La despenalización del aborto por Oscar Almada

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         Es éste un tema de crucial importancia para la determinación de la Sociedad que queremos, y tiene ,múltiples facetas distinguibles. En nuestra opinión, el problema de fondo, aunque parezca increíble, es el menos polémico:  la ilegitimidad y amoralidad de cualquier intento por habilitar y liberalizar el aborto y privarlo de sanción. 

         Ya se sabe, y es realidad incorporada, que tanto la Iglesia como el Estado, tanto la convicción religiosa como la moral social, justifican y disculpan las trasgresiones que se producen por causas de fuerza mayor, e incluso no las sancionan cuando el castigo puede provocar más dolor y tragedia  que el propio delito. En el caso, si el embarazo responde a un acto de fuerza ajena (una violación, por ejemplo), o si la procreación producirá inexorablemente la muerte de la madre (lo que conlleva generalmente la del hijo), es admisible que se contemple como caso excepcional la posibilidad de abortar.  No lo es,  en modo alguno, en cambio, si la interrupción del embarazo se produce por una conveniencia social o económica de la madre, quien voluntariamente ha aceptado la posibilidad de embarazarse por realizar un acto placentero. (De ahí el increíble e incalificable intento por colocar en la ley el art.2 que santifica el acto sexual, extremo de tan tremenda iniquidad que ni fue tragable por alguno de los que se tragaron todo el resto). Por tanto, ni la madre ni el médico consultado pueden erigirse en un nuevo Dios que decretará, en un caso específico,  la muerte del feto. 

         Lo expuesto, creemos, no resulta discutible ni por los que profesan la fe religiosa ni por los que se afilian a la simple moral humana. Se trata de evitar un homicidio, para peor perpetrado contra el ser más pequeño, inerme e indefenso que puede imaginarse: el feto. Como decía irónicamente aquel médico consultado por una mujer que tenía varios hijos y había quedado embarazada otra vez, sobre si podía abortar por necesidades económicas: ¿por qué no matar al mayorcito, que ocasiona  más gastos?

         En el curso de la discusión parlamentaria, el arzobispo Monseñor Cotugno advirtió a los legisladores (católicos) que el voto o apoyo a cualquier norma que admita el aborto (y su despenalización) es contraria a los dogmas de la Iglesia y por tanto da mérito a ser sometido a un proceso de excomunión. La advertencia o amonestación fue corroborada, en una reunión ulterior, por todo el Consejo Episcopal Uruguayo.

         De inmediato, los partidarios del proyecto reaccionaron violentamente protestando contra lo que calificaban como “presión” indebida de la Iglesia en asuntos del Estado. Se comparó esa actitud con los excesos de las teorías y gobiernos totalitarios (hasta el P.C. lo hizo, ¡oh, supremo sarcasmo!). Se recordó la vigente separación de la Iglesia y el Estado y se sostuvo que por tanto era una intervención ilícita y poco menos que delictiva. Monseñor Cotugno fue tratado despectivamente y se desató una verdadera querella casera no faltando quienes pensaran en dirigirse al propio Papa para que éste pusiera en vereda al prelado. Los políticos y la prensa anti-clericales (todavía existen) incluso no pertenecientes al F.A. pusieron el grito en el cielo y se sintieron atacados, aherrojados y heridos.

         Es casi innecesario destacar lo absurdo de esta reacción. En primer lugar, no es una intromisión de la Iglesia en asuntos del Estado, sino el cumplimiento del derecho y deber que tiene el sacerdote católico de advertir a sus fieles situados en ocasión próxima de pecado, las consecuencias que de ello derivarán: en este caso tan grave, la excomunión. No es una amenaza, sino el recordar que la violación de las normas produce tales y cuales efectos. Por tanto y además, la advertencia sólo va dirigida a los legisladores católicos y nada tiene que preocupar a quienes no sean creyentes. Y no es una amenaza, sino la constancia de un hecho que naturalmente seguirá de manera necesaria a otro. A los Sres. legisladores que no son católicos, el hecho ni siquiera les roza. Sólo que, reconociendo el valor que tiene la admonición en contra de lo que ellos piensan apropiado, trataron de restarle fuerza y atribuirle carácter y de “intromisión”.            

