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Año IV - Nº 253
Uruguay,   28 de setiembre del 2007
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El científico arte de la desinformación

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Pese a que sus afirmaciones fueron frontalmente rechazadas por prácticamente la unanimidad de los académicos uruguayos (y los más reconocidos expertos del mundo, y la Academia Nacional de Ingeniería argentina), dos militantes anti celulosa y anti forestación encuentran espacio en Gualeguaychú. El discurso es, incansablemente, el mismo: no existe lo que no quieren conocer, no se sabe lo que no quieren saber, no se controlará lo que está dispuesto que se controle.

Científicas uruguayas piden que se pare el plan de forestación y de celulosa
Dos docentes de la Facultad de Ciencias de Montevideo, la doctora Graciela Piñeiro y la Lic. Sylvia Corte, hicieron llegar a las autoridades uruguayas un documento serio, honesto y valiente.

Radio Máxima, 22/6/2007

            El trabajo está publicado en la página web de los productores de Colonia (uruguay-natural.org), y ya tomó estado público.

            El objetivo de las docentes es hacer un parate en la forestación y la celulosa, y convocar a una reunión de científicos al más alto nivel para que se diluyan las dudas que hay en el Uruguay sobre muchos temas relacionados con estos emprendimientos.

            Le piden al gobierno uruguayo que promueva un debate científico interdisciplinario, con especialistas en la materia ambiental y social vinculada a la forestación y la instalación de plantas de celulosa en el Uruguay.

            Piden también una pausa en las autorizaciones forestales, y, de acuerdo al informe que surgiera del debate, que se evalúen nuevamente los pro y los contra de afianzar este modelo en el Uruguay.

            Este documento surge de la inquietud de dos ciudadanas docentes de la Facultad de Ciencias de generar una visión crítica. “Dicha inquietud es compartida con colegas, vecinos, familiares y amigos”. Así lo dicen las docentes.

            Las profesoras preguntan: ¿Uruguay autorizó unilateralmente la instalación de la plantas Botnia y Ence?

            Allí analizan el texto de la Memoria Anual de la Nación Argentina 2004, donde se remarca la importancia de planificar estudios de impacto ambiental sobre el Río Uruguay ante la posibilidad de instalar plantas de celulosa. “Si este es el único documento que se conoce, en él no existe una aprobación explícita de autorización por parte de la Argentina”, concluyen las docentes.

[O sea que las docentes de la Facultad de Ciencias no tienen por qué estudiar lo que, entre otras cosas, está a consideración de la Corte Internacional de La Haya. Ellas lo resuelven en dos líneas porque, si pueden opinar sobre física, química, biología, migraciones, hidrografía, meteorología, tampoco el Derecho Público Internacional les es ajeno.]

            Preguntan además: ¿Se realizaron estudios de impacto ambiental de acuerdo a las exigencias que estos emprendimientos demandan?

            Tras un análisis técnico, indican que “los estudios solicitados por Botnia no se enmarcan dentro de los niveles de exigencia que demandan los estudios de impacto ambiental de acuerdo a las normas internacionales, particularmente aquellas que tratan sobre la utilización sustentable de los recursos”.

[Esto también demuestra un formidable poder de síntesis, por decir lo menos. “Los estudios no se enmarcan…”, y liquidan el tema. En dos líneas se cuestiona y descalifica lo que opinan los técnicos de la Dinama, lo que opinan los expertos más respetados en el mundo entero (lamentablemente para las “científicas”, los gobiernos y los organismos internacionales los llaman a ellos –y no a ellas– para consultarlos sobre estos temas).

¿Qué ha dicho al respecto la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres?

Los siguientes son extractos de una explicación sintética que brindó en febrero de 2006, cuando se analizaba la instalación de dos plantas de celulosa en las proximidades de Fray Bentos:

“El procedimiento de análisis fue establecido por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, de la que derivó un reglamento que se aplicó desde 1994. Ese reglamento rige para cualquier emprendimiento que se va a iniciar, sea una cantera, una casa en la costa, una industria, un puente... (...) A ese reglamento le introdujimos modificaciones el año pasado, a partir de algunas inquietudes que teníamos respecto a su aplicación. Pero a los emprendimientos que estamos considerando se les aplicó el anterior, el de 1994.

