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Año V - Nº 261
Uruguay,  30 de noviembre del 2007
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Manuel Solanet

Botnia en operación

por Manuel Solanet
 
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            Después de una última postergación en respuesta al pedido del rey, Uruguay dio la autorización a Botnia y ésta puso en marcha su planta celulósica. Finalizó así una etapa del conflicto, para iniciar otra que debiera perder gradualmente intensidad a medida que se verifique que no se producen los efectos ambientales tan temidos. No hay que descartar que por un tiempo cualquier pescado muerto, olor o enfermedad en la zona será adjudicada a Botnia, pero eso declinará si no está sustentado por los resultados de un monitoreo serio. Ya el primer día de operación, algún periodista reportó olores nauseabundos en Gualeguaychú, a 28 kms., seguramente alentando su imaginación por un comunicado de la propia Botnia que advirtió que en el proceso de puesta en marcha habría olor a coliflor hervido dentro y en el entorno muy cercano de la planta.

            La operación no tendrá efectos contaminantes perceptibles si la construcción de la planta ha respetado los estándares con los que fue diseñada, y nada hace pensar lo contrario. Efectivamente, la tecnología empleada responde a la última generación de plantas celulósicas, que han permitido resolver el problema del tradicional efecto contaminante de esta industria. Varias plantas iguales a la de Fray Bentos operan ya en el mundo y algunas de ellas lo hacen a orillas de lagos interiores de los que las poblaciones colindantes extraen el agua potable. Finlandia ha liderado justamente estos cambios.

            La Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad del grupo del Banco Mundial, hizo realizar un detallado estudio del impacto ambiental de este proyecto en conjunto con una segunda planta cercana de ENCE, que luego fue relocalizada. Lo hicieron dos consultoras independientes de prestigio internacional: Pacific Consultants Internacional y Pirie. La CFI hizo revisar las conclusiones por una tercera consultora, la firma canadiense Hartfield. Todos estos estudios han estado disponibles en internet (www.ifc.org). La conclusión, que está técnicamente demostrada, es que las emisiones atmosféricas y los efluentes líquidos y sólidos estarán dentro de las normas exigidas por los estándares internacionales más rigurosos y no crearán riesgo para la salud, ni para el ecosistema. Tampoco producirá olores perceptibles más allá de muy cortas distancias y en situaciones excepcionales de operación. La línea controlada de humo de su chimenea alcanzará un radio máximo de dos kilómetros en la dirección del viento, por lo tanto no llegará a la costa argentina. Desde ya que estas conclusiones son válidas siempre que la planta haya sido construida y sea operada según su diseño aprobado. El órgano de control medioambiental del Uruguay ha sido responsable de verificarlo y la CFI sólo ha financiado la obra cuando se aseguró plena seguridad ambiental. La contaminación visual no puede alegarse a una distancia de 28 Kms. de Gualeguaychú y 11 Kms. de la playa Ñandubaysal. Sólo la publicación de fotos tomadas con poderosos teleobjetivos o desde el cercano puente internacional, ha causado confusión a este respecto.

            Cabe preguntarse porqué se ha producido una reacción tan violenta y generalizada en Gualeguaychú. Creemos que se debió a la falta de comunicación y a mala información. Un técnico español de una antigua y contaminante planta celulósica de Pontevedra, trajo en los inicios del proyecto impactantes testimonios y vaticinios. También lo hicieron algunos movimientos ecologistas. A partir de allí se puso en marcha un proceso autoalimentado de furia colectiva que abarcó todos los estamentos de la población local. Se hizo una causa social que fue impermeable a cualquier argumento o comprobación racional, adjudicando mala intención y connivencia con intereses espurios a quienes los esgrimieran. Tanto el gobierno provincial como el nacional no operaron en el sentido de informar lo correcto, sino que se enancaron y alentaron especulativamente la furia colectiva.

            La línea legal de la defensa argentina fue la acusación de incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay por falta de consulta previa. En realidad hubo solo una comunicación cuasi informal del Uruguay en 2004, reconocida y aceptada en su momento por la cúpula del gobierno argentino. Probablemente el uso de un canal directo y discreto fue un atajo del gobierno uruguayo, que temía reacciones ecologistas injustificadas, alentadas políticamente o ideológicamente. Pienso que fue una estrategia comprensible y sólo aceptable por la calidad no contaminante de la planta. No había además antecedentes ni regularidad en la solicitud de tales permisos de ambos países dentro del Estatuto.

            Muy probablemente, si la planta cumple con los estándares, La Haya desestimará el reclamo argentino. Ya lo hizo en 2006 frente al pedido de detener la construcción. Una incorrecta y demagógica actuación del gobierno argentino fogoneando a los asambleístas y permitiéndoles todo tipo de transgresiones, le ha quitado razones y jugará en adelante como un bumerang. Mientras permitió que los asambleístas bloquearan una frontera internacional, nuestro gobierno declinó el ofrecimiento de participar en el monitoreo conjunto, entendiendo erróneamente que de hacerlo estaría cediendo en sus reclamos maximalistas.

            La escalada del problema con Uruguay ha llegado a niveles imperdonables. Se ha hecho quedar mal al rey de España pidiéndole mediar en un conflicto injustificado, que sólo tenía un obvio final: la terminación de la obra y la operación de la planta. Es hora de poner las cosas en su lugar. El gobierno debe imponer autoridad para garantizar el paso en los puentes y rutas; debe aceptar compartir el monitoreo y si hubiera algún impacto medioambiental por sobre las normas, hacerlas cumplir y actuar en el tribunal de La Haya. Lo fundamental es no aliarse a protestas colectivas por mera demagogia, sino informar con la verdad para traer paz y tranquilidad.


Fuente: Fundación Futuro Argentino
 
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