Garufa: Uruguay se sumerge en la pobreza por Ricardo Garzón

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         Ningún docente, y entiéndanse por tales los maestros, profesores de Secundaria, UTU y Universidad de la República, deberían ganar por debajo de los 20 mil pesos por mes.

         Como tampoco ningún médico de la salud pública, y tantos otros profesionales o trabajadores con oficio que diariamente deben preocuparse hasta de conseguir dinero para tomar el ómnibus, comer, atender debidamente a sus hijos y tantas otras obligaciones que derivan del diario vivir.

         Naturalmente que no es culpa de este gobierno que los trabajadores atraviesen por momentos de penuria económica, pero sí es de su incumbencia el incumplimiento de los objetivos propuestos y prometidos en la campaña electoral, en donde la reforma del Estado figuraba en carácter de rol principal.

         Y también es responsabilidad del gobierno que los dineros públicos se distribuyan mal, pésimamente, porque el Poder Ejecutivo no puede con los sindicatos públicos ni con el amontonamiento cada vez mayor de empleados en los entes autónomos y servicios descentralizados del Estado.

         En esta oportunidad no será enfoques el medio que ponga en tela de juicio el estado parapléjico del gobierno, más empeñado en demostrar en los Estados Unidos que Uruguay está en condiciones de enfrentar la crisis que sacude ese país, que en preocuparse del bienestar de sus habitantes.

         Con un desparpajo inaudito, el ministro de Economía sostuvo ayer en Miami que Uruguay "está protegido" para no sentir los efectos de la crisis de Estados Unidos u otra contingencia externa, en tanto más de la mitad de la población hace maravillas para sobrevivir, con Intendentes (gobernadores) de los 19 departamentos de la República peleados entre ellos, situación que ha derivado en que una legión de inspectores municipales de la ciudad de Montevideo persigan a los automovilistas que tienen chapas del interior, intimándoles a re-empadronar en la capital uruguaya bajo pena de multas que comenzarán a aplicarse dentro de quince días, en un país que tiene apenas una superficie terrestre de 187 mil kilómetros cuadrados. Se ha multiplicado hasta el infinito el impuesto por concepto de contribución inmobiliaria, absolutamente impagable para el 90% de la gente, sumergida también en miles de toneladas de basura porque los funcionarios municipales encargados de la recolección están en huelga en Montevideo.

         La penosa imagen de Astori en la ciudad principal de ingreso de latinoamericanos en los Estados Unidos, explicando que Uruguay tiene recursos para pagar las cuentas, contrasta rudamente con la realidad nacional, en donde la gente transcurre su vida familiar y social por debajo de la línea de pobreza, y en donde se considera que 15 mil pesos flacos y desgraciados constituyen un monto apreciable digno de gravámenes, entre ellos el despreciable impuesto a la renta de las personas físicas, en un país que sufre la aplicación de tarifas públicas exorbitantes y desorbitadas en relación razonable con los estipendios generales, y con un IVA descontrolado para el bolsillo del contribuyente.

         Tenemos la electricidad y los combustibles más caros del mundo; el agua por las nubes, y las llamadas telefónicas con cifras insoportables. Ni 15 mil ni 20 mil pesos, ni 30 mil constituyen montos imponibles, cuando la canasta familiar roza ya los 34 mil pesos.

         ¡Y ni qué hablar del precio de frutas y verduras en el supermercado y en las ferias! El precio de la carne en niveles prohibitivos para el común de la gente, al igual que pollos y pescado.

         Y arriba de esta pirámide el IRPF y el cada vez peor estatus de la población, sumergida en aguas de letrinas no conocidas en la historia del país.

         Pero, como indicamos líneas arriba, no seremos nosotros quiénes, hoy, juzguemos lo que está ocurriendo.

         Tomamos de una nota del diario EL PAIS, que muy rápidamente desapareció de la edición digital del matutino, un comentario que efectuó con honestidad probada el presidente de ANTEL, opinión que seguramente le costará el puesto en los próximos días.

         Pero mejor aún. Vayamos directamente al juicio editorial del diario referido, el de mayor circulación nacional, contenido en cabeza de página de su reciente edición dominical. 

Tarde Piaste

"O nos adaptamos a los cambios o Antel deja de existir". Con una frase parecida a esa, hace década y media el gobierno del Partido Nacional intentó asociar a la telefónica estatal con capitales privados a fin de modernizarla y tornarla competitiva, pero no pudo sortear la oposición agrupada en torno al Frente Amplio. Hoy, quien emplea la frase antedicha es el presidente de Antel, Edgardo Carvalho, designado por el mismo Frente Amplio que otrora hizo todo lo posible para cristalizar a Antel en la ineficiencia y el atraso tecnológico.
Ahora son los frenteamplistas quienes deploran la decadencia del ente a pesar de las advertencias que se hicieron entonces sobre la necesidad de introducir cambios en Antel. Con una tramposa propaganda en donde se llegó a identificar los teléfonos con la idea de patria, con imágenes de los supuestos piratas de parche y garfio que venían a arrebatarnos lo nuestro, la izquierda forzó un plebiscito en el cual quedó bloqueado todo intento de renovar una empresa que, en aquel tiempo, valía mucho y podía desarrollarse. Hoy, los vaticinios que hicieron los gobernantes blancos a comienzos de los noventa, se han convertido en la realidad de una empresa cuyo patrimonio se desvaloriza año a año y que prácticamente se encuentra en manos del sindicato de sus funcionarios.
Fue ese sindicato, Sutel, quien lideró la resistencia a la ley modernizadora de Antel y quien logró convencer al Frente Amplio para procurar su derogación, campaña en la que recibió al final la inesperada ayuda del Foro Batllista. La preocupación del gremio era la pérdida de poder sobre el manejo de la empresa y la eventual inseguridad en el empleo que podría sobrevenir. Hoy es Carvalho quien retoma ese asunto al decir que, sin un régimen privado en materia laboral, Antel marcha hacia la ruina. La telefonía fija se reduce y a la empresa le cuesta cada vez más competir en el campo de la telefonía celular. Según Carvalho, los cinco mil funcionarios del ente y los 740 miembros de los "call center" empleados a término pero que quieren ser presupuestados, son una carga cada día más difícil de soportar para las menguantes finanzas del ente. Tarde piaste, habría que decirle. (EL PAIS, 6 de abril)