraordinarias condiciones que ofrece la economía mundial (que sin embargo comienzan a deteriorarse).

            Es un deseo comprensible éste que lleva a mucha gente inteligente a aferrarse a la primera posibilidad constructiva que aparezca; pero nada puede hacer contra la implacable marcha de la realidad. Y ésta avanza nuevamente hacia la confrontación, aunque el diálogo todavía no se haya roto.  Los indicios son abundantes: ni siquiera las discrepancias económicas entre los dos bandos, que nosotros aquí consideramos resolubles, han podido ser superadas. El gobierno insiste en su posición inicial: tomar una parte importante de las rentas del gas que hasta ahora han beneficiado a las prefecturas, y emplearla para financiar una pensión universal de vejez.

            Las burocracias regionales, por su parte, denuncian que esta medida le quitará viabilidad a las autonomías "a la española" que pretenden crear en cuatro departamentos. Para unos, entonces, se trata de usar mejor los únicos recursos con que cuenta el país: de sacárselos a los políticos y de dárselos a la gente (convirtiéndose así, al mismo tiempo, en los grandes paladines del pueblo); para los otros, se trata de luchar por el sueño de descentralización que los pueblos del oriente y el sur del país acarician desde el siglo diecinueve. Por tanto, lo económico, que erradamente creímos libre de influencias ideológicas, se encuentra en realidad impregnado de ellas.

            Y es que hoy ya nada puede hacerse en Bolivia bajo la égida de la "ética de la responsabilidad", o sea pragmáticamente; todo responde a un compromiso con principios fundamentales. Y entonces, como siempre ocurre con el debate entre valores, éste no encuentra una salida. Porque el fundamentalismo no pacta, no cede, no negocia.

            Las cosas se ponen peor si pasamos de la esfera económica a la política, donde la polémica está planteada entre un proyecto de Constitución aprobado ilegalmente, que busca redistribuir enérgicamente la riqueza a través de la presencia omnipotente del Estado en todas las actividades sociales, y pone en vilo las instituciones liberales de la democracia, versus unos "Estatutos Autonómicos" que también son ilegales, ignoran olímpicamente la necesidad de redistribución que existe en un país tan desigual como Bolivia y descoyuntan las políticas públicas al convertir importantes competencias nacionales en atribución exclusiva de los departamentos. Se supone que el diálogo debería servir para "compatibilizar" ambos documentos, pero, excepto por el desacato de los procedimientos legales establecidos para su aprobación, en realidad ambos son claramente incompatibles.

            Gobierno y prefectos han ideado una comisión de juristas para debatir la próxima semana este tema, igual que una comisión de economistas desmenuzó la semana pasada la cuestión de las rentas petroleras. Pero es difícil que esta comisión política se reúna, puesto que las regiones han condicionado la asistencia de sus representantes a la suspensión, por parte de las autoridades nacionales, de un decreto que ordena descontar a las prefecturas el dinero necesario para la pensión de jubilación creada por Morales. El hecho de que este decreto se aprobara en estos días, sumado a las múltiples declaraciones del MAS y de los movimientos regionales en sentido de que "no se cambiará ni una coma" de la Constitución o los Estatutos, son suficientes pruebas de que el diálogo está al borde del fracaso o ya ha fracasado.

            A ello contribuye también la cultura política boliviana, inclinada a la desconfianza respecto al otro y por tanto a los juegos de suma cero ("todo o nada"). Pero si ésta es la mentalidad de los dirigentes bolivianos, ¿por qué entonces se sientan ante la mesa de negociaciones? En este caso el cálculo de cada parte es aparecer como dialogante, mientras procura que su adversaria se haga fotografiar con un garrote en la mano. Así se intenta aprovechar el ánimo del público educado del país, del que ya hemos hablado al principio de este artículo.

            También hay que tomar en cuenta los intereses específicos de cada facción: El gobierno quiere crear en el diálogo las condiciones para la convocatoria a un referéndum revocatorio del mandato del presidente, el vicepresidente y los prefectos, medida que se planea realizar con reglas torcidas y para eliminar a los líderes departamentales opositores. Los prefectos, por su parte, necesitan ganar tiempo para reagrupar sus fuerzas luego de la andanada gubernamental de fines del año pasado, que devolvió la iniciativa política al presidente Morales. Estas son las razones por las que los actores políticos concurrieron y se mantienen aún en unas conversaciones que bien podrían pasar a la historia como "el diálogo de la hipocresía".