Según ese reglamento anterior, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se debe hacer siguiendo cuatro etapas: en la primera, los interesados comunican el proyecto; en segundo lugar, lo clasifican como A, B o C (según sea menor o mayor el impacto que puedan producir); en tercer lugar se solicita la autorización ambiental previa, y por último el Ministerio confirma o modifica esa clasificación que se atribuye el propio emprendimiento, y lo autoriza condicionado al cumplimiento de un marco de funcionamiento ambiental.

Las fábricas de celulosa (y con todos los emprendimientos industriales del país) es que fueron clasificados como C. Esta categoría, dice el reglamento, incluye los “proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos de significación, se encuentren o no previstas medidas de mitigación. Dichos proyectos requieren un Estudio de Impacto Ambiental completo y detallado”.

En los dos proyectos los propios interesados proponían clasificarse como C, porque no hay ningún emprendimiento industrial que se presente afirmando que no va a generar impactos de significación. Lo que corresponde entonces es hacer un estudio detallado y proponer las medidas de mitigación, es decir cómo va a resolver los impactos de manera de funcionar en un marco ambiental adecuado.

Estos proyectos siguieron ese camino, y se presentó el Estudio de Impacto Ambiental detallado, que es analizado por la Administración, con técnicos independientes. Se requiere al emprendedor (como en la mayoría de los emprendimientos industriales) estudios complementarios, y con todo ese conjunto de información se toma la decisión final y se establece el marco de condiciones en que deberá funcionar.

En los emprendimientos industriales, fundamentalmente, se analiza lo que les decía antes: la materia prima que entra en el proceso, cuáles son los cambios que se le introducen, qué sale como resultado, cómo sale (por la chimenea, por el agua, o en el entorno socioeconómico y biológico). Se mira qué produce el impacto pero también en qué medio cae, porque no es lo mismo un emprendimiento que vuelca por un caño determinadas sustancias en un arroyo de pequeño caudal, que si lo vuelca en un río de caudal importante.
No cualquier emprendimiento es de por sí viable o inviable en cualquier lado: depende de qué y cómo lo va a hacer, pero también de dónde y en qué estado se encuentra el medio que lo recibe. Puede ser que una industria pequeña no pueda verter sus residuos en un arroyo cercano a Montevideo porque las condiciones de contaminación que tiene ese medio ya no toleran que entre nada más. Ese mismo emprendimiento podría volcar sus desechos en un río caudaloso que no tiene mayor afectación por las industrias. Por eso se estudia los modelos de cómo es ese recurso hídrico, qué cantidad de agua desplaza, a qué velocidad, siguiendo qué corriente, etcétera, y lo mismo respecto al aire: cuál es el régimen de vientos, hacia dónde se dirigen, qué puede pasar con tales y cuales condiciones atmosféricas, etcétera, para prever qué ocurre con los desechos que salen en el humo de la chimenea.
(...)
Mientras no teníamos Ley de Ordenamiento Territorial, el nuevo gobierno introdujo un nuevo instrumento en la reglamentación de la Evaluación de Impacto Ambiental: la llamada viabilidad ambiental de localización, una herramienta que nos permite decir tempranamente “Esta industria viene” o “Esta industria no viene”. (…)

Veamos ahora cuáles fueron las condiciones de funcionamiento que se les impuso en relación a las nuevas tecnologías, la ECF que usa dióxido de cloro, y la TCF que usa agua oxigenada. Los técnicos del Ministerio ya habían estudiado el tema, pero con el nuevo gobierno volvimos a revisar todo lo actuado para tener plena garantía de que lo que se había hecho era indiscutible técnicamente. Revisamos las mejores tecnologías disponibles en la Unión Europea, porque el Mercosur no tiene acuerdos al respecto.

