Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia en América Latina: ¿Qué significa esto?

Por : Nicolás Pérez

Uruguay y la legalización de la eutanasia

En una jornada histórica para América Latina, Uruguay se convirtió el miércoles en el primer país de la región en legalizar la eutanasia a través de una legislación. Este acontecimiento marca un precedente significativo, ya que Uruguay se suma a una lista corta de naciones como los Países Bajos, Bélgica, España y Canadá, que ya tienen regulaciones para el derecho a morir dignamente bajo condiciones médicas y éticas estrictas.

Detalles de la nueva ley

Después de cinco años de intensos debates legislativos, el Senado uruguayo aprobó la Ley de Muerte Digna con 20 votos a favor de un total de 31. La normativa permite la eutanasia en circunstancias de enfermedades incurables o sufrimientos extremos. El apoyo provino principalmente del bloque progresista del Frente Amplio y también contó con el respaldo de dos senadores del Partido Colorado y uno del Partido Nacional, ambos de centro-derecha.

El proyecto había sido aceptado previamente por la Cámara de Diputados en 2022 y recibió una aprobación preliminar en agosto del mismo año. Según la legislación, cualquier ciudadano uruguayo o residente legal, mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales, podrá solicitar la eutanasia si padece una enfermedad incurable e irreversible o un sufrimiento insoportable que degrade severamente su calidad de vida.

El debate público y sus protagonistas

La propuesta legislativa no solo estuvo respaldada por datos estadísticos que indicaban que el 62% de los uruguayos estaba a favor de legalizar la eutanasia según una encuesta de Cifra, sino también por conmovedoras historias personales que humanizaron el debate. Florencia Salgueiro, cuyo padre padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y falleció en 2020 sin poder acceder a este derecho, es ahora parte de Empatía, un colectivo que aboga por la ley. «Mi padre pidió morir con lucidez. Su final fue una tortura», compartió Salgueiro.

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Otra voz significativa fue la de Beatriz Gelós, también diagnosticada con ELA, quien desde un asilo en Montevideo expresó su lucha por el derecho individual a elegir. «Quiero la tranquilidad que me traería una ley de muerte digna. No soporto más sufrimiento», afirmó.

Un cruce ético y político

La ley fue defendida en el Senado por Ope Pasquet, un exlegislador del Partido Colorado, con un llamado a la dignidad y la libertad: «No hay dignidad sin libertad. Nadie será forzado a morir, ni impedido de hacerlo si sufre sin remedio. Es libertad de elección — eso es lo que exigimos», declaró Pasquet durante la sesión.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta perspectiva. Prudencia Uruguay, un grupo cívico, argumenta que la ley «discrimina contra los más vulnerables y carece de salvaguardias suficientes». Miguel Pastorino, portavoz del grupo, destacó que lo que está en juego son dos concepciones distintas de los derechos humanos.

La aprobación de esta ley no solo es un hito para Uruguay sino que también podría tener un impacto significativo en toda la región latinoamericana, diferenciándose de países como Colombia y Ecuador donde la práctica fue despenalizada por fallos judiciales. Según Federico Preve, neurólogo y legislador del Frente Amplio: «La ley no impone creencias; otorga libertad. Quienes deseen ejercer este derecho podrán hacerlo. Quienes no, no. Con esta ley, Uruguay será un país más humano, compasivo y libre».

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