Otra embestida contra los Derechos por Jaime Mario Trobo

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         Otra embestida contra los derechos, y van…

         La concreción del programa frenteamplista es el único justificativo que la izquierda tiene para desplegar por el medio que sea sus caprichos. Poco importa si las acciones que tiendan a ello llevan por delante el estado de derecho, sortean irresponsablemente disposiciones constitucionales o tuercen el sentido clásico del alcance de derechos y deberes de los ciudadanos. Lo único que importa es lograr sin mayor discusión que los dogmas de la izquierda se conviertan en realidad.

         Para ello, hay un ejemplo reciente, que es uno más en la sucesión interminable que se inició el 1 de Marzo de 2005 y cuya gravedad debe hacer reflexionar. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable recientemente aprobada demuestra la dificultad para identificar claramente el límite que la Constitución impone al estado para evitar la degradación de los derechos de los ciudadanos. Declara genéricamente de “orden público” la totalidad de las disposiciones nacionales, departamentales y locales que se vinculen con la materia de esta ley, generando una inseguridad jurídica inédita y anunciando el desconocimiento de derechos constitucionales que sólo pueden ser afectados en cada caso, con una justificación específica y hasta cierto grado; a esto se suma una declaración genérica de “interés general” para todas las situaciones que se vinculen con esta ley.

         En un arrebato autoritario, se lleva por delante derechos adquiridos en distintos lugares del territorio nacional, limita severamente el derecho de propiedad sometiéndolo al designio de instancias cuya jerarquía es irrelevante, sitúa al estado como preferente en la negociación de un bien inmueble, en fin orienta la legislación en estas delicadas materias a conceptos socialistas que desconocen el “derecho de propiedad”.

         Esta ley voluntarista, que la izquierda hace flamear como una de sus banderas mas preciadas, devela el carácter de la filosofía que se le quiere imponer al Uruguay. A ellos todo les parece obvio y alcanzan a convencer a muchos ciudadanos que con candidez admiten el argumento de que el interés general debe primar sobre el particular; pero el gran debate que vienen ganando “a los ponchazos” como tramitan las leyes, es el de los derechos del individuo, el respeto por su libertad ejercida responsablemente y la imprescindible complementación entre el interés individual y el colectivo.