Ilegal, ilegítima y corrupta por Simón Pachano

	Contactos Imprimir Artículo

         Previamente, su gobierno se acogió a una cláusula que le permitía aplazar el pago de intereses. Fue hace unos días, cuando una pequeña pero injustificada mora de 30,6 millones de dólares disparó las alarmas en los sensibles mercados financieros internacionales. Desde ese momento se intuyó la dirección que tendría el contenido del informe de la Comisión formada para auditar la deuda. Así mismo, se hizo previsible la reacción del Presidente que, por lo demás, siempre fue un crítico frontal a las condiciones en que se contrató y se renegoció la deuda. Por consiguiente, todo era cuestión de esperar a que los hechos se concretaran, como ocurrió este jueves cuando el país pudo seguir por radio y televisión el acto de entrega de los resultados. 

         En términos concretos, más allá de los juicios de valor contenidos en el informe, la CAIC pone el acento en los bonos Global que vencen en los años 2012 y 2030, con un monto de 3.860 millones de dólares. Estos bonos fueron el producto de la renegociación realizada entre los años 1999 y 2000, después de que Ecuador no pudo pagar sus compromisos debido a la crisis que afectó a su sistema financiero. La CAIC sostiene que aquellos bonos fueron negociados por un valor que excedía en tres veces al que regía en ese momento en el mercado. Por otra parte, expresa que los organismos multilaterales fueron desleales con el país al establecer las condiciones del endeudamiento en sus respectivos tramos y que en la deuda bilateral no se respetaron las leyes nacionales. 

         La mora parcial, la difusión del informe de la CAIC y las declaraciones de Rafael Correa han creado un ambiente poco favorable para el país. El efecto más visible es el aumento de la desconfianza por parte de los agentes internacionales, expresado en el incremento del índice de riesgo país, que ha llegado a 4250 puntos (más alto que el nivel alcanzado en 1999, en los peores momentos de la crisis). Por tanto, cualquier decisión que tome el gobierno se efectuará en un contexto desfavorable. 

         De aquí en adelante, el gobierno ecuatoriano podrá optar por una de cuatro acciones posibles, y cada una de ellas tendrá diversas consecuencias.  

a) Puede restringir sus acciones solamente al nivel interno, por medio de la identificación de los responsables de las irregularidades y el inicio de las acciones judiciales correspondientes. Esto significaría seguir juicios (civiles, administrativos o penales, dependiendo de cada caso) en contra de los funcionarios que contrataron y de los que renegociaron la deuda. Sin embargo, es poco probable que se restrinja solamente a esto, ya que al hacerlo dejará sin solución el problema externo que se ha creado con la mora parcial, con el anuncio de los resultados de la CAIC y con la insinuación presidencial de una posible moratoria general en los bonos Global. Incluso, crearía mayores problemas en el campo internacional, ya que el gobierno ecuatoriano podría ser acusado de emitir información falsa para beneficiarse de la baja de sus bonos en los mercados financieros. 

b) Podría acudir a tribunales internacionales ya existentes o forzar a la conformación de uno nuevo (un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana, en el sistema de Naciones Unidas, como ha sugerido el Presidente). Allí debería presentar los argumentos que demuestren la ilegalidad de la deuda o los actos de corrupción que se realizaron para su contratación o para su renegociación. Para esto se requerirán tiempos extremadamente largos, y mientras tanto será necesario decidir si se mantiene o se suspende el pago de la deuda correspondiente. Sería un escenario confuso, sujeto a largas negociaciones, cargados de incertidumbre. El país podría enfrentar problemas serios en el plano internacional, con cierre del crédito y posibles incautaciones de sus depósitos y de bienes estatales en el exterior. 

c) Podría utilizar la situación creada por la moratoria parcial y por la difusión del informe de la CAIC para renegociar en mejores condiciones algunos tramos de la deuda. Esta es la posición que ha sido sostenida por el ministro Patiño, quien antes ya hizo una operación similar que no tuvo éxito. Pero, debido a que esto es penado por leyes internacionales y por las leyes federales norteamericanas, le resultaría poco probable obtener algún beneficio. Además, la desconfianza en los mercados sería enorme y Ecuador se vería gravemente afectado. 

d) Podría declarar la moratoria de ambos tipos de bonos o por lo menos de una parte significativa de ellos. En este caso las consecuencias serian extremadamente graves y afectarían negativamente a la economía nacional.  Es poco probable que el gobierno se decida por esta opción, pero no se la puede desechar como posibilidad ya que hay sectores del gobierno que la vienen sosteniendo incluso desde antes de la actual administración. 

» Arriba