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Año V Nro. 354 - Uruguay, 04 de setiembre del 2009
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Es importante conocer las realidades de otros países, sobre todo si son de verdad. En Estados Unidos la población está concientizada de que su deber es colaborar con la Policía para mantener la seguridad, y apenas ve algo sospechoso llama a la Policía, o si tiene información sobre algún hecho delictivo hay un teléfono para hacerlo en forma anónima. Eso ayuda, ya que no tienen que andar oficiando como testigos. El tema es que la Policía reciba la información y pueda actuar profesionalmente. Pero, además hay otras medidas que en esos países dan excelentes resultados, por ejemplo: a cada persona que ingresa como detenido con causa, le cobran 25 dólares para un fondo que manejan y administran representantes de la Fiscalía y de la Policía. Este fondo es usado para ofrecer recompensas a quienes aporten información sobre delitos y sus montos son establecidos de acuerdo a la complejidad del caso. De esta manera se incentiva a la población y hasta a los propios delincuentes a "entregar" a los autores de hechos graves. Por supuesto, que con nuestra mentalidad “bananera" ya se estaría vislumbrando como hacer alguna "travesura" con ese mecanismo. En Estados Unidos más del 90% de la información que recibe la Policía es en forma anónima y casi nadie cobra las recompensas. De hecho, el fondo obtenido por este mecanismo de la ciudad de Miami, supera hoy los 3 millones de dólares. En definitiva, todo está pensado para que quien se "tuerza" en el camino, será el que pague su deuda y peor aún, tiene que poner plata para que capturen a otros delincuentes. Entendemos que este es el camino correcto y que el dinero de los contribuyentes debe ser exclusivamente para mantener a una Policía bien pagada y bien equipada. Nos parece que ninguna de estas cosas atenta contra los "sagrados derechos humanos" de los delincuentes y de a poco habría que ir poniéndolas en práctica, adaptándolas a nuestro medio. Nos queda en el tintero señalarles que las personas con antecedentes por ataques sexuales a menores por ejemplo, tienen prohibido vivir a menos de un kilómetro de cualquier Centro de Enseñanza, Parque o lugar donde frecuenten menores de edad. Debido a esta reglamentación hay más de 70 abusadores sexuales que viven debajo de un puente y hay orden de desalojarlos, así que la Ciudad le impuso al Estado una multa de 250 dólares por día por cada uno, hasta que les busque un lugar para que vivan. No hay acomodos, ni evasiones, cada uno defiende lo suyo y toda la información está al alcance de la población para que fiscalice. Donde pondrían el grito los “acérrimos” defensores de los derechos humanos de los menos en este País, de implementarse este sistema. © Círculo Policial para Informe Uruguay
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