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Año V Nro. 370 - Uruguay, 25 de diciembre del 2009
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Después que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, certifica una histórica orden de arresto contra el Presidente de Sudán, Omar Hassan Al- Bashir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur, en dónde según la ONU 300.000 personas murieron y se registraron más de 2.7 millones de desplazados, las voces de protesta, y no únicamente en Sudán han sido numerosas. No todos los países aplaudieron la orden de aprehensión de la CPI. Tan pronto se supo la decisión, la Presidencia de la Unión Africana, ejercida actualmente por el líder libio Muammar Al-Gaddafi, sostuvo que desconocía la orden de detención contra el mandatario sudanés por considerarla “injustificada y contraria a todas las reglas del Derecho Internacional Humanitario”. Los líderes africanos se alinearon tras Al- Bashir pese a que más de 20 países de ese continente están entre sus fundadores. El viceministro de justicia sudanés, Abel Baiem Zumrawi, tras recordar que Sudán no forma parte del estatuto de Roma, que dio vida y legitimidad a la CPI, acusó al fiscal Luis Moreno Ocampo de haber convertido a ese organismo en un escenario político que obedece a la presión ejercida por las grandes potencias. Como lo había hecho anteriormente el propio Al- Bashir y lo retomaron igualmente algunos líderes africanos, arremetió contra Occidente, en quien ve a un perseguidor que se ensañó con los africanos antes que con los otros países en los que se cometen actos atroces y nadie repara en la impunidad. Es más, el fantasma de la Segunda Guerra Mundial y de los supuestos excesos cometidos por algunos Estados fue utilizado con el fin de desacreditar la autoridad de la CPI. Lo que era una medida esperada a nivel internacional, incluso tardía, degeneró en una intensa polémica. Más allá de la posibilidad de presentar ante la justicia a un gobernante que aún ejerce el poder, caso único, algunos estiman que calificar de crimen de guerra y de crimen contra la humanidad, y anteriormente se le calificó incluso de genocidio, lo hecho por Al- Bashir con los movimientos insurgentes supone un juicio moral difícil de aceptar toda vez que, obedecería a una odiosa imposición de criterios valorativos elaborados por países Occidentales, ricos y poderosos. De aquí que se diga que la CPI practica un neocolonialismo que no respeta la independencia de las naciones y que tiene un sesgo por las más débiles. Entre tanto Al- Bashir tomó la decisión de expulsar 13 Organizaciones No Gubernamentales que prestaban sus servicios en la región. Entre estas ONG, se encuentran Médicos sin Fronteras y Save the Children. El Presidente del Comité Internacional de Rescate, George Rupp, asegura que de las organizaciones de asistencia dependen 1millón setecientas cincuenta mil sudaneses para tener agua, servicios sanitarios, educación y cuidado de la salud. “Si Sudán persiste en esta decisión, es difícil creer que el resultado pudiera ser otra cosa que un grave sufrimiento y la muerte para cientos de miles de personas”. Y la situación amenaza con empeorar… Arrestar a Al- Bashir aunque deseable desde el punto de vista de la justicia, es una amenaza a los acuerdos de paz logrados por Sudán. En el 2005 el movimiento de liberación firmó un acuerdo con el gobierno que le puso fin a la guerra civil y desde entonces el propio condenado ha respetado lo pactado. Pocos dudan de que sus desmedidas acciones en respuesta a las intenciones subversivas de los movimientos del sur del país, merecen el peso de la justicia, pero es la endeble paz conseguida con esfuerzo y vidas humanas la que, de lograrse la captura, está en riesgo. ¡Hasta el próximo análisis…! © Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez para Informe Uruguay 
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