Todo empezó a ser relativo para el gobierno y basta con explicaciones superficiales y algún adjetivo a mano para bajar los decibeles a las críticas y seguir tranquilos.
Así ocurre con los hechos del pasado 23 de agosto, y las consecuencias del temporal que nos azotó. Dos meses después del mismo concurrieron al Parlamento, concretamente a la Comisión de Defensa del Senado de la República, y convocados por el senador Penadés, la ministra Berrutti y el Director Nacional de Meteorología Raúl Michelini.
El gobierno, por intermedio de la secretaria de Estado, calificó lo sucedido y afirmó que Meteorología tuvo una actitud de "imprevisión y falta de preparación", y el responsable del servicio adujo falta de profesionalismo por parte de sus trabajadores, donde uno supone por sus dichos que no se ubica él, que es el responsable máximo.
Esta liviandad en el tratamiento del tema es sorprendente e indignante. Las consecuencias del evento climático, del que nadie avisó, y que nos tomara por sorpresa esa noche, fueron múltiples. Pero hay una que no tiene arreglo, ese temporal costó la vida de diez uruguayos. La "imprevisión" aducida en una sala del Senado por la ministra hace que diez familias uruguayas lloren una ausencia, algunas de ellas muy jóvenes. La falta de profesionalismo con que calificó el director del servicio a su propia dependencia, significa que su responsabilidad, que es entre otras la de avisar a la población sobre fenómenos climáticos que puedan poner en riesgo la vida humana, no se ejerció.
La pregunta es ¿cómo el gobierno puede mantener en el cargo al responsable del servicio que omitió sus responsabilidades? ¿Cree que quien omitió informar sobre algo tan grave y que tuvo consecuencias fatales puede seguir en el cargo?
El Sr. Michelini debe ser removido inmediatamente de la Dirección de Meteorología. Obviamente que su omisión no es voluntaria, pero su responsabilidad es intransferible. El jerarca puede delegar el mando, pero nunca la responsabilidad.
Se ha preferido comenzar una guerra santa entre predictores. El gobierno anunció una ley para regular el trabajo en los medios de estos profesionales. ¿Con qué autoridad el Poder Ejecutivo, que tiene un servicio que cae en improvisaciones, que carece de "profesionalismo, al que le "falta preparación", según el propio gobierno admite, pretende regular lo que él hace tan mal? Que los predictores privados tampoco predijeron lo que desde Brasil ya se advertía, es también cierto, pero está en la gente seguir creyéndoles o no, lo que no puede el gobierno es asumir un papel de tutelaje, cuando no ejerció su responsabilidad de dar un alerta meteorológica que si se hubiera lanzado hubiera evitado, seguramente, la muerte de uruguayos.
A partir del pasado 23 de agosto la credibilidad de los meteorólogos está muy lesionada. Es más, luego de ello empezaron a cubrirse las espaldas y a anunciar, por las dudas, de temporales que terminaron siendo brisas.
Pero en todo caso no se pierde una vida por exceso de precaución y sí por falta, inducida, de ella. Y eso es lo que pasó en este país y que con tanta liviandad se pretende minimizar.
Si el sistema político en general o un gobierno en particular no puede discernir estas cuestiones, entonces el futuro es sombrío. Esto no es un tema de partidos ni del que está gobernando ni de cualquier otro, sino de sensibilidades. Y lo que se perdió en esta instancia es justamente ello.
Luego de la muerte de diez uruguayos, que se podían haber evitado, la única respuesta del Ejecutivo fue un tirón de orejas al responsable del servicio omiso.
Este gobierno se empieza a acostumbrar a restarle importancia a lo grave, como que meteorología omita advertir de un temporal, y por sus consecuencias mueran diez personas. No hacen falta adjetivos sino decisiones justas, aunque no puedan reparar la vida.
