Autonomías: convivencia posible por Eduardo Rodríguez Veltzé (Perfil)

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         Si las proclamas y principios contenidos en los Proyectos de Nueva Constitución  y de Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz  reflejaran  genuina y unánimemente los sentimientos de quienes, por la fuerza de la historia y la geografía, compartimos el territorio boliviano, no tendríamos mayor razón para sostener los conflictos que hoy nos enfrentan.

         En ambos instrumentos se invoca conceptos como: “pluralidad, sociedad justa, armonía, unidad del país, estado pacifista, cultura de paz, vocación democrática, derecho a la autonomía, hermandad, solidaridad, control social, etc.”  que por ahora, son sólo expresiones retóricas. El desafecto por el dialogo y la construcción de consensos, precipitó el fracaso del proceso constituyente y como consecuencia, las aspiraciones se reducen a estos textos cuya aprobación será mutua e indefinidamente recriminada, y que en lo práctico,  resultan  incompatibles y poco funcionales. Aún así, comparten varias aspiraciones comunes que pueden ser la base para formular una ecuación equilibrada.

         El principio de autonomía es inseparable al de unidad, sólo podrá existir una autonomía si esta unida a un Estado central que la reconoce,  que cuenta con  un modelo de ordenamiento territorial, con disposiciones sobre la tierra y el territorio, idealmente forjado a partir de su realidad, del examen de los procesos y experiencias cumplidas y visiones del mayor consenso posible.

         Llama la atención que los proyectos de Constitución y de Estatuto sean incompatibles en el tratamiento del recurso tierra. Cada instrumento lo consigna como atribución “exclusiva”  y define, en el primer caso, que el Presidente de la República como “autoridad máxima” del Servicio Boliviano de Reforma Agraria otorga los Títulos Ejecutoriales de distribución de tierras, y en el segundo, esta competencia corresponde al Gobernador del Departamento.

         No es un tema menor, el ordenamiento jurídico vigente responde a importantes procesos de recuperación, ordenamiento, distribución y titulación de la tierra por el Estado central, antecedentes que simplemente no pueden desaparecer ni modificarse sin contravenir la legalidad y afectar la seguridad jurídica de todos.

         La oportunidad esta abierta para lograr un esquema más compatible y funcional,  garante de principios constitucionales en relación al derecho de propiedad, al uso y distribución racional de tierras fiscales, al margen de cualquier interferencia particular o política. Al efecto, parece oportuno alentar una conducción institucional colectiva del Servicio de Reforma Agraria, liberando al Presidente de ostentar una “autoridad” simbólica, que lo expone innecesariamente a atender todas las reclamaciones y demandas propias del sistema y lo obliga a firmar cada uno de los Títulos Ejecutoriales. Noción y práctica introducida en el pasado con nítidos móviles políticos, que fue y sigue siendo sistemáticamente aprovechada para propósitos clientelistas. No tiene justificación alguna atribuir al Presidente la obligación de firmar decenas de miles de títulos agrarios,  ni  tampoco retardar su entrega a los ciudadanos o comunidades hasta que los firme ó se programen los acontecimientos de festejo para tomar ventaja política de la ocasión.        

         El territorio de la actual República sufrió innumerables transformaciones a través del tiempo, también cambió la conformación social, cultural, étnica y espiritual  de sus moradores, más de cinco siglos no pasaron en vano, las comunidades y naciones indígenas originarias y campesinas, en distintas intensidades,  absorbieron las nuevas culturas, sobrevino la migración externa e interna, surgió y se expandió el mestizaje. Con la República se alentaron valores comunes que, pese a la diversidad,  compartimos en la nación o la patria “Boliviana”, valores que son la soldadura que todavía nos mantiene unidos. El desafío está en preservarlos,  en evitar toda discriminación, en alentar un tratamiento justo y equilibrado en la distribución de la tierra y el territorio,  desde  la eliminación de latifundios improductivos, hasta aquella que manipula visiones historicistas retrospectivas, que pretenden convertir etapas superadas en protagonistas centrales  de preocupaciones modernas. 

         Debemos ser capaces y aun estamos a tiempo de forjar mejores y mayores acuerdos que, salvando obsesiones ideológicas o localistas, correspondan con los valores democráticos comunes que se invocan por todos.

(*) El doctor Eduardo Rodríguez Veltzé fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la República de Bolivia.