Allí constaban los acuerdos de cuáles tecnologías son admitidas en la Unión Europea para producir celulosa. Dicen por ejemplo “blanquee con tal y cual, pero dentro del blanqueo con dióxido de cloro debe usar la técnica llamada Solvey R8”. Así figura textualmente en las tecnologías recomendadas por la Unión Europea. Y esto también fue distorsionado de manera increíble en la discusión pública del tema. Me llegaron a llamar radios, incluso de Argentina, diciéndome que eso se iba a dejar de usar en Europa a partir del año 2007. Es exactamente al revés: estas tecnologías son las que van a ser plenamente obligatorias en Europa recién en el 2007.
Lo que va camino a desaparecer es el blanqueo con cloro elemental. A todas las plantas que trabajan con cloro elemental en la Unión Europea se les dio 10 años de plazo para reconvertirse a esta nueva tecnología, al dióxido de cloro; las plantas que estén funcionando con cloro elemental y no se hayan reconvertido tendrán que cerrar en el año 2007, y no se permite la instalación de plantas que no trabajen con la nueva tecnología. Esa tecnología que va a ser obligatoria dentro de dos años es la única con la que estos emprendimientos pueden entrar ahora en nuestro país. Y no porque tengamos una normativa al respecto, sino porque lo pusimos en la autorización ambiental que les dimos.

Greenpeace argentina afirmó que la tecnología ECF va a desaparecer, y que hay una especie de categoría según la cual había una “más buena” que la otra, la TCF, y había una “más mala”, la ECF. Volvimos a revisar eso, volvimos a comunicarnos con la Unión Europea, por si hubiera algún grupo de discusión que estuviera revisando este tema. Pues no: en la Unión Europea este tema ni siquiera está en el orden del día.
O sea que no hay una tecnología que sea considerada mejor que la otra: ambas tienen ventajas y desventajas desde el punto de vista ambiental. Las dos reducen muchísimo (a niveles indetectables con los análisis actuales) la producción de sustancias que luego terminan en las famosas dioxinas y furanos, que son contaminantes resistentes. De todos modos hay que hacer los análisis, pero la tecnología que hoy existe no permite detectar siquiera que se produzcan dioxinas y furanos.
Y, al contrario de lo que sostiene Greenpeace argentina, la tecnología del agua oxigenada (TCF) consume mucho más recursos y da como resultado un papel que tiene menos posibilidades de reciclaje, respecto a las tecnologías que utilizarán las plantas uruguayas. O sea que, en la ecuación ambiental mundial, ese papel blanqueado con TCF consume más árboles.
No quiero hacer ninguna afirmación sobre cuál de las dos es mejor que la otra, pero sí que estamos haciendo lo mejor ambientalmente para el país al aceptar el uso de esas tecnologías de producir celulosa.]

            Cuestionan también las “autorizaciones parciales” otorgadas a la empresa. Dicen que se trata de la evaluación de un proyecto que incluye procesos altamente contaminantes, y que “las autorizaciones parciales impiden tener una visión global de los probables efectos que un emprendimiento puede causar, además de hacer muy difícil una eventual marcha atrás, cuando los emprendedores han invertido altas sumas de dinero”.

[Al parecer, las “científicas” discrepan con los académicos de todo el mundo. No hay que otorgar autorizaciones ambientales previas en especial porque ellas –como lo demuestran en este trabajo– son partidarias de hablar de todo en general y de nada en concreto. Estas “científicas” dicen que no existe información pese a que cualquiera puede bajarla de Internet, dicen que no se hicieron estudios pese a que cualquiera puede consultarlos. Y además son partidarias de rechazar por “contaminantes” aquellos emprendimientos con los que no estén de acuerdo por sus convicciones en torno a la injusticia del comercio internacional, o a los que atribuyan consecuencias que chocan violentamente con la realidad. Por ejemplo respecto al “vaciamiento” del medio rural, otra muletilla en este tema, sobre lo que volveremos más adelante.]

            Advierten además que un informe crítico de los técnicos de la Facultad de Ciencias fue “una voz de alerta desestimada”. “Lejos de haber tenido la iniciativa de convocar a una discusión académica sobre temas de tanta relevancia (y controversiales) como los que plantea el informe (léase impactos de la forestación y vertido de efluentes), el gobierno solo consideró válida la opinión del sector de los universitarios que tuvo una postura acorde a lo planteado por las empresas proponentes”.

[Veamos: el “informe crítico de los técnicos de la Facultad de Ciencias” no fue tal: fue firmado por siete docentes. Tampoco fue una “voz de alerta” sino que fue absolutamente desestimado por la inmensa mayoría de los técnicos de la misma y otras facultades científicas (50 docentes de la Facultad de Ciencias contra los siete firmantes). Y los acusaron de hacer política y no ciencia, algo que se reitera desde que comenzó esta discusión. Sobre todo, porque sus afirmaciones pecan de anticientíficas, según la inmensa mayoría de los académicos uruguayos.]

