Perspectivas del diálogo por Marcelo Ostria Trigo (Perfil)

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            Seguramente son pocos los que se oponen al diálogo como camino civilizado para resolver diferencias y problemas en los ámbitos público y privado. Esto es particularmente importante, si se trata de asuntos que influirán en el futuro de una nación. Por esto es que tantos han insistido en alentar el diálogo propuesto por los prefectos de departamentos y aceptado por el presidente de la república para acercar posiciones y haciendo concesiones mutuas para conjurar la crisis.

            El propósito de este diálogo fue llegar a la concertación en temas de la mayor trascendencia, resaltando la propuesta de reformular un ilegal proyecto de constitución política del Estado. Por supuesto que también son cruciales los otros temas planteados: las autonomías departamentales aprobadas por referéndum, y la distribución de los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, son esenciales para el desarrollo regional.

            Así renació la esperanza de consolidar la paz y la unidad que se estaba perdiendo. Las posiciones del gobierno frente a las legítimas demandas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, se pusieron en evidencia en la iniciación del diálogo –ciertamente con rasgos dramáticos; careos incluidos–. Sin embargo, parecía que se podía llegar a la concertación. Esta impresión se mantiene, pese a signos preocupantes que son secuela del apresuramiento de un ministro que declaró que el proyecto de constitución aprobado ilegalmente en el cuartel de La Glorieta y Oruro, es innegociable y, por tanto, inmodificable. Y, para confirmar esta afirmación del alto funcionario, el 8 de enero, o sea al día siguiente del diálogo, el vicepresidente, que no contribuyo al entendimiento, se lanzó a una poco sensata y provocadora campaña por la aprobación en referéndum, de la versión masista de proyecto constitucional. Estos son dos signos negativos.

            Es bueno reiterarlo: el tema de la constitución política del Estado es central. Conforma legalmente los poderes públicos, o sea la institucionalidad republicana, y establece las garantías y los derechos ciudadanos, junto a otros temas igualmente trascendentales. De esto depende el futuro de la Nación. Se trata de definir si estamos dispuestos a establecer un modelo de nación moderna y democrática o aventurarnos en conformar un Estado dominado por una autocracia populista,  racista y negadora de la libertad y la justicia.

            Se ha hecho evidente que, pese a declaradas buenas intenciones, el sectarismo oficialista persiste. En lamentable empecinamiento, se busca resquicios para no ceder. Y el propio presidente cree haberlo encontrado, al afirmar que el camino –en un intento leguleyo para fortalecer su posición– es encomendar la reforma del parcializado proyecto de constitución a la asamblea constituyente, o sea a los que lo aprobaron, sin leerlo –si, no lo leyeron y lo votaron–, y que cometieron ilegalidades manifiestas. Esta es una de las dudosas contribuciones del oficialismo, encarnado en el presidente. Entonces sería poco lo que se puede esperar de este diálogo.

            Hay que advertir jun vez más que la propia autonomía departamental, ya aprobada popularmente en cuatro departamentos, sería desvirtuada en el texto constitucional populista. Y en lo referente la distribución del impuesto directo a los hidrocarburos, confiscando lo que corresponde a los departamentos, es el camino para ahogar a las administraciones regionales. Tampoco la posición en estos temas es prometedora.

            Parecería que se desea que el diálogo fracase, ganando tiempo y apresurando la imposición.