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Año V - Nº 262
Uruguay,  30 de noviembre del 2007
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            Las Instituciones Sociales de la Policía cumplen un importante rol de contralor y aporte en determinadas áreas de la interna policial.

            Por ejemplo en el área institucional, deben velar por las mejores condiciones laborales de todos los policías, en cuanto a la seguridad laboral, la legislación aplicada, y la optimización de los recursos humanos de la Institución.

            En el área económica reclaman que al personal policial se le pague en forma acorde a las tareas que desempeñan y a los riesgos que estas encierran.

            Intentan lograr que los policías vivan dignamente con un sueldo adecuado, y que no tengan que desgastarse y debilitar el servicio haciendo 222 en forma desmedida.

            Finalmente se involucran en todas las actividades vinculadas al área social.

            Así vemos que el tema sanitario es primordial, y aspectos que tienen que ver con ayudas económicas, becas, hogar estudiantil, velatorio y sepelio, esparcimiento, etc. son algunos de los temas de su interés directo.

            Más aun cuando el actual sistema de prestaciones sociales se basa en el Art. 87 de la Ley Nº 13.640 por el cual se descuenta un porcentaje del sueldo de cada policía para sostener un fondo de ayuda.

            Como en otros ámbitos del Estado, las Instituciones Sociales o sindicales deberían tener participación en la distribución y contralor de esos fondos.

            Actualmente en el Ministerio del Interior esto no sucede y en administraciones anteriores, se usó indiscriminada y descontroladamente de ese fondo, -que tiene previsto solo el 1 % de los mismos para asignación a viviendas-; U$S 7.000.000, que sumados a U$S 4.200.000 aportados por el MVOTMA, hacen una suma total de U$S 11.200.000, que se volcaron al Banco Hipotecario del Uruguay para soluciones habitacionales para el personal policial desde el año 1993 a la fecha.

            Pero cuando las Instituciones Sociales preguntaron cuantas viviendas se habían otorgado a los policías por ese dinero, se encontraron con la tremenda sorpresa que el Ministerio del Interior que debe administrar esos dineros, solo sabe que en el marco de un convenio con el MVOTMA y el BHU, se entregaron dichas sumas, pero no sabe cuántas viviendas, ni a quienes fueron entregadas.

            En tanto el BHU se ampara en el secreto bancario para no dar explicaciones. Pero lo cierto es que hubieron U$S 11.2: destinados a viviendas para policías, y hoy no sabemos: ¿dónde está ese dinero?, ¿Cuántas viviendas fueron?, ¿quiénes fueron los policías beneficiados? etc.

            Muchas veces la discrecionalidad política de los jerarcas y la prepotencia en los procedimientos, se pueden prestar a abusos y descontroles. Si es nuestro dinero, ¿no tenemos derecho a controlar su uso?

                                                                     La Comisión

 
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