            Acerca del funcionamiento de las plantas de celulosa (Proceso ECF), sostienen que “en contrapartida con la visión de Botnia en su Estudio de Impacto Ambiental (2004), las empresas de pasta de celulosa que se han instalado recientemente en América del Sur, ya tienen en sus prontuarios graves denuncias ambientales, sociales y culturales”.

[No es “la visión de Botnia”: es la visión de los más reputados técnicos mundiales que han participado en este proceso, entre los cuales, injusticias de la vida, no figuran las denunciantes.]

            Las docentes señalan que los estándares internacionales y de la Unión Europea para las celulosas, “fueron definidos para Europa y son aplicables a ambientes que ya fueron modificados u ostentan un considerable grado de deterioro”.

[Por supuesto, no necesitan fundamentar esa afirmación. Recordemos: primero afirmaron que las fábricas contaminantes del Norte desarrollado huían al Sur porque en Europa no les permitían seguir trabajando con aquellos procesos. Luego se supo que era exactamente al revés: que las obligaban a reconvertirse a las mejores tecnologías disponibles, las que se usarán en Uruguay. Ahora la novedad es que las MTD fueron definidas para ambientes considerablemente deteriorados. ¿Se puede ser tan “científico” para afirmar algo así?]

            Apuntan además que en el informe de Impacto Ambiental de la empresa Botnia, “se menciona que las dioxinas y los furanos no van a ser monitoreados debido a que ellos se van a producir en concentraciones no detectables por los análisis químicos”.
Indican que dioxinas y furanos “son altamente contaminantes aún en ínfimas cantidades. Su acumulación es posible por ser elementos muy estables y persistentes, es decir que no se degradan fácilmente y pueden durar años en el ambiente”.

            “La excusa de que no son compuestos detectables químicamente, no debe ser utilizada para evitar su monitoreo, ya que de lo contrario nunca tendremos la certeza de si afectarán a la salud humana y al ecosistema”.

[¿Quién dice que no van a ser monitoreados? Precisamente: se va a monitorear que se mantengan en niveles indetectables. ¿Se puede llamar científico alguien que distorsiona así la realidad?]

            Como uruguayas, preguntan: ¿Podemos tener la real garantía que ante un incumplimiento (por menor que este sea), de las pautas de funcionamiento preestablecidas y autorizadas por la DINAMA, las fábricas podrán ser clausuradas de inmediato? Y se responden. “Existen ya varios antecedentes que hacen muy pertinente este cuestionamiento, dado que las leyes que hoy amparan cualquier reclamo de parte de los gobiernos, habilitan a las empresas a seguir funcionando hasta que se compruebe “científicamente” que ellas han sido las únicas responsables del daño denunciado”.

[Ellas se preguntan y ellas se responden. A tenor de las afirmaciones infundadas o directamente falsas que vienen haciendo desde el comienzo, lo único que pueden responderse es que no habrá control ni clausura. Obvio.]

            Remarcan además que “se podría decir que casi todas las empresas de producción de pasta de celulosa han tenido en su historial graves denuncias de daño al medio ambiente (incluidas las que utilizan el “moderno y seguro” método ECF). No obstante, es preocupante observar que esas mismas empresas hoy siguen funcionando.

[“Se podría decir” que las empresas que utilizan métodos modernos y seguros no tienen un historial de graves denuncias, sencillamente porque utilizan métodos modernos y seguros. “Se podría decir” que las que han provocado problemas al medio ambiente son las que trabajan con cloro elemental, que actualmente se están reconvirtiendo al método ECF, como Celulosa Argentina, por mandato judicial y en defensa de los habitantes. Y “se podría decir” que esa tecnología será la que Argentina desea que las plantas de celulosa comiencen a aplicar algún día. “Se podría decir”, también, que la inmensa mayoría de los emprendimientos de todo tipo causaron y causan impacto y/o daños al medio ambiente (frigoríficos, textiles, petroleras, monocultivos de todas las especies, fábricas de baterías, de vidrio, de neumáticos, carreteras…), y por eso surgió la necesidad de una ley de protección y estudios de impacto ambiental. Y por eso es imprescindible que la comunidad participe en el control de cualquier emprendimiento. Pero estas “científicas” son difundidas por la prensa piquetera argentina, la que está “contra el monitoreo”, no quiere discutir de nada sino simplemente decir NO. Muy científico.]

