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La Carta Democrática Interamericana
y el caso boliviano
por Marcelo Ostria Trigo (Perfil)
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El 11 de septiembre de 2001 fue un día que York y Washington, D.C. perdieron la vida tres mil personas, por obra de la barbarie terrorista. Pero también fue un día honroso, porque los gobiernos de los países del Sistema Interamericano, aprobaron en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana.
Esa Carta comienza con una sentencia memorable: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” (Artículo 1), luego, el pueblo boliviano también tiene derecho y el gobierno actual del la humanidad no podrá olvidar. En Nueva Movimiento al Socialismo, no está liberado de la obligación de defenderlo.
Lo que con tanta esperanza se aprobó en Lima y que fue el resultado de un empeño colectivo de los Gobiernos, que se procesó en un ambiente democrático y realizador en el Consejo Permanente de la OEA y concitó la expectativa de América de que había llegado el tiempo de que las autocracias ya no tienen cabida en este continente, ahora está en duda, confirmado que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”.
Pero ¿por qué este descreimiento? Sucede que los bolivianos recuerdan que recientemente el secretario general de la OEA, en visita a Bolivia con irresponsabilidad, por no decir con complicidad infame, bendijo la ilegalidad, sabiendo –no se puede dudar de ello– que el golpe a la democracia había comenzado en un cuartel, el de La Glorieta, y se confirmó en Oruro, cuando se pretendió adoptar por la fuerza un proyecto oficial de constitución. Y lanzó otro disparate: no encontraba nada objetable en un proyecto con más 400 artículos que no había leído, lo que implica que justificó implícitamente, entre otras necedades, la consagración constitucional de dos regímenes de justicia paralelos y excluyentes. Con un secretario general de la OEA dispuesto a convertirse en cómplice de los constantes atentados contra la democracia boliviana, es difícil confiar en que la Carta Democrática Interamericana, ese esfuerzo honroso de tantos, vaya a servir para la proteger la libertad y los derechos ciudadanos en Bolivia.
Todos somos testigos de cómo hace dos días, el 28 de febrero de 2008, vino el golpe de gracia a la democracia boliviana. La violencia, la prepotencia, la desembozada incitativa del gobierno a la agresión para conseguir a toda costa la aprobación congresal de leyes, muestran que el actual populismo boliviano intenta instalar una desembozada autocracia. Los llamados “movimientos sociales”, han cumplido la orden presidencial de acabar con la democracia, asaltando el Congreso para sojuzgarlo –“la separación e independencia de los poderes es un elemento esencial de la democracia” (Artículo 3 de la Carta)–; luego, vino la algazara populachera celebrando la “hazaña”. Las preguntas: ¿los miembros del Consejo Permanente de la OEA serán consecuentes con la decisión común de proteger la democracia en América, de defender la continuidad institucional boliviana, de exigir que se respete la ley, reconociendo el derecho de los ciudadanos a discrepar democráticamente? ¿Serán capaces de reunirse para considerar los graves sucesos de Bolivia, como lo establece la Carta Democrática? ¿Tendrán claridad de juicio para condenar la aprobación, conseguida con la violencia, de leyes ahora nulas por su origen espurio? ¿Habrá todavía coraje para condenar al populismo agresivo enseñoreado en esta parte de América? ¿Persiste aún el admirable espíritu de Lima de 2001? Esto es crucial; porque la OEA nuevamente ha sido puesta a prueba. Si los americanos, en el seno del Sistema Interamericano, no somos capaces de defender el derecho a la libertad y a la democracia, poco hay que esperar del organismo regional.
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