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Año IV - Nº 253
Uruguay,   28 de setiembre del 2007
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Javier García

Las solapas de Martín

   por Javier García
 
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            Que un ministro ejerza de patotero no es una cuestión que pueda saldarse diciendo que fueron "calenturas del momento". Los secretarios de Estado tienen derechos que no los poseen el resto de los ciudadanos, como es la inmunidad, los "fueros", al igual que los legisladores, pero por su cargo también asumen deberes.

            Hay cosas que pueden ser aceptadas si son hechas por personas comunes, pero son inaceptables si la hacen gobernantes. ¿Porqué?, porque tienen responsabilidades diferentes. No son mejores ni peores, pero sus actos tienen consecuencias diferentes a las de los ciudadanos de a pie.

            Si alguien recomienda a un familiar para un puesto o directamente lo emplea, es un acto normal de la vida privada y si se quiere de solidaridad, pero si esto lo hace alguien desde una responsabilidad de gobierno es nepotismo.

            Si en una cancha de fútbol los hinchas se agarran a las trompadas, es un acto privado con consecuencias limitadas a los intervinientes. Pero un ministro no tiene derecho a agarrar a los empujones a un ciudadano por sus ideas. No es ilegal hacerlo pero tampoco "debe" hacerlo, porque no es un ciudadano común. Tampoco es ético cuando sabe que anda con custodia y lo que buscaba era la reacción de Aguirrezabala para ponerse de víctima y ser el agredido. Si el ex ministro colorado hubiera respondido, como lo pudo haber hecho, ¿no habría sido un escándalo?, ¿y por qué no lo es la agresión de un ministro a una persona?

            Mujica recibió balazos, como argumentó (¿le da eso derechos?) y anduvo a los balazos, porque es su forma de entender la política. Por eso todavía se le escapa la patota como argumento político. Es el sedimento que lo traiciona. Por eso si un periodista le pregunta algo que lo incomoda lo insulta y si un adversario político lo molesta con sus ideas lo agarra de las solapas.

            Se empieza a generar una cultura política en Uruguay donde el ejercicio del gobierno da derecho a hacer lo que se quiera. Derecho a salirle de garantía con 300 millones de dólares de los uruguayos a una empresa privada, como hicieron los ministros Rossi y Astori con Pluna, y la desconocida Leadgate que hace el negocio del siglo con nuestra plata.

            Le da derecho a la ministra Arismendi a adjudicarle intenciones políticas a un fiscal que ejerce su función.

            Le da derecho a dar impunidad política a una mafia que se apoderó de los juegos de casinos a partir de la protección que le dan jerarcas del gobierno.

            Por eso, la agresión de Mujica no es una calentura, es un símbolo del gobierno que arremete contra aquello que lo contradiga. Puede ser un dirigente político, un periodista o el Tribunal de Cuentas.

            Esto es el estilo patotero, que se ejerce evitando los controles y por definición es antidemocrático. Es aquel que tiene amigos, a los que protege hagan lo que hagan, y enemigos.

            Entienden la vida política como un campo de batalla.

            Creímos que habían aprendido que la democracia "formal" contra la que se levantó Mujica, entre otros, es simplemente la democracia. Ahora atentan contra ella de una forma más sutil, la evitan.

            Están abriendo el camino de la judicialización de la política, y algunos deberán responder en los juzgados lo que podrían haber evitado asumiendo la responsabilidad política.

            Esto no es bueno para nadie. No es aconsejable que los jueces sean protagonistas de la vida política y menos que el gobierno los empuje a ese papel.

 
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