            Las profesoras Piñeiro y Corte recuerdan que otros científicos uruguayos han advertido “la posibilidad de consecuencias negativas sobre los peces del río.

            Un estudio describe al río Uruguay como el curso de agua más importante y con mayor diversidad específica de Uruguay, con más de 150 especies, pero el estudio de impacto presentado por Botnia refiere que no existen razones para augurar un impacto negativo sobre los peces del río.

            “Sería interesante conocer cuáles son los estudios o las fuentes en las que fueron basadas las afirmaciones efectuadas por la Empresa Botnia…

[Sí, “sería interesante”. Si además de considerarlo interesante se quisiera dedicar unas horas, bastaría consultar los trabajos publicados por la Dinama, que están a un click de cualquiera que de verdad quiere conocerlos.]

            … y también porqué desde la DINAMA no se interpuso ningún cuestionamiento a la no consideración de las recomendaciones efectuadas por los técnicos uruguayos”, cuestionan las profesoras.

[“Los técnicos uruguayos” cuyas recomendaciones no fueron consideradas, ¿son los siete de la Facultad de Ciencias? ¿Por qué no averiguarlo con todos los demás que rechazaron su talenteo?]

            Se preguntan asimismo: ¿Se ha estudiado adecuadamente el impacto que produce el monocultivo forestal programado para abastecer a las plantas de celulosa que proyectan establecerse en Uruguay?

            Al respecto, indican que en Finlandia, los planes de forestación siguen estrictas normas de protección al medio ambiente y de preservación de la biodiversidad.

            “En esos países la importación de especies exóticas no existe y solo se fomenta y subsidia la plantación de especies nativas; pinos, abedules y abetos.

            Por otra parte, las áreas de forestación están divididas en pequeñas parcelas, en las cuales los propietarios desarrollan otras actividades, como ganadería, además de la forestación.

            “Todo lo contrario a la forestación europea de punta es lo que uno observa en esta región del mundo, donde esos mismos capitales plantan y promueven grandes monocultivos de especies exóticas: pinos y eucaliptos, sin tener en cuenta sus efectos sobre el ambiente”, señalan.

[¿En qué “países”? Porque difícilmente el eucalipto sea originario de España, y vaya si los hay. Ence tiene plantaciones allá.
Pero la propia directora nacional de Medio Ambiente ha hablado reiteradamente al respecto:

“La instalación de plantaciones forestales ha generado grandes impactos en determinadas localizaciones.
El tema de las plantaciones forestales generaba inquietudes antes de que asumiéramos, y cuando lo hicimos sabíamos que la falta de una evaluación ambiental de los emprendimientos forestales era un asunto a resolver. Por eso, en septiembre de 2005, propusimos una modificación al reglamento vigente de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), incluyendo a las nuevas plantaciones forestales. Esa modificación por sí sola no serviría si no formara parte de la estrategia en común con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la cual serán revisados todos los suelos de prioridad forestal en los que se fomentó la instalación de estos emprendimientos.
Estamos trabajando muy fuertemente en la revisión de esos suelos, incluyendo variables ambientales en esa clasificación de los suelos de prioridad forestal, de manera de excluir a aquellas zonas sensibles como las cabeceras de cuencas, los bordes de los arroyos, que sin duda pueden generar problemas al funcionamiento de los ecosistemas y de lo recursos hídricos. Una manera preventiva de evitar esos problemas es no permitir la forestación en esas zonas, y ya tenemos emprendimientos que hemos prohibido. Eso puede parecer menor, pero prohibir una producción en este país donde en definitiva cada productor hace en su predio lo que quiere, es una medida de mucho impacto pese a que pasó desapercibida en toda esta problemática.
Tenemos que seguir trabajando en ello: despejar el tema de la forestación (debemos gestionarla, evitar esos puntos donde se acumuló la forestación y se generó impacto ambiental local), y replanificar el uso del territorio en todos los aspectos productivos.
Asociado al tema de la forestación está cómo llegamos a determinados emprendimientos industriales. No es mi área (corresponde al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), pero puedo hacer algunos comentarios al respecto. No toda la producción forestal tiene como destino principal las plantas de celulosa: esa es una opción, y hay otra que es producir madera aserrada con alto valor agregado de mano de obra. Ahora bien: muchos emprendimientos de aserrado de madera a pequeña escala utilizan recursos humanos, generan trabajo, pero acumulan residuos. Y esos residuos también tienen su boca de salida en las plantas de celulosa. Por eso asociamos los dos tipos de producción: la planta de celulosa es un camino para determinada producción forestal, pero también debería ir asociada a modelos de industria y aserrío, como un complemento necesario para evitar otro problema ambiental como sería taparnos de residuos industriales”].

