Conflicto social no es complot subversivo por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

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         Mientras que las protestas y movilizaciones crecen, el alto gobierno parece no encontrar la respuesta acertada para encarar la situación. Las desafortunadas palabras de algunos ministros y mandos de la Fuerza Pública con  las que se ha estigmatizado a los movimientos han provocado un efecto contrario al buscado. Pero, lo más grave en la reacción de las autoridades oficiales es que se sigan usando tácticas propias de épocas pasadas como cuando en la guerra fría todo se atribuía a un complot subversivo. Razón le asiste al analista Alejo Vargas quien en un escrito (El Colombiano, oct. 22/08) consideró desatinado pensar los conflictos sociales como parte de un complot, en este caso de la guerrilla.

         Pensar y declarar que detrás de todas las huelgas, protestas y movilizaciones se mueve el interés y la orientación de las guerrillas no sólo da una imagen de intolerancia frente al descontento, razonable o no, de quienes las adelantan sino que le otorga a los grupos irregulares un poder que evidentemente no tienen. Como en todo escenario de disputas, cada quien trata de tomar posiciones y sacar provecho. Y en la situación que atraviesa el país en los últimos meses es claro que hay intereses políticos rondando los movimientos sociales, pero eso no es razón para descalificarlos. Es probable que agentes, cuadros y organismos de la guerrilla busquen infiltrarse para crearle dificultades al gobierno, pero ello no debe dar lugar a la descalificación de la protesta. Como acertadamente lo señala el editorial de El Tiempo (oct. 23/08), el gobierno está en la obligación de actuar con mucha sindéresis y calma para evitar que la situación se salga de madre. Condenar el uso de la violencia, develar a los infiltrados de la guerrilla es algo comprensible y es una obligación hacerlo, pero sin caer en el extremo de negar la existencia de problemas reales, sin negar que hay aspiraciones justas, que hay cuestiones de elemental justicia por ejemplo en el movimiento de los corteros cruelmente degradados en sus condiciones de trabajo por los intermediarios. Incluso, puede el gobierno darse el lujo de presentar sus argumentos y razones para demostrar en qué casos se puede o no aceptar las demandas de los movilizados.

         Ahora bien, si no estamos ante un complot antigubernamental, ¿cómo explicar la confluencia en el tiempo, en las reivindicaciones y en los procedimientos de movimientos tan distintos como el indígena, el sindical, el estudiantil y el magisterial entre otros? Me atrevo a señalar varios factores que revelan un entrelazamiento de motivaciones políticas y reivindicativas. En primer lugar, debemos reconocer la existencia de aspiraciones concretas como la tierra, la nivelación salarial, el derecho a condiciones dignas de trabajo, etc. En segunda instancia, y esto es lo que explica el contenido y el interés político que se aprecia en todos estos movimientos, hay que reconocer que de hecho hemos entrado en una fase de escarceos electorales con vista a las elecciones presidenciales del 2010. Nada es ni será ingenuo de aquí en adelante, en especial de parte de la Oposición que está interesada en aclarar el problema de si el presidente se va a postular o no para un tercer mandato. El PDA y sectores del liberalismo están haciendo valer sus influencias para desgastar al gobierno y al presidente Uribe, de ahí su presencia beligerante y atizadora en todos los frentes del conflicto social en vez de propiciar una política conciliatoria. Coinciden los movimientos también con las elecciones internas en el PDA, evento en el que al menos tres tendencias se están disputando su dirección, y se podría pensar que estas protestas sirven de termómetro en esas disputas y es una forma de mostrar cada quien su poderío.

         Finalmente, no es de despreciar en la coyuntura, como elemento adicional, el interés de aprovechar las dificultades derivadas de la crisis económica mundial para apuntalar el proyecto estatizante bolivariano liderado por el chavismo, que, claramente, tiene ambiciones internacionales y ven a Colombia como su piedra en el zapato. Y en este sentido, la oposición política liberal y polista, e igual los movimientos sociales en acción, tienen la ocasión de profundizar su campaña de desprestigio del gobierno colombiano al que presentan como un gobierno paramilitar y mafioso y a la vez de generar mayor animadversión al tratado de libre comercio en los círculos del partido demócrata norteamericano.

         Confluencia y aprovechamiento no significan necesariamente complot, el gobierno nacional no la tiene muy fácil y tendrá que hilar muy fino y delgado su respuesta para no caer en el juego y en el campo al que lo quieren llevar sus opositores. Por el momento, hay que hacerle ver al país y al mundo que las comunidades indígenas de Colombia gozan de un especial reconocimiento en la Constitución, poseen tierras abundantes y nada justifica que tengan entre sus reivindicaciones la consigna de solución negociada del conflicto armado, pues es a la guerrilla a la que corresponde realizar esa búsqueda y sobre la que se debe hacer presión para que libere sin condiciones a todos los secuestrados. La opinión sabe que es muy grave e inmoral que se respalde una consigna agitada por guerrillas que secuestran para usar a los secuestrados como carta de negociación para obtener ventajas.

CODA 1: El señor Adolfo Pérez Esquivel, nobel de paz que piensa visitar el país, debería reconocer algo que los colombianos entendimos hace varios años,  que quienes sabotearon el proceso de paz y propusieron la salida armada fueron las guerrillas y no el gobierno, ni el anterior ni el actual. Y está en le deber de observar total respeto frente a nuestras instituciones y nuestra democracia, que aunque imperfecta, nunca llegó a los extremos utilizados por la tenebrosa dictadura de los militares argentinos.

CODA 2: Un gran gesto del presidente Uribe haber aceptado reunirse con el pueblo indígena en Cali. Suerte y pulso para ambos.

Octubre 24 de 2008

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