         Por lo demás, hablar de presiones e ingerencias indebidas en este país y en esta época, en la que el Gobierno ha presionado públicamente al Poder Judicial, los gremios y sindicatos presionan diariamente a los legisladores, en el que se admite que unos huelguistas ocupen el lugar de trabajo, y en el que, en el mismo acto, partidarios del aborto y de la  vida estaban instalados frente al Palacio y en la barra presionando a los legisladores, es una verdadera inverecundia. O sea, según el Diccionario, una desvergüenza, algo propio del que coloquialmente se denomina “caradura”.   

         La ministra comunista ha dicho que se siente “radiante” por haber sido aprobada la ley, aunque se interponga el veto.  La ministra no es católica, obviamente, pero al parecer su sentido moral le permite aceptar la muerte del feto para defender la comodidad, la conveniencia económica o social, o el derecho al goce físico de la madre. Parece,sin embargo, de su parte,  una grosería afirmar que se siente “radiante”. Sobre todo conociendo las maniobras y argucias que ha practicado el partido de gobierno para lograr los votos necesarios, apelando a licencias, ausencias de sala, presiones desde afuera y sobrevaloración del principio de la disciplina partidaria.  Solamente los diputados Roballo y Semproni  se resistieron a ello y votaron según su conciencia.

         Sin embargo, el Presidente, contra la decisión de su propio Partido y cumpliendo esta vez lo que había anunciado en su momento, interpuso el veto constitucional, suscripto también por la Ministra del ramo (pese a que ésta comentó que en lo personal estaba a favor de la ley) aunque contaba también con el apoyo del Ministro Lezcano, a los tres días (de los 30 con que contaba para hacerlo), aduciendo razones filosóficas y científicas, y respondiendo al compromiso internacional uruguayo contraído en el Pacto de Costa Rica.   Por lo general, el veto que establece la Constitución se usa cuando favorece al propio Partido del Presidente por cualquier razón accidental, siendo raro que estén radicalmente contrapuestas las posiciones del cabeza de gobierno y de la mayoría de sus legisladores.   Vázquez sostuvo que está probado que en los países que admiten el aborto, éste se hace más común y finalmente se instala en la costumbre del país, como sucedió en los EE.UU. y que, por lo demás, la propia ciencia establece que el feto ya tiene vida y por tanto es sujeto de derechos desde el primer día de gestación.

         La pena del aborto, establecida por ley de 1938, había sido derogada aduciendo que ella obliga a muchas mujeres (se calcula un número de 33.000 por año) a abortar en forma clandestina, lo cual es más caro y pone en riesgo su vida por razones de higiene. Fue apoyada en forma fanática por incluso muchas mujeres que se proclaman progresistas. Parece que el aborto está actualmente considerado como de izquierda y políticamente correcto...... La oposición de la Iglesia ha triunfado sin embargo hasta ahora en casi toda América, con la excepción de Cuba por supuesto.

         La ley admitía que la madre resolviera la interrupción del embarazazo durante los doce primeros días de gestación por razones de penuria económica, oposición familiar, riesgo para la salud de la madre o malformación del feto. La ley actual admite excepciones al principio de penalización en los casos de violación o riesgo de vida de la madre.

         A raíz del veto, se citó la Asamblea General, la que podía levantarlo por el voto de los 3/5 de integrantes de cada Cámara, o sea, por 18 de los senadores y 60 de los diputados, lo que obviamente no se alcanzó, por lo cual el veto ha quedado firme. La  llamada “de salud sexual y reproductiva” incluía además un artículo que NO fue votado, que proclamaba el derecho a la sexualidad como uno de los derechos universales y señalaba el derecho de las personas a gozar una sexualidad “placentera y responsable”.......   