            Sostienen que “el Informe de Impacto Acumulativo del Banco Mundial para Botnia y Ence realizado por la consultora ECOMETRIX19, refleja una grave indiferencia a los efectos negativos que podría producir la forestación en relación a tan importante recurso como lo es el agua”.

[Lo “científico”, por lo visto, es afirmar cosas que revelan ignorancia de documentos de acceso público, o…
Volvamos a la directora nacional de Medio Ambiente, hablando siempre en el entendido de que serían dos las plantas a instalarse en Río Negro, y siempre con el respaldo de la documentación que es de consulta pública:

“¿Cómo se estudió qué pasará con ese líquido que sale del caño y hacia dónde va? Como las fábricas no están funcionando todavía, no se puede medir en la práctica. Pero hay muchos estudios científicos que trabajan en modelos: el río se comporta de tal manera, y es esperable que los líquidos que salgan en este punto vayan hacia tal o cual lugar, con tal o cual concentración de elementos. Eso fue estudiado y la delegación argentina que trabajó con nosotros en la comisión binacional nunca lo pudo rebatir. Les preguntamos hasta el cansancio: ‘¿Tienen observaciones al modelo? Si es así lo corremos nuevamente. Si tienen información nueva que haga cambiar el modelo, lo cambiamos. Si les quedan dudas sobre las bases y los supuestos sobre los que está construido el modelo, lo hacemos de nuevo’.
(...) Para el grupo que estaba trabajando específicamente en el tema del agua hicimos una subcomisión para tratar el asunto. Ese grupo estaba trabajando en Buenos Aires y llegando a acuerdos el día antes de que la comisión binacional tuviera su última sesión; pero la reunión fue suspendida considerando que lo que ese grupo acordara no iba a ser tomado en el informe final de la delegación argentina. Quede claro que, respecto a la calidad del agua, casi habíamos llegado a un acuerdo.

Pero hay que decir también que ya anteriormente había un plan conjunto de ambos países, establecido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), para medir la calidad del agua ante la instalación de las plantas de celulosa. Eso está comunicado por el Gobierno de la Nación Argentina al Congreso de ese país, en su informe de Memoria Anual del año 2004, capítulo Cancillería, subcapítulo CARU, subcapítulo ‘Monitoreo de la calidad del agua del Río Uruguay frente a la instalación de las plantas de celulosa’. Es un documento público, se puede consultar en Internet.
Es decir que, desde el año 2004, uruguayos y argentinos teníamos un plan conjunto de monitoreo de la calidad del agua ante la instalación de las plantas. Sin embargo, y a pesar de esa prueba documental indiscutible, desde fines del año pasado, 2005, se argumenta que Argentina no tenía información sobre la instalación de las plantas.
En ese sentido estábamos trabajando: diseñamos los puntos de muestreo, acordamos la metodología con que se sacarían las muestras, acordamos el número de muestras, acordamos los análisis que se haría a las muestras, acordamos el intercambio de información, dónde estaba disponible... En esos términos está todo acordado hasta ahora.

Volviendo a las conclusiones a las que llega el análisis sobre la emisión de efluentes, es que la calidad del agua no se verá afectada en forma significativa aguas abajo.

Además están las condiciones que pusimos a las fábricas. Esos residuos deben cumplir la normativa del Decreto 253, y deben para eso instalar una planta de tratamiento de efluentes antes del vertido al río. Deben hacer lo que se llama un tratamiento secundario, es decir que se debe ir retirando todos los elementos indeseados de manera que, cuando el agua llegue al río, estén reducidas todas las posibilidades de contener sustancias químicas que puedan causar problemas.
Y además se estableció que se debe cumplir el digesto de calidad de aguas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la comisión binacional en la cual ambos países lo acordaron.

