Pero lo más importante ahora es responder a la pregunta de si los nuevos fallos favorables a la constitucionalidad del IRPF a los pasivos le dan la razón al gobierno en su posición de esperar una secuencia de sentencias antes de derogar la Ley. Y la respuesta es que no. La situación ahora es que hay pasivos –miles– que no van a pagar y otros –la mayoría– que sí tendrán que pagar lo que genera una desigualdad ante la Ley inadmisible. La única solución sensata es derogar el impuesto, y estudiar la posibilidad de sustituirlo por otro o aceptar la tesis de que las jubilaciones y las pensiones no deben ser gravadas. Pero en cualquier caso la actual situación es insostenible.