         La prensa internacional, tan novelera y elemental en la calificación de “izquierda” y “derecha”, pretende que la legalización del aborto es una tendencia progresista y de izquierda,  pese a que también calificaba como de tendencia derechista y conservadora los distintos métodos de limitación o planificación de la natalidad. En una evidente contradicción. Quería que no hubiera límite alguno para procrear aún en aquellos casos en que la superpoblación pauperizaba a los países, y quiere ahora que no haya limitación para evitar la procreación por razones de puro interés personal.  Por lo visto esta opinión está acorde con la tendencia mediática comercial, vigente en la actualidad, de elevar la sexualidad a la categoría de derecho absoluto. Es evidente que la mujer al practicar la relación sexual sin cuidados, sabe perfectamente que uno de los riesgos que corre es el embarazo..... y por lo tanto, si tiene motivos de orden económico, familiar, social o aún sanitario, para no quedar embarazada, debe cuidarse de esto, y no matar al feto luego.

         He aquí el texto literal del veto:

“Montevideo, 14 de noviembre de 2008
  Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo se dirige a ese Cuerpo en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 137 y siguientes de la Constitución de la República a los efectos de observar los Capítulos II, III y IV, artículos 7 a 20, del proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la salud sexual y reproductiva sancionado por el Poder Legislativo. Se observan en forma total por razones de constitucionalidad y conveniencia las citadas disposiciones por los fundamentos que se exponen a continuación.
Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado. En los Estados Unidos, en los primeros diez años, se triplicó, y la cifra se mantiene: la costumbre se instaló. Lo mismo sucedió en España. La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos -incluido el nuestro- el ADN se ha transformado en la "prueba reina" para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo.
El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia. Esta ley afecta el orden constitucional (arts. 7, 8, 36, 40, 41, 42, 44, 72 y 332) y compromisos asumidos por nuestro país en Tratados internacionales, entre otros el Pacto de San José de Costa Rica aprobado por la ley 15.737 de 8 de marzo de 1985 y la Convención sobre los derechos del niño aprobada por la ley 16.137 de 28 de setiembre de 1990.  
En efecto, disposiciones como el artículo 42 de nuestra Carta, que obliga expresamente a proteger a la maternidad, y el Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos- contiene disposiciones expresas, como su artículo 2º y su artículo 4º, que obligan a nuestro país a proteger la vida del ser humano desde su concepción. Además, le otorgan el estatus de persona. Si bien una ley puede ser derogada por otra ley, no sucede lo mismo con los tratados internacionales, que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico-política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención).
Por otra parte, al regular la objeción de conciencia de manera deficiente, el proyecto aprobado genera una fuente de discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos, y tampoco permite ejercer la libertad de conciencia de quien cambia de opinión y decide no realizarlos más.  Nuestra Constitución sólo reconoce desigualdades ante la ley cuando se fundan en los talentos y virtudes de las personas. Aquí, además, no se respeta la libertad de pensamiento de un ámbito por demás profundo e íntimo.
Este texto también afecta la libertad de empresa y de asociación, cuando impone a instituciones médicas con estatutos aprobados según nuestra legislación, y que vienen funcionando desde hace más de cien años en algún caso, a realizar abortos, contrariando expresamente sus principios fundacionales.
El proyecto, además, califica erróneamente y de manera forzada, contra el sentido común, el aborto como acto médico, desconociendo declaraciones internacionales como las de Helsinki y Tokyo, que han sido asumidas en el ámbito del Mercosur, que vienen siendo objeto de internalización expresa en nuestro país desde 1996 y que son reflejo de los principios de la medicina hipocrática que caracterizan al médico por actuar a favor de la vida y de la integridad física.
De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos.  Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto”.

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