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Año V - Nº 261
Uruguay,  30 de noviembre del 2007
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Darío Acevedo Carmona

ECOS DE UN DEBATE
Sobre el intercambio humanitario

por  Darío Acevedo Carmona
Medellín - Colombia -(Perfil)
 
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            Después del debate en el Senado de la República (nov. 27) quedan claras las razones que tuvo el gobierno nacional para aceptar la participación de Piedad Córdoba y del presidente venezolano en las gestiones en pro del intercambio humanitario: mantener una búsqueda, ampliamente descrita por el Alto Comisionado de Paz, el doctor Restrepo, y creer que la guerrilla tenía interés sincero en llegar a un acuerdo. Una falla garrafal en el análisis estratégico de todos los riesgos que se corrían con tan aventurada decisión.

            Otros asuntos quedaron bien nítidos: 1. para las fuerzas de oposición, liberalismo y Polo Democrático, pesa más el antiuribismo que el sentimiento nacional ofendido por un gobernante que sin ambages y sin razones la ha emprendido contra el presidente colombiano y contra la dignidad de nuestro pueblo con insultos desobligantes. Los voceros de ambas fuerzas fueron bastante indulgentes, comprensivos y solidarios con Chávez y, como siempre, muy duros con el gobierno nacional, despreciando las detalladas explicaciones del Comisionado. 2. El espíritu antiuribista les hace perder a estos partidos la perspectiva y el orden de los hechos en materia de intercambio al igualar la responsabilidad entre gobierno y guerrilla como si fuese igual de grave usar unas personas como botín que tener consideraciones de seguridad y de conveniencia pública y al afirmar que la terquedad de la guerrilla es comparable a la del gobierno, desconociendo los esfuerzos realizados por éste y las reiteradas burlas e incumplimientos de aquella. 3. Que en caso de conflicto internacional el Congreso y los congresistas quedan en deuda con su deber y responsabilidad de salir en defensa de la soberanía y de exigir respeto a quienes osan ofender las autoridades máximas y legítimas del país, la falta de compromiso es vergonzosa tratándose de uno de los pilares del poder. El recinto semivacío del Congreso da para pensar que los senadores tienen el orgullo nacional en los talones.

            Fueron insistentes los voceros de la oposición en defender dos equívocos: que otorgar estatus político a las FARC y reconocer la existencia de un conflicto armado son condiciones ideales para facilitar una negociación, como si ambas cosas no se hubiesen dado ya en varias ocasiones en el pasado. Ello significa desconocer flagrantemente que el real objetivo de esta guerrilla es la toma del poder para adelantar su llamada revolución bolivariana. Los críticos de la seguridad democrática consideran que los diálogos de paz sin condiciones previas cumplen por sí mismos una función positiva. En un escrito reciente, el filósofo español Fernando Savater, planteaba que el diálogo sin condiciones se había convertido en una especie de mito y que no tiene sentido proponerlo sin exigirle a los violentos el compromiso de abandonar las armas. Dicho razonamiento tiene plena validez en Colombia si se tiene en cuenta que en su gran mayoría los procedimientos de las guerrillas tienen el sello de crimen de guerra. ¿Para qué sentarse a negociar la paz si el enemigo insiste en destruir las instituciones? Si no hay un compromiso serio y creíble de abandonar las armas y las hostilidades contra el estado legítimo carece de sentido la búsqueda de un acuerdo.

            También quedó bien claro que la Oposición invierte la culpa al hacer a un lado el hecho protuberante de que quienes están chantajeando a la sociedad colombiana y al mundo son las guerrillas a través de un delito de lesa humanidad como el secuestro. En ese sentido es que han orquestado nacional e internacionalmente un movimiento no a favor de la libertad de los 50 secuestrados a los que las Farc les da calidad de intercambiables, ni de la liberación del conjunto de secuestrados innombrados (que son más de 700), sino de presión contra el gobierno colombiano para que acceda al chantaje. Se entiende entonces, que en su lógica arrevesada, el culpable de cada fracaso, del dolor de los familiares y de las víctimas, siempre es el gobierno. Una infamia colosal. Y a todas estas hay que agregar la posición gelatinosa de cierta comunidad internacional que cierra los ojos ante la evidencia de un grupo que exige reconocimiento político y que se le quite el calificativo de terrorista usando métodos de terror para forzar ese cambio.

            Son ilusos o tercos aquellos que no quieren entender que la guerrilla no está interesada en soltar una presa tan codiciada, pues hacerlo significa, ni más ni menos, como ya lo han reconocido varios analistas, quedarse sin el queso y sin el pan.

            Análisis aparte merece la actitud observada por el presidente venezolano al final de este proceso. Su afán de protagonismo y su desprecio por las normas de cortesía y de diplomacia, lo llevaron a asumir la decisión soberana de Colombia de suspender los contactos como una afrenta. Alguien le hizo ver, un día después de su inicial reacción mesurada, que este era un momento clave para utilizar en su campaña en pro del referendo fundacional de la nueva dictadura del proletariado latinoamericana, y por eso es que estamos en presencia de una grave crisis. No es el fruto de una ofensa del presidente Uribe sino el resultado de haber asumido su papel de mediador con demasiadas ínfulas y exceso de protagonismo.

Medellín, noviembre 28 de 2007

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