Korruption El caso Skanska visto desde Estocolmo
	por Rodolfo Terragno		Email

La prensa de Estocolmo repudia el pago de sobornos: una inmoralidad que los suecos no esperaban de Skanska. Pero sugiere que las coimas beneficiaron a altos funcionarios argentinos. Habla abiertamente de “korruption” y aventura nombres.

            Rudolf Fredrik Berg resolvió hacer apliques de cemento para ornamentar iglesias y edificos públicos.  Creó, para eso, una pequeña empresa: AB Skånska Cementgjuteriet.

            Fue en 1887.  Acaso aquel joven ingeniero sueco no imaginara que, de ese modesto negocio, surgiría una de las grandes constructoras del mundo.

            Algo, sin embargo, se traía entre manos. En 1897, ya estaba en Londres, surtiendo ladrillos ahuecados para proteger, a lo largo de 100 kilómetros, un cable de la National Telephone Company.

            Hoy, Skanska (nombre simplificado que la empresa adoptó en 1984)  es capaz de obtener contratos prodigiosos: el lunes 14 se anunció que construirá una planta de agua potable, en Nueva York, a un costo de 1.040 millones de dólares.

            El cuartel general de esta multinacional está en Solna, un distrito vecino a Estocolmo.

            No lejos de allí se levanta el Råsunda fotbollsstadion, donde un joven de 17 años, llamado Pelé, saltó a la fama en 1958.

            Skanska no quiere fama.

            Quiere que la reconozcan como una empresa seria, con “responsabilidad social”, que se limita a cumplir con el objetivo declarado en su Código de Conducta: “Desarrollar y mantener un negocio sano y próspero”.

            Ese código se ha convertido, de improviso, en una ironía. Sobre todo por un párrafo, en el cual se afirma que “la corrupción y los sobornos” afectan “el desarrollo económico, social y democrático”. Skanska “se compromete a evitar tales prácticas”.

            En la Argentina, el compromiso quedó roto cuando –según lo  reconoce ahora su filial-   se destinaron 17 millones de pesos al pago de “comisiones indebidas”.

            De esa manera, Skanska Argentina S.A. logró intervenir en la ampliación del Gasoducto del Norte, que une Campo Durán (Salta) con San Jerónimo (Santa Fe).

            La ampliación implicó la incorporación de tres plantas compresoras y el tendido de 234 kilómetros de cañerías, paralelas a un segmento del gasoducto que Gas del Estado construyó en 1960.

            La obra fue “organizada” por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Pública y Servicios.

            El contrato fue suscrito por la Transportadora de Gas del Norte (TGN), operadora del gasoducto. 

            La financiación corrió por cuenta de Repsol YPF ($100 millones) junto a un conjunto de entidades que integraron el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, Nación Fideicomiso S.A., el ingenio Ledesma y la frutícola Citrusvil ($110 millones).

            El contratista principal fue Techint Ingeniería y Construcción. Skanska Argentina tuvo una participación menor que, sin embargo, era atractiva para la empresa.   

            El contrato fue suscrito el 28 de febrero de 2005, en la Casa Rosada, en presencia del Presidente Néstor Kirchner y  el ministro de Planificación, Julio de Vido.

            En el acto, De Vido destacó “la participación en este proyecto” del Banco Nación: “Esto es posible gracias a la articulación de acciones del Nación y de las empresas constructoras”, dijo.

            Poco después, un hecho accidental hizo que Skanska Argentina cayera bajo investigación judicial.

            La empresa –incapaz de justificar ciertas erogaciones mal documentadas--  reconoció el pago de las “comisiones indebidas”.  A continuación, sacrificó  a siete gerentes locales; pero no sindicó a los beneficiarios de los sobornos.

            El gobierno sostuvo que era un acto de “corrupción entre privados”.

            Sin embargo, en el curso de la investigación aparecieron escuchas telefónicas que comprometían a los titulares de ENARGAS (supuesto receptor de 3%) y Nación Fideicomisos (2%).

            El presidente Kirchner se vio obligado a tomar decisiones: removió a ambos funcionarios e intervino ENARGAS.

            Su idea, ahora, es contener el daño. Aspira a que la sospecha no ascienda al gabinete.

            Es tarde. 

            Para proteger su propio prestigio –y el de la República Argentina—el gobierno debe pagar los costos políticos que fuera menester, y revelar toda la verdad.

            La tarea debe asumirla el ministro de Planificación. 

            Son muchos quienes le demandan explicaciones, dentro y fuera del país. 

            El 16 de mayo, en Londres, The Economist advirtió: “El ministro Julio de Vido es el aliado más estrecho de Mr. Kirchner (...) Mr. Kirchner ha criticado frecuentemente lo que a su juicio fue  la corrupción del gobierno de Carlos Menem, en los 90.  En aquella época, los argentinos eran tolerantes porque la economía crecía fuertemente. El actual gobierno necesitará que haya, otra vez, la misma condescendencia”.  

            En Suecia, donde toda la prensa ha censurado la conducta de Skanska Argentina, el diario Helsingborgs Dagblad (HD) se atrevió a mencionar un posible vínculo entre la muta  (el soborno) y el Ministro de Planificación. 

            Una conjetura semejante hizo el periódico económico Dagens Industri.

            Ekonominyheterna –un sitio de Internet que producen el canal TV4 y la revista de negocios Veckans Affärer-- también se ha ocupado de la “reputación” del ministro.

            Nathan Shachar, corresponsal del influyente Dagens Nyheter –el mautino de mayor circulación en Suecia--  ha censurado a Skanska por conducir “un negocio sucio”, pero dijo que la empresa actuó asociada con el “padrino de la corrupción argentina”.

            Las acusaciones pueden ser temerarias, y estar motivadas por prejuicios o intereses económicos.

            En todo caso, corren por el mundo y –al mismo tiempo que afectan al ministerio de Planificación y a la Presidencia— deterioran  la imagen del país.

            El mal no se repara mediante una obediencia debida inversa, que hace recaer la responsabilidad sobre aquellos que, acaso, ejecutaron decisiones tomadas a otros niveles.

            Si las insinuaciones que rozan al ministro son calumniosas, hay que pulverizarlas con pruebas de la malicia.

            En caso contrario, no puede haber impunidad.