COMENTARIOS SOBRE UNA REGULARIZACIÓN
por Graciela Vera
Periodista independiente
Miles de inmigrantes que no han podido legalizar su situación en meses y años de residencia en España, ven con preocupación que también el actual proceso de regularización les deja fuera y los anuncios del Gobierno en cuanto a las acciones que tomará después del 4 de mayo contra los ilegales y quienes los contraten, los arrinconarán contra las fronteras.
Muchos son conscientes que no están en condiciones de regresar y temen que tampoco se puedan quedar.
¿QUÉ HAY DETRÁS DE UN CAPRICHO DEL GOBIERNO?
¿Porqué se es tan intransigente con una medida que, flexibilizándola un mínimo, haría posible que casi trescientos mil inmigrantes pudieran presentar sus solicitudes de residencia y trabajo?
La exigencia de probar la permanencia en España con el certificado de empadronamiento es el principal escollo con el que tropiezan miles de extranjeros.
Por temor a ser descubiertos y expulsados, o por no tener una vivienda fija, no se empadronaron antes de agosto del año pasado y sin ese requisito no pueden aspirar a presentar sus solicitudes de residencia y trabajo. No importa que presenten un contrato y todos los demás certificados en forma, sin el justificante de empadronamiento no se eleva a trámite ninguna solicitud.
Son trabajadores que hace años viven aquí, pero forman parte de esa economía sumergida que no exige legalidad, a cambio de retribuciones muy por debajo de las establecidas.
Una cuenta bancaria, un contrato de alquiler, la cartilla de atención médica, hay muchas formas de justificar el arraigo, pero las reclamaciones de asociaciones y organismos de ayuda a los inmigrantes han chocado contra un muro de intransigencia.
Después de una avalancha de críticas, un torrente de ideas y un clamor popular reclamando la modificación de esta exigencia; ¿podemos creer que el Gobierno no se ha enterado de la situación de quienes tienen derechos que no pueden reclamar, si no se les permite probarlos con otra documentación, tan válida como la exigida tan intransigentemente?
¿Qué papel juegan en esta aparente terquedad los nuevos socios de la Comunidad Europea?
De los países que acaban de incorporarse a la UE: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Elovaquia y Eslovenia, ésta recibía gran número de inmigrantes, en su mayoría ilegales. España no ha sido ajena a este fenómeno.
Los ciudadanos de esos países hoy son legales en todo el territorio de la UE y así como a los españoles aún les resulta rentable emigrar* a trabajar en otros países de Europa, a lituanos, polacos, eslovacos, húngaros, checos, chipriotas, etc., les resulta ventajoso trabajar aquí, aún por salarios menores a los legales.
¿Se destinan a los trabajadores de los nuevos países comunitarios los puestos que ahora reclaman los inmigrantes extracomunitarios?
* Ejemplo: Paradójico resulta que los empresarios agrícolas de Andalucía contraten mano de obra inmigrante para levantar sus cosechas mientras trabajadores andaluces emigran como temporeros a la campaña de recolección de uvas de Francia.
EL TRÁMITE EN CIFRAS y LA AMENAZA EN CIERNES
De los casi 50.000 inmigrantes que han presentado, en lo que va desde el 4 de febrero, su solicitud para acogerse al proceso de regularización de trabajadores extranjeros, más del 37 por ciento corresponde al sector de empleados domésticos.
Los inmigrantes de nacionalidad ecuatoriana son los que mayor número de solicitudes han presentado, casi el 33,56 por ciento, seguidos por colombianos: 15,87, marroquíes: 13,22 y rumanos: 13,1 por ciento.
De éstos expedientes el 63 por ciento fueron presentados en las comunidades de Madrid, Cataluña y Valencia.
En Andalucía el número de solicitudes a la fecha se acerca a los tres mil expedientes.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, al hacer un análisis de las primeras tres semanas de proceso señaló que éste se viene desarrollando por encima de las previsiones, destacando que luego de un inicio lento se está llegando a la presentación de unas ocho mil solicitudes por día.
Una vez cumplido el plazo de tres meses, Caldera aseguró que el gobierno será inflexible y que la Inspección de Trabajo pondrá en marcha un plan especial contra el fraude, que conlleva la realización entre el 7 de mayo y el 31 de diciembre, de medio millón de actuaciones.
En su reciente comparecencia en el Senado, el Ministro volvió a reiterar que a partir del 7 de mayo habrá ‘tolerancia cero’ para con los empresarios que contraten trabajadores en forma irregular, a los que se perseguirá ‘con todos los instrumentos de Derecho y con la máxima severidad’.
Asimismo emplazó a los trabajadores y a las organizaciones sindicales a que una vez concluido el proceso de regularización, denuncien las situaciones irregulares garantizando que éstas serán investigadas teniendo en cuenta ‘la figura del arraigo laboral’.
