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Año V Nro. 290 - Uruguay,  13 de junio del 2008   
 

 
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Pablo Abdala

Nuevo impuesto y viejos caprichos
por Pablo Abdala

 
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         El gobierno no ha tenido mejor idea, para disimular su equívoco continuo, en la ya larga discusión de la tributación de las pasividades, que inventar un nuevo impuesto. Claro que esa será, sin embargo, la desembocadura de un proceso y de un análisis bastante más complejo, aunque no la conclusión final.

         No debe desconocerse que, antes que nada, el Poder Ejecutivo resolvió concretar el reclamo sostenido por el Partido Nacional desde que se conocieron las primeras sentencias de la Corte –permanente, casi terco- de derogar el impuesto a la renta de las personas físicas en su aplicación a las pasividades, en bien de la legalidad y del interés de los pasivos.

         Tampoco debe pasar inadvertido otro aspecto: si termina siendo cierto, más allá de lo controversial e injusto del nuevo impuesto, que miles de jubilados que pagaban IRPF dejan de pagar, y que los que resulten alcanzados ahora pagarán menos que antes, ello será una conquista, aunque parcial, imputable en muy buena parte al Partido Nacional. A él, y a todas las organizaciones y expresiones de la sociedad civil que se alzaron contra aquella medida injusta, que demandaron su inconstitucionalidad, que promovieron acciones judiciales y que se movilizaron con éxito; de lo contrario, el ministro de Economía seguiría recaudando por concepto de un impuesto mucho más gravoso y de evidente ilegitimidad.

         El denominado IASS, sin embargo, va a afectar a jubilados y pensionistas, en lo que sería una especie de sustitución de un tributo por otro. Aún cuando, desde el punto de vista del impacto social, el cambio represente un alivio para algunos, la flamante creación impositiva del gobierno va a dar lugar a nuevos reclamos e implicará, con seguridad, pretender solucionar una inconstitucionalidad con otra. Ello representará eludir los fallos judiciales iniciales, desconocer su contenido, y volver a violar la Constitución, por la muy sencilla razón de que la sentencia judicial ejecutoriada es ley para las partes, y debe observarse inalterablemente.

         El gobierno, en primera instancia, y a partir de un primer análisis, retrocedió. Resolvió derogar el IRPF, y en eso hizo bien. Claro que debió derogar y nada más. Condiciones financieras para hacerlo le sobraban: el ministro ha hecho alarde en forma permanente del llamado “espacio fiscal”, con el que piensa aumentar el gasto en la próxima rendición de cuentas. Sin embargo, por no dar ninguna por perdida, y a partir de una interpretación jurídica riesgosa, creyendo que puede hacer cualquier cosa, irrumpió con el nuevo gravamen, y eso le generará nuevos dolores de cabeza. En efecto, el propio Cr. Astori reconoció la coincidencia metodológica entre los dos tributos (mínimo no imponible, franjas, etc.), y no será difícil para los pasivos que obtuvieron sentencias favorables, invocar la cosa juzgada.

         Por similares criterios, y para solucionar definitivamente un problema que él mismo generó, el Poder Ejecutivo debería reintegrar el dinero descontado a todos los pasivos por aplicación del IRPF, y no sólo a los amparados por la declaración de inconstitucionalidad, como aparentemente se dispone a hacerlo. Hay en esto una evidente contradicción: por un lado, se deroga la ley ante sentencias contradictorias, para superar la desigualdad proveniente de que a unos alcance un impuesto y a los demás no; por otro, se restituyen los dineros cobrados a algunos, pero no a todos.

         Por capricho, la administración del Frente Amplio ingresará en un nuevo corral de ramas. Por lo dicho, en lugar de conjurar una polémica, resolviéndola inequívocamente, terminará por prolongarla en el tiempo. Sin duda, la mayor dificultad radica, para el gobierno, en su particular visión de las cosas: no debió asumir la eliminación lisa y llana del IRPF a las pasividades como una derrota, porque eso es no entender nada. De lo que se trata es de cumplir con la Constitución, actuar con sentido de justicia y apuntar al interés general.

         Como dijimos en la reciente interpelación, hace mal el gobierno si al definir sus pasos esta queriendo permanentemente innovar para justificar su posición. No es ése el camino para pacificar a la sociedad.

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