Las retenciones sobre las exportaciones, equidad económica y el principio de la capacidad contributiva por Marcelo R. Lascano

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         Actualmente, la cuestión de los derechos de exportación o retenciones constituye el capítulo más conflictivo y desequilibrador de la política económica. Un exceso de simplificaciones y calificaciones con fuerte sesgo ideológico impiden acercar posiciones, antes bien, las mismas se distancian y agudizan un estado de crisis impensable hace unos meses. La insistente denuncia que confunde alguna efectiva concentración productiva con monopolios hegemónicos sin el sustento estadístico necesario, le resta certeza al tratamiento del tema, lo mismo que la capacidad destructiva de la soja sin considerar técnicas de siembra. Se confunde monopolio con arrendamientos u otras combinaciones indispensables para optimizar escalas productivas que demanda inversión y cambio técnico que exigen ingentes inversiones, sin las cuales la producción y la productividad no hubieran triplicado en 15 años los volúmenes cosechados al saltar de 30 a 90 millones de toneladas.

         La demonización general de la soja corre pareja con las imprecisiones. Los establecimientos nucleados en Aapresid que trabajan con siembra directa suelen reponer nutrientes escapando así a la diabólica destrucción del suelo. La explosiva recuperación de la producción de maquinaria agrícola demuestra la incorporación de tecnología onerosa que no podría afrontarse sin reinvertir utilidades. Una sembradora y una cosechadora de alta generación cuestan 50 y 300.000 dólares respectivamente. Esto, según escuche hace pocos días en un Organismo Internacional, la llevado a la Argentina a ubicase a la vanguardia de la producción agropecuaria comparada. Si la soja fuera tan venenosa valdría la pena preguntarse porqué se gravan también otros cultivos menos maléficos. La razonabilidad parece haberse evaporado y el espíritu de confrontación promete o augura desencuentros en la sociedad que exceden a la misma economía y las previsiones normales derivadas de conflictos de intereses.

         Resulta impertinente tomar partido "a priori" para inclinarse en favor o en contra de las retenciones, si antes no se consideran las excepcionales circunstancias que inspiraron contemporáneamente la implantación de las mismas. El análisis de esos momentos es esencial para tratar imparcialmente el tema, habida cuenta que en caso contrario faltaría el escenario que técnica y jurídicamente justificaría el instituto. Es que como complemento de la fuerte devaluación de nuestro signo monetario sancionada a principios de 2002, la instauración de derechos de exportación pareció una herramienta indispensable, por lo menos por un par de motivos de no menor importancia. Veamos.

         En primer lugar, la medida buscó evitar o amortiguar aumentos de precios sobre todo en los denominados bienes salario, porque los potenciales aumentos en los mismos por influencia de la nueva paridad cambiaria abortarían los efectos favorables esperados del ajuste, incentivando conflictos de no fácil resolución. En segundo lugar, la medida contrarrestaría una brutal transferencia de ingresos considerados no ganados, según la doctrina fiscal, en provecho de los sectores productores de bienes transables internacionalmente, asegurándose el Fisco Nacional generosos recursos también extraordinarios por su magnitud y con independencia de su consistencia técnica.

         Lo cierto es que los productores desde el principio y en el contexto de recuperación internacional de precios y de perspectivas de reanimación en el mercado interno, se resignaron a la nueva contribución, sencillamente porque resultaba razonable frente a las nuevas circunstancias. Ahora bien, en la misma atmósfera, precios internacionales en sostenido ascenso, la fluida demanda por nuestros productos, la recomposición gradual de la demanda interna y la interesante y fácil recaudación que recae mansamente sobre las exportaciones gravadas, también siguieron en ascenso y aquí empieza el desacuerdo.