Los caños emisarios de las dos plantas están aguas arriba de la toma de OSE de Fray Bentos, lo que fue muy discutido por nosotros. Pero, como se estableció que las condiciones de calidad de las emisiones deben cumplir con la normativa nacional y binacional, las condiciones en la toma de OSE deben ser iguales al promedio habitual del río, es decir a la calidad que el río presentaría sin las emisiones. Y por eso se permitió que las dos plantas mantengan sus emisiones aguas arriba de la toma de OSE.

Pero tampoco nos quedamos tranquilos con que no va a pasar nada en la calidad del río. Así como se pide un plan de contingencia de bomberos por si hay un incendio, hemos estudiado el tema con OSE y también se están desarrollando planes de contingencia por si falla algo en el tratamiento del agua antes de su emisión. Para empezar, en las fábricas hay piletas auxiliares para retener el agua sin emitirla al río durante determinada cantidad de horas, y se preparan planes de contingencia para el caso de que haya un derrame”.

En el siguiente capítulo, nuevamente, se habla de todo en general y de nada en concreto. Y además, ¿en qué rama de la ciencia entran las consideraciones políticas siguientes?]

            Y con relación a la creación de trabajo, señalan que “las expectativas que las empresas han marcado respecto a este tema son interesantes, pero no espectaculares”.

            “La información que ha tenido masivamente el pueblo uruguayo a través de casi todos los medios de prensa, está sesgada a no pensar en otra posibilidad de generación de empleo que no sea a través de las plantas de pasta de celulosa y la forestación que ellas sustentan”, dice el informe de las docentes.

            *No dejan divisas importantes al país, ya que se instalan en zonas francas y tienen allí sus propios puertos.

[Sea cual sea la opinión que se tenga sobre las zonas francas: ¿contaminan, que era de lo que se venía hablando?]

            *Fomentan la generación de grandes extensiones de monocultivos de especies introducidas que modifican significativamente el ambiente y por ende afectan a la biodiversidad.

[¿También con el 3 por ciento de la superficie, en áreas de baja rentabilidad y con las modificaciones ya anunciadas y concretadas en cuanto a las autorizaciones para forestación? ¿Las “científicas” incluyen en su alerta a los monocultivos de soja argentinos y uruguayos, cuyos prósperos titulares son sus aliados en este sarampión ecologista? Hablando de “especies introducidas”, ¿incluyen a los arándanos de Entre Ríos y ahora en Uruguay, destinados a los mercados del Norte?]

            *Fomentan la extranjerización de la tierra, desterrando el modelo de país productivo y el poblamiento de la campaña que forman parte de una de las aspiraciones más importantes de la mayoría de los uruguayos.

[Por lo menos no dicen que provocan, sólo “fomentan la extranjerización de la tierra”. No es responsabilidad del eucalipto, entonces, sino de un proceso por el cual la tierra ha sido sucesivamente adquirida para plantar arroz, soja, trigo… ¿No será otro tema, para tratar en serio y no de un plumazo? La nobilísima intención del “poblamiento de la campaña”, ¿se resuelve vetando la forestación? Veamos:

La disminución permanente que se observa en la población rural (41,5% entre 1963 y 1996) tiene como lógica repercusión una caída porcentual aún mayor en la población entre 5 y 14 años y por ende en el número de alumnos que asisten a las escuelas rurales”, decía a fines de los 90 un informe del Consejo de Educación Primaria. Y recuérdese que la forestación comenzó ya entrados los 90.

El diagnóstico coincidía con el de la Federación Uruguaya del Magisterio: “En 30 años ha caído a la mitad la cantidad de niños que estudia en las escuelas rurales” afirmaba en 2003 el entonces dirigente sindical Héctor Florit. Destaquemos: contaba desde 1973.

“El vaciamiento poblacional del medio rural continúa una tendencia mantenida durante las últimas décadas, particularmente significativa en el período 1985-1996 en el Litoral (con menores índices de emigración rural en el Sureste, a partir de la producción intensiva y mejores condiciones de vida). Asimismo, el crecimiento de la población urbana y la urbanización, continúa su avance irreversible en todo el país, y particularmente en el Sur. Por último, observamos que la región Central, continúa un proceso de vaciamiento poblacional iniciado hace muchas décadas, con las mayores tasas de emigración”, sintetiza un trabajo de Danilo Veiga publicado en 2002 por la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología.

