Omisión inadmisible por Dr. Marcelo Gioscia Civitate

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         La denuncia penal formulada por el Sr. Juez Letrado de Aduanas, Dr. Gustavo Pini contra el Sr. Director Nacional de Aduanas, Ricardo Prato, por ocultarle información en las actuaciones relacionadas con las máquinas tragamonedas que ingresaron “en tránsito” al país, y otras que carecen de todo tipo de documentación y que son utilizadas en los casinos municipales de Montevideo, nos deja un sabor amargo.

         Pero, si a esto le sumamos la omisión de informarle al magistrado lo que le fuera trasmitido por la Unidad de Fiscalización de su dependencia (datos que recibe como jerarca del servicio subordinado al Ministerio de Economía y Finanzas) en el que se le da cuenta de irregularidades en la documentación, a la amargura se agrega la gravedad de una situación que linda con lo ilícito.

         Pues sabido es que, existe la obligación de todos quienes tenemos la condición de funcionarios públicos, de denunciar delitos, so pena de incurrir en responsabilidad penal. Esta circunstancia fáctica es la que da mérito a la denuncia formulada por el juez.

         Recordemos que Prato (miembro del Partido Socialista, ex Director de la Intendencia Municipal de Montevideo en las Administraciones de los Intendentes Vázquez y Arana y ex Asesor de Seguridad de la Ministra Tourné), fue quien sustituyó al anterior Director Salvo, luego del escándalo del pasado año, en que resultaron procesados con o sin prisión funcionarios aduaneros y despachantes de aduana, implicados en el cobro/pago de coimas por “agilitar” los trámites en que debían intervenir.

         Y fue en esa ocasión, que se presentó al actual denunciado Ricardo Prato con bombos y platillos como “incorruptible”.

         Ahora resulta que, en su defensa esgrime su “desconocimiento de las normas aduaneras vigentes”, reconocimiento éste, que si lo sumamos a la grave omisión que motivó la denuncia, lo inhabilitan para el desempeño de tan alto cargo que le ha sido confiado.

         En verdad, son poco creíbles estas afirmaciones, en tanto este ciudadano es funcionario público desde larga data, por ello estimamos que debiera conocer no sólo que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, sino también que “el funcionario existe para la función” y no al servicio de una fracción política.

         Llama la atención que, quien se ha desempeñado en cargos públicos de responsabilidad, y que advirtiera -con rostro entre adusto y desafiante- a los infractores que ya no tendrían más suerte (con él al frente de la Aduana) haya pretendido ocultar información a un magistrado, seguramente para intentar encubrir una situación que es más que comprometida. Sólo un interés personal o político, muy alejado a la función pública que debiera honrar, puede explicar su conducta.

         ¿Porqué razón debió esperar a ser conducido ante el Juez Pini, por la fuerza pública, para brindar su declaración? ¿Olvidó acaso el jerarca aduanero dependiente en definitiva del Poder Ejecutivo, que debe prestar la más amplia e inmediata colaboración a otro poder del Estado, que en este caso es el Judicial? ¿Fue la denuncia del juez o la proximidad de su viaje a Bruselas, la que impulsó a Prato a remitirle a Pini los recientes oficios?

         Pero, veamos: ¿Cuáles fueron las reacciones? Ante todo lo comentado, otra vez los ciudadanos de a pie, observamos que se cierran filas de respaldo político partidario detrás de Prato, y que otra vez se confunden las cosas.

         Nuevamente, se busca invertir la situación y desde el poder, en vez de reconocer el error y asumir sus consecuencias, se intenta cargar las responsabilidades en los demás, llámense “opositores políticos” o “funcionarios desleales”. Predomina entonces, un mal entendido “compañerismo” que con ánimo corporativo, mucho mal le ocasiona al sistema democrático, pues impide ver la omisión denunciada, que a todas luces resulta inadmisible.

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