Avances por la papelera, al precio de los argumentos que se derrumban
	por Julio Blanck

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            Pocas semanas atrás, en una reunión con empresarios, Cristina Kirchner opinó que el conflicto con Uruguay por la papelera es la cuestión de política exterior más grave que heredaría del gobierno de su esposo. Si el diablo no mete la cola, argentinos y uruguayos, convocados por el esfuerzo componedor de los españoles, pueden dar el sábado en Nueva York un paso importante hacia la racionalidad, un insumo hasta ahora ausente en este conflicto.

            Allí estarán el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el canciller Jorge Taiana; el secretario de la Presidencia uruguaya, Gonzalo Fernández, y el canciller Reinaldo Gargano; junto al delegado real Juan Yáñez Barnuevo, a punto de cumplir un año en su gestión de buenos oficios.

            El optimismo declarado en Madrid, en estos días, por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y por su colega español José Luis Rodríguez Zapatero, trata de ser enfriado por los funcionarios argentinos, que buscan bajarles el precio a las expectativas por la reunión en Nueva York.

            Más aún, dicen que la realización del encuentro se reveló por una rencilla doméstica entre los uruguayos: creen que el canciller Gargano, que no había participado en el armado del encuentro, ventiló el asunto y así forzó a que lo invitaran.

            Por cierto, toda discreción ayudará a que las gestiones progresen. Pero también es cierto que la solución que empieza a esbozarse supone el derrumbe de algunos argumentos centrales de la Argentina, en este conflicto plagado de sinrazones y demagogias a uno y otro lado del río Uruguay. Aunque también en este largo camino espinoso se consiguieron algunos avances apreciables.

            En principio, el gobierno de Néstor Kirchner admite que la planta de la finlandesa Botnia no será relocalizada. De hecho, ya está construida y lista para funcionar. Además, acepta ahora que no contaminará en las dimensiones bíblicas que pretenden los ambientalistas.

            "Botnia es líder mundial en control de contaminación", se escucha en los despachos principales del poder. El grado de polución que se espera estaría dentro de los límites tolerados internacionalmente. Y además se avanza hacia un control ambiental conjunto, que le dará a la Argentina la posibilidad de supervisar este tema clave, tanto como monitorear los volúmenes de producción, para mantenerlos en un nivel que no agregue al agua y al aire más contaminación que la prevista.

            La hipótesis según la cual el curso de las corrientes del río Uruguay volcaría los efluentes de Botnia indefectiblemente hacia la costa entrerriana ha sido rebatida por estudios que obran en poder de la Casa Rosada. Ahora se sabe que esas aguas impuras derivarán del lado uruguayo hacia el Río de la Plata. Y que sólo podrían remontar desde allí hasta Gualeguaychú cuando soplen sudestadas, lo que de acuerdo a la estadística ocurre unas diez veces al año.

            Aun limitado, este argumento seguirá siendo usado por la Argentina ante el Tribunal Internacional de La Haya, tanto como el del olor desagradable de los productos químicos que utilizará Botnia. Ese aroma, en determinadas condiciones podría viajar los casi 10 kilómetros que median entre la planta y Gualeguaychú.

            También se admite en el Gobierno que ha desaparecido, por inconsistente, la queja por contaminación visual. Esto es, el supuesto efecto nocivo del perfil de la pastera sobre el paisaje de Gualeguaychú.

            ¿El Gobierno se desayuna recién ahora de todo esto? No. Lo sabía casi desde el principio del litigio, hace tres años.

            ¿Por qué se sobreactuó el enfrentamiento con los uruguayos? La respuesta, descarnada, es de un hombre clave en esta historia: "Nosotros teníamos un problema político con los cortes de ruta y había que desactivarlo". Lo que se hizo, entonces, fue buscar la solución a un problema creando otro problema mayor.

            Del lado uruguayo también abundaron las mezquindades y la mirada puesta sólo en necesidades políticas internas. Y también hay posturas que se derrumbaron.

            Para empezar, el gobierno de Tabaré tendrá que convivir con el corte de ruta en Gualeguaychú por un tiempo imposible de determinar: es la contrapartida a la admisión argentina de que Botnia está donde está y allí va a quedarse.

            También soportó presiones internas por los accidentes y filtraciones producidos durante la construcción de la planta. Esos episodios ayudaron al gobierno uruguayo a postergar la puesta en marcha de Botnia hasta después de las elecciones argentinas, uno de los gestos que ayudó a la descompresión actual.

            Uruguay además tendrá que avenirse al control ambiental conjunto y deberá seguir defendiendo su posición ante el Tribunal de La Haya, donde la Argentina mantiene su reclamo por la violación del Tratado del Río Uruguay.

            Algún día esa Corte dirá su última palabra. En la Casa Rosada nadie espera que impida el funcionamiento de la papelera. ¿Será una derrota? Prefieren mostrarlo como un empate. Y sobre todo como un alivio: "Fuimos a La Haya a pedido de los ambientalistas y cuando se conozca el fallo lo único que podemos hacer es acatarlo".

            En estos años, la política argentina hacia Uruguay se construyó tratando de no irritar a los asambleístas de Gualeguaychú. Pasadas las elecciones, se depositará en La Haya la esperanza de salir de esa trampa que el Gobierno se fabricó a sí mismo.

            Todo esto sucedería en tiempos de Cristina. Por ahora, parece haber demasiados hilos sueltos para suponer que el paquete quedará listo para regalo en Nueva York.

Fuente: Diario Clarín