         Los costos internos en pesos y también en dólares, a pesar de la estabilidad cambiaria siguieron creciendo y a veces velozmente, achicando como resultado la rentabilidad de algunas explotaciones al margen del aumento de las cotizaciones de nuestros bienes exportables. Frente a este cuadro y a los apetitos fiscales, irrumpe gradualmente la protesta del agro y aparece la reconvención de los partidarios de las exacciones, quienes, además, denuncian la elevada rentabilidad del sector, simplificando como si ésta representara un episodio general y uniforme en todo el país, cuando no lo es, simplemente porque los rendimientos por regiones, zonas o la extensión de las unidades productivas tampoco lo es. Las actitudes combativas y los paros son la consecuencia de un enfoque desafortunado que paradójicamente lesiona a los más débiles, inofensivos e indefensos hasta la víspera. La cantidad de terratenientes según las medidas convencionales parecería que no llena un cine.

         Por ejemplo, el producido de la soja en zonas marginales representa para los expertos entre un tercio y la mitad de lo que se cosecha en las mejores áreas, sin considerar el costo del transporte que agregaría más desventajas sobre todo contra los pequeños productores radicados en zonas periféricas o marginales. La rebaja reconocida de 10 centavos en el precio de la leche al tambero, tuvo parecidos efectos, con el agravante de que el cierre de usinas lácteas y la liquidación de vientres ya es una incontestable realidad, comprimiendo inevitablemente la oferta para consumo interno y exportación de subproductos de fuerte demanda interna y externa. De no corregirse la situación, la tormenta se extenderá al frente externo en una peligrosa avenida de doble mano. Menos ingresos de divisas y fiscales y el correlativo aumento del endeudamiento con el resto del mundo siguiendo una perversa tradición histórica.

         Evidentemente, en el enfoque dominante existe un manifiesto desequilibrio. Resulta más gravosamente alcanzado el pequeño productor alejado de los puntos de concentración del producto, que quienes operan en zonas geográficamente privilegiadas, con fuerte presencia de capital y de tecnología (equipamiento, reposición de nutrientes) en las funciones de producción. Por ello reajustar sin mezquindad las alícuotas de las retenciones, móviles o no, considerando algunos aspectos de los mencionados, resultaría una contribución justa y pacificadora. Es cierto que equilibrar las cosas no parece tarea sencilla. Empero debe encararse juiciosamente. Se me ocurre que mientras las retenciones tengan vigencia, el costado fiscal podría ofrecer una solución de compromiso que restableciera, aunque imperfectamente, el consagrado principio de capacidad contributiva que en este caso está ostensiblemente ausente, máxime en aquellas situaciones como la de la soja —que para nada defiendo— que podría estar transgrediendo la antigua e invariable doctrina de la Corte Suprema respecto de los límites de la imposición sobre los ingresos.

         La comparación del efecto de las retenciones sobre el ingreso bruto de los productores es inequívocamente falaz si, además, no se agregan otros componentes impositivos que agudizan la presión fiscal personal y sectorial. Léase la contribución territorial y municipal sobre los predios, el impuesto al cheque y el gravamen sobre los bienes personales, al menos. En esta inteligencia, aquéllos están en desventaja frente a los arrendatarios o terceros no propietarios, lo cual agudiza la discriminación. Sumado todo, la ira de los 70.000 pequeños agentes rurales y de los 8 ó 10.000 tamberos en dificultades, no parece sino la respuesta natural por parte de quienes se sienten agredidos porque adelgazar coercitivamente sus bolsillos sin lógica ni justificación convincente se parece a un atropello.

