Libertad de prensa puesta a prueba por Marcelo Ostria Trigo (Perfil)

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         Lo que se dice que fue una tontería, incomprensible en un funcionario supuestamente de alto rango, ha provocado un inmenso revuelo. Como ya se sabe, el superintendente de telecomunicaciones envió a las televisoras nacionales –exceptuando, claro está, al canal oficial– una advertencia que fue considerada como restrictiva  a la libertad de informar a la ciudadanía y de expresar opinión. En efecto, este funcionario les advirtió que ordenará la suspensión de sus señales de 25 a 125 días por la “emisión de informaciones, que aún siendo auténticas, puedan dañar o alarmar a la población por la forma u oportunidad de su difusión”.

         Habrá que recordar que en los últimos dos años no cesó la campaña oficial contra los medios de comunicación. El propio presidente, sin prueba alguna, fue insistente en la  acusación de que éstos difunden versiones falsas o malintencionadas, con el propósito de desestabilizar su gobierno.

         Cuando hay tensiones, cuando el gobierno tiene problemas de difícil solución como la inflación que ha creado por su errada política económica, cuando la controversia es generalizada sobre la validez del documento del MAS aprobado ilegalmente en La Glorieta y Oruro como pretendida constitución, cuando hay un virtual  desconocimiento del gobierno a los referendos autonómicos en cuatro departamentos, y cuando la conformación de la corte electoral nacional ahora es sectaria, y cuando hay tantos otros focos de tensión igualmente preocupantes, viene este disparate. Y reviste gravedad, aunque ya algunos personeros del gobierno se apresuraron en rechazar, como lo hicieron todos los sectores de la ciudadanía.

         Parecería, entonces, que todo fue un tropiezo, sin participación del gobierno. Y hasta hay quien, desde una alta función viceministerial, con estudiada energía dijo que el superintendente en cuestión no está a la altura del cargo, lo que supone que por esto debía ser destituido. Y, al final, el agobiado personaje autor del entuerto, retiró su advertencia.

         Pero –¡ay! siempre hay peros– las manifestaciones de rechazo a esa pretensión no fueron  de todos. Un senador del MAS que había ganado el reconocimiento por su sensatez poco común en su bando, pretendió justificar el pretendido abuso del superintendente, lo mismo que un diputado oficialista, nada menos que venido del gremio de los periodistas y con tradición en la actividad. ¿Se trató de un globo de ensayo; de una prueba que les salió mal?

         No es un caso de “piensa mal que acertarás”. Hubo nomás  –y todavía persiste– una notoria animadversión de personeros del gobierno, incluidos el presidente de la república y la presidenta de la asamblea constituyente, contra los medios de comunicación. Es más: todavía están en la memoria colectiva las imágenes de las feroces agresiones de las hordas masistas a trabajadores de los canales de televisión, sin que el gobierno haya impulsado un juicio contra a los responsables.