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Seguridad Pública
por Ángel María Gianola
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Hay un tema de actualidad, estrechamente vinculado a las políticas de seguridad pública, sobre el que es necesario insistir: el de la tolerancia cero. Tema bastante poco explicitado, no obstante mencionársele a diario, como si todos conocieren su alcance, sobre el que se han dado opiniones equívocas y contradictorias por parte de aquellas autoridades públicas, a quienes debiera exigírseles la mayor precisión y certeza en su definición, en razón de los altos niveles de inseguridad existentes en nuestra comunidad y de las legítimas expectativas de bonanza que su mención despierta.
La tolerancia cero, en verdad, como pretendemos explicarlo, es un procedimiento adecuado y lícito para terminar o atenuar el creciente nivel de insatisfacción que se percibe diariamente, siempre, claro está, que en su aplicación se respeten las garantías establecidas en nuestro sistema legal.
Las medidas de saturación e impacto que se estarían desarrollando según la información disponible, en barrios conflictivos de nuestra ciudad, constituyen un claro ejemplo de políticas de tolerancia cero. No obstante, sorprende la señora Ministro cuando ha declarado que no es partidaria de ello, porque así se lo aconsejan sus expertos asesores y sus propias “lecturas”, y porque en su aplicación “genera exclusión y discriminación” contra determinados sectores, “por porte de cara”(sic) (El País de 15/08).
Seguramente se refiere a experiencias habidas en otro país, porque en el nuestro las implanta sin vacilar, y sin explicar la contradicción de sus conceptos..
Las medidas policiales que se estarían cumpliendo con efectivos seleccionados, consisten en un sorpresivo rastrillado de calles, detención de personas para acreditar identidad, realización indiscriminada y no selectiva, interrogatorios en plena vía pública, detención de personas requeridas y traslado a comisarías, requisa de armas y otras.
A su vez, en forma paralela, el señor Intendente Municipal de Montevideo ha implementado su propia política de tolerancia cero, contra conductores que violan las normas de tránsito vehicular, que conducen con exceso de velocidad, que cruzan semáforos con luz roja, controlan faros encendidos y cinturones de seguridad, empleando un moderno sistema de radar y fotografía, y aplicando subidas multas a los infractores, -loable iniciativa para ordenar el tránsito capitalino, de total licitud.
Esta política no es novedosa, por cuanto se sabe que se aplica con éxito en los países desarrollados del primer mundo.
Lamentablemente, esas medidas no se extienden al tránsito irregular de caballos y carros recolectores de basura, que tanto perjuicios y aun mas graves que los otros, causan.
¿Qué es entonces la tolerancia cero?
Podemos definirla como la decisión de la autoridad competente de no permitir que las infracciones a la ley o el reglamento, mayores o menores, ocurran sin sanción para el infractor. Se trata, por su implementación, de prevenir la sucesión de conductas ilícitas de cualquier tipo que puedan, por su reiteración, ocasionar, por un lado, graves e irreparables daños a terceros, y por otro evitar que se genere una habitualidad que produzca a su vez un nuevo tipo de delincuente.
La política de tolerancia cero, cobró notoriedad con ese nombre al ser desarrollada en la ciudad de Nueva York, que veinte años atrás se había convertido en una de las más peligrosas del mundo.
El entonces Alcalde de la ciudad, Rudolf Giuliani decidió combatir la delincuencia en base a la teoría de “las ventanas rotas”, expuesta en 1992, por dos criminólogos de la Universidad de Harvard,. James Q.Wilson y George L.Kelling.
En base a las mismas, cuyo desarrollo y fundamento dejamos para otra oportunidad, se realizó una enérgica acción policial, aplicándose medidas predelictivas tales como la detención de menores, prostitutas, ebrios, que fueron sometidos a interrogatorios intensos, y requisas y “razzias” por conductas ilícitas aun menores, contra personas y minorías de la población, que determinaron en corto plazo una sensible disminución de hechos criminales y una real percepción de seguridad, para satisfacción de los exigentes contribuyentes de la ciudad.
No es esta una teoría exenta de riesgos y el quid de la cuestión radica en su aplicación en base a la ley. En Nueva York, si bien se logró un éxito rotundo y reconocido, que catapultó a la fama al señor Giuliani, no es menos cierto que su aplicación generó numerosas violaciones de derechos individuales y graves daños a personas y colectividades, porque dicha política derivó a la discriminación y agravio de las minorías afro, latinas y otras, y aún sirvió a objetivos mas aberrantes, como la expulsión de inmigrantes ilegales.
También esa política, extralimitada, dio lugar a numerosos juicios por sumas millonarias contra el Estado, por personas lesionadas en sus bienes y derechos.
En nuestro país esa política será posible y la justificamos, siempre y cuando se respeten la Constitución de la República (Sección II, Derechos Deberes y Garantias) la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) el Código Procesal Penal (Ley 15.032 de 7/07/980) y la ley de Procedimiento Policial recientemente aprobada y promulgada.
Si esto va en serio, si se toman las precauciones debidas y si se tienen en cuenta las importantes limitaciones de la tradición liberal, garantista y democrática de nuestras leyes, se podrán abatir, en buena medida, los actuales niveles de criminalidad.
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