El titular de Trabajo afirmó que el Gobierno está ‘empeñado’ en hacer frente a la inmigración irregular lo que, dijo: "No sólo se hace controlando fronteras, se hace sobre todo combatiendo la economía sumergida y dotando a la política de inmigración de los canales suficientes para poder contratar legalmente y en origen a los trabajadores que necesite la economía española".
DE QUE NO IBAN A PASAR… ESO YA SE HABÍA PREVISTO
Consuelo Rumí, Secretaria de Inmigración señaló reiteradamente que los controles iban a resultar casi inexpugnables para evitar los fraudes y había advertido que no se compraran contratos falsos.
La desesperación puede mucho más que el sentido común y muchos inmigrantes han pagado cifras muy altas por contratos que no les abren las puertas. La fiscalización de las empresas resulta rigurosa.
El Sistema va perfeccionando las medidas antifraude con la práctica y así se viene poniendo en marcha un programa informático de cruce de datos entre oficinas que posee alarmas automáticas de detección de solicitudes sospechosas de fraude.
DIJO SI, PERO ES NO ¿O DIJO NO, Y ES SÍ?
Pero mientras Jesús Caldera comparece señalando que el Gobierno se encuentra satisfecho por el ritmo de solicitudes, ‘superior al esperado’ ¿¿??, Rodrigo Gavilán, responsable de Inmigración de la Confederación Española de Policía CEP, manifestó que las cifras que el gobierno ha dado sobre el proceso de regularización ‘están infladas’, ya que se han computado como nuevas las solicitudes ya presentadas.
Según la CEP hay un dos por ciento de solicitudes repetidas por lo que, es deducible que no habrá más de 200.000 regularizaciones, cifra muy inferior a las 800.000 supuestamente esperadas por el Gobierno, ‘menos de los extranjeros que han entrado de forma clandestina por el Pirineo’, dijo Gavilán que ante el desmentido del Gobierno señalando que sólo se registran las nuevas solicitudes, explicó que cuando se presenta un expediente incompleto se admite a trámite, requiriéndose al solicitante una nueva cita para presentar la documentación faltante; cita que se computa como una nueva entrada.
No nos engañemos, los extranjeros que entraron en forma clandestina, según Gavilán, por el Pirineo, son inmigrantes ilegales que vienen a España desde otros puntos de Europa con la esperanza de poder acogerse al periodo de regularización.
Posiblemente y de confirmarse esto, finalizado el plazo habrá en España más ilegales que antes de comenzar el proceso ¿Qué pasará entonces?
Gavilán dijo que los extranjeros que han ingresado en forma irregular desde Francia y que el Ministerio computa como devueltos a ese país ‘vuelven a entrar a España al día siguiente por carreteras secundarias’; hablo del trabajo extra que tendrán en los próximos años los efectivos policiales ya que ‘a un kilómetro de la frontera no se puede aplicar el convenio de readmisión con Francia, sino que los irregulares están en situación de estancia y hay que abrirles un expediente de expulsión’.
El cálculo de descompensación es fácil en este caso dijo: ‘sólo por el paso hispano-francés entran mil personas indocumentadas al día y España tiene capacidad para expulsar 50 extranjeros al día’
¿Y el sur? Los centros de retención están colmados y las pateras siguen llegando abarrotadas de desesperados a los que ni siquiera detienen las gélidas temperaturas de este invierno.
¿Y los aeropuertos?, ni siquiera la falta de expectativas detiene la avalancha.
Por otra parte el portavoz del CEP señaló que un uno por ciento de las solicitudes, corresponden en realidad a inmigrantes que cuentan con permiso de residencia en España pero que no tienen permiso de trabajo, como son los estudiantes, los reagrupados y los acogidos por razones humanitarias.
LAS PREGUNTAS DEL PP TAMBIÉN SON NUESTRAS
La portavoz del PP en el Congreso, María Ángeles Muñoz, realizó una serie de preguntas que hasta el momento no han tenido respuesta. Por la situación general del proceso nos hacemos eco de ellas, porque su contestación aclararía muchas dudas y ayudaría a proyectar sus próximas acciones, a ochocientos mil hombres y mujeres que hoy viven en la incertidumbre:
- ¿Qué va a pasar después del 7 de mayo con los miles de inmigrantes que viviendo en España desde antes de agosto pasado no hayan podido acogerse a esta regularización por no haberse empadronado en su momento?
- ¿Qué sucederá con los miles de irregulares que han llegado después de agosto del 2004 e inclusive después del 8 de mayo, en respuesta a una corriente que desde años se desarrolla en forma ininterrumpida, ahora acrecentada por el efecto llamada?
- ¿Cuántos de los 800.000 ilegales que se supone podrían acogerse a la regularización, han conseguido contrato de trabajo?
Desde Almería, el sur del norte, febrero 24 de 2005
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