Quizá, superando las peores expectativas de las “científicas”, la forestación en Uruguay ha traído consecuencias en todo el mundo:

“Más de la mitad del mundo ya vive en las ciudades. La población mundial se concentra ya de forma mayoritaria en las ciudades, que además seguirán creciendo, sobre todo en África y Asia, según el informe de un instituto francés.
La tasa de población urbana ha superado en efecto durante este año 2007 la barrera del 50%, indica el Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED) de Francia, en su último número de “Población y sociedades”, con cifras de las Naciones Unidas.
En 1900, en todo el planeta sólo había un urbanita por cada diez personas, y en 1950, algo menos de tres de cada diez. En el año 2030, las ciudades acogerán a seis de cada diez humanos, es decir, a unos 5.000 millones de habitantes (sobre un total de más de 8.000 millones) frente a los 3.300 millones que se concentran hoy en las urbes.
Actualmente, los continentes más urbanizados son los muy desarrollados Europa y América del Norte, donde aproximadamente el 75% de la población vive en ciudades, y por encima de ellos, en América Latina son hasta el 78% de las personas las que habitan las grandes localidades.
(...)
En 1975, había tres grandes aglomeraciones de más de 10 millones de habitantes: Tokio, Nueva York y México, y en el 2005 eran ya 20. (…) Además, el número de ciudades de entre 500.000 y 10 millones de personas se dobló en dos décadas.
(…) Mientras, en África las ciudades crecen al tiempo que se convierten en más rurales, debido al empobrecimiento, que lleva a la gente a intentar subsistir trabajando la tierra”. (AFP)]

            *Producen la materia prima para un producto que el Uruguay ya tiene cubierto mediante las plantas que hoy funcionan en el país, al costo de un deterioro significativo del ambiente.

[Los directivos de las empresas son rematadamente tontos: compran tierras para producir una materia prima que ya tienen cubierta. Y el deterioro significativo del ambiente viene por añadidura en la misma oración, lo que ya es costumbre.] 

            Graciela Piñeiro y Sylvia Corte, que en su trabajo incluyen 19 citas documentales, dicen finalmente que “hasta que estos cuestionamientos no tengan un ámbito general de discusión y puedan ser suficientemente aclarados, deberíamos abrir un paréntesis de suspenso, que permita la reflexión entre todos los actores, y no se deberían conceder más permisos de forestación hasta que se lleve a cabo un estudio de impacto de carácter global”.

            El documento fue presentado en el programa Políticamente Incorrecto, que es conducido por los periodistas entrerrianos Daniel Enz y Fabián Magnotta y se difunde por canal 2 de Gualeguaychú.

[Daniel Enz es el director del periódico Análisis Digital, y Fabián Magnotta el director periodístico de Radio Máxima (es decir que se levanta a sí mismo), dos de los órganos de Gualeguaychú que amplifican sistemáticamente cualquier opinión (aunque sea vetustamente vieja o sencillamente ridícula) contraria a la instalación de las plantas de celulosa en Uruguay.
Ninguno de esos medios ha considerado relevante la resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, que recomienda comenzar a reconvertir las plantas de celulosa de ese país a la tecnología que se aplicará en Uruguay y en Europa. Ni tampoco consideran relevante el informe del Instituto Nacional de Tecnología e Industria de Argentina (INTI), la Fundación Argentina para la Ecología Científica, el Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Argentina y numerosos catedráticos que reiteraron que las plantas uruguayas no contaminan. Ni consideraron relevante el informe de la Academia Nacional de Ingeniería de su propio país, uno de los tantos que desmienten todas las afirmaciones vertidas aquí por Piñeiro y Corte. Y lo conocen, entre otras cosas porque ecoUruguay se los ha hecho llegar varias veces y porque algunos medios argentinos sí se dieron por enterados.
En cambio, y para conocer cómo se comporta “verdaderamente” el Río Uruguay, Radio Máxima confió en la opinión de Don Lote, “gran conocedor”, y lo publicó con destaque en su página principal. Piñeiro y Corte están bien acompañadas.

En todo caso, las “científicas” podrán buscar a continuación algunos de los informes técnicos que ellas dicen creer que no existen y que “sería interesante” conocer, y repasar además la opinión de sus colegas respecto a lo que ellas afirman.]

 
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