         No hay que olvidar que la equidad se inscribe en el marco de la justicia que debe gobernar la política y la política económica y que en la actualidad no constituye un nuevo requisito, sino un precepto cargado de antecedentes y de historia. No debe pasarse por alto que no sólo los economistas clásicos de los siglos XVIII y XIX apelaron al mismo para fundar sus iniciativas en materia de impuestos. Vale la pena recordar que es el Padre Francisco Suárez, célebre precursor del régimen democrático para la vida política, quien lo instala tempranamente, en 1612, en su monumental y olvidada obra denominada "Tratado de las Leyes y de Dios Legislador", donde dedica tempranas reflexiones en pro de una equilibrada relación fisco-contribuyente, como diríamos hoy. Entonces, un régimen adecuado de imputación diferencial en carácter de anticipo o pago a cuenta del impuesto a las ganancias de parte de las retenciones, podría aportar una solución, aunque imperfecta, para reparar el eventual daño a productores que se desempeñan en desigualdad de circunstancias y condiciones. Los intermediarios, que como agentes de retención deducen los derechos de exportación en las liquidaciones de pago a los productores, entonces podrían extender un certificado donde quedara acreditada la alícuota y el monto respectivo, siguiendo las específicas directivas de la autoridad que si se pudiera, deberían contemplar los rindes medios de las diferentes regiones. En un sector concentrado los riesgos de desvíos parecen limitados. Luego, con relación a productores no inscriptos en el impuesto a las ganancias, la medida podría inducirlos a inscribirse con tal de aprovechar la ventaja.

         Al margen de ello, mientras los derechos de exportación subsistan, innovadores criterios en el área fiscal podrían servir de complemento, contribuyendo a legitimar la exacción. Como consecuencia, un segmento importante de las recaudaciones debería asignarse a proyectos específicos de infraestructura que apoyen, entre otras cosas, a la producción que genera divisas y por supuesto también recursos tributarios. Frente al despegue registrado en el mundo rural, el fortalecimiento de la infraestructura coordinada e integrada de caminos, puertos, ferrocarriles, vías navegables, cadena de frío, energía, gas para fertilizantes, investigación y desarrollo, podría descomprimir las quejas y rescatar la idea de equidad en el tratamiento desigual de los protagonistas, ofreciendo, a la vez, un enfoque sistémico y audaz para el futuro, en la medida en que se demuestre que el gasto público corriente va cediendo algo de espacio en favor de un porvenir que sin inversiones no luce promisorio.

         Los lineamientos ligeramente formulados, bien podrían servir para reinstalar el principio de capacidad contributiva implícito casi secularmente en la teoría de la tributación, como verdadero apéndice del reclamo de justicia y equidad que debe gobernar una política económica que busque sinceramente la concordia en la sociedad. Ello es más apremiante cuando la gabela de marras no transitó los indispensables carriles legislativos, al margen de la facultad excepcional establecida en el Código Aduanero, cuya duración temporal en el caso de marras excede la razonabilidad que condiciona y legitima su institución. Por lo demás, en la especie las provincias también ven burlados sus derechos a coparticipar, precisamente del producto generado en sus propias jurisdicciones. Precisamente en el Coloquio de Idea, celebrado como es usual en Mar del Plata en noviembre de 2004, propusimos una reformulación de nuestra organización fiscal para ajustarla a nuevos desafíos que consolidaran el desarrollo con estabilidad monetaria y cambiaria y pleno empleo. Como de costumbre, se confundió coyuntura con estructura y la iniciativa, al igual que bajo el paraguas quimérico de la convertibilidad, cayó en saco roto. Así frente a eventuales y nuevos desafíos las dificultades serán más difíciles de resolver a costos equitativos y moralmente aceptables.

         El entendimiento no es una cuestión menor. Hoy las retenciones representan poco más del 10% de la recaudación total. Entre enero y marzo las mismas aportaron más de 2.500 millones de dólares o unos 7.500 millones de pesos que suponen un aumento del 100% frente al mismo trimestre del año anterior. El binomio agro industria ha enriquecido significativamente la posición externa del país a través de exportaciones equivalentes al 50% del total que han contribuido decididamente a enriquecer el acervo de reservas genuinas en poder del Banco Central. Desde el frente social no debe olvidarse que el mismo ocupa directa e indirectamente alrededor de un tercio del empleo total. Como anunciamos desde La Nación hace mucho más de 6 ó 7 años no "hay que matar la gallina de los huevos de oro". El camino hacia la insignificancia siempre está expedito para quienes ignoran con realismo el presente y se abroquelan en nostálgicos pretéritos. Una baja de precios internacionales no nos debería sorprender y resultaría bastante dañina y quizá de efectos irrecuperables. "Veritas filia temporis".