Un remedio peor que la enfermedad por Laura Martínez

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La Caja Bancaria está al borde del colapso. Tiene un déficit anual de 60 millones de dólares, que se explican en el hecho de que 12.000 activos financian a 16.000 pasivos. El gobierno presentó un proyecto de ley que pretende incorporar 4.600 empleados de administradoras de crédito y transportadoras de caudales sin tener en cuenta el perjuicio que la incorporación les acarreará.
Actualmente aportan al BPS y a las Afaps; según las proyecciones se jubilarían con el 90% de su salario. Si el proyecto se transforma en ley sólo cobrarán el 50 % o 55 % de lo que haya sido su salario. A esto se suma que la recaudación que obtiene el BPS por los aportes de estos trabajadores también se perderá, en favor del salvataje gubernamental de la Caja Bancaria
El Presidente de ANDA Washington Almada, consideró inadmisible que se pretenda ingresarlos en una caja de contenido puramente financiero, cuando es una asociación civil sin fines de lucro, que sólo destina 307 de los 1070 funcionarios al crédito. “Un crédito destinado a 138.000 afiliados de ingresos medio y medio bajo, donde el consumo de nuestros créditos es la alimentación, con un promedio de $500 cada uno”, expresó.
En opinión de Almada se está “desnaturalizando absolutamente la identidad de estas instituciones”.

         La Caja Bancaria está al borde del colapso, tiene un déficit anual de 60 millones de dólares, y el gobierno presentó un proyecto de ley que genera más problemas que soluciones.

         La iniciativa se propone cubrir el déficit con aportes del Estado, los bancos y los jubilados a razón de 20 millones de dólares anuales cada uno, hasta que otras disposiciones que el proyecto establece logren equilibrar las cuentas.

         Pero uno de los artículos más polémicos ha sido el que prevé ampliar el campo afiliatorio incorporando unos 4.600 empleados de administradoras de crédito y transportadoras de caudales; según el gobierno, con el objetivo de reconocer el “campo afiliatorio real”.

         No obstante, el concepto se presta a interpretaciones erróneas, porque bajo el mismo se agrupan empresas de diversos rubros, muchas de las cuáles poco o nada, tienen que ver con la actividad financiera y/o bancaria.

         Según el artículo 3º, “quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias: “Los bancos públicos y privados; todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (…); el Banco de Seguros del Estado; las compañías de seguros; la Bolsa de Comercio. Las empresas administradoras de crédito que (…) intervengan en el financiamiento de la venta de bienes y servicios realizada por terceros otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades similares, con recursos propios o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público; las empresas que, (…) otorguen préstamos en dinero a sujetos residentes en el País, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin; (…). Las cooperativas de ahorro y crédito no comprendidas en los literales anteriores; las empresas que presten servicios de transporte de valores; las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad de intermediación financiera con personalidad jurídica. Las empresas que sean propiedad de las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales anteriores, que desarrollen actividades que integren la unidad técnico-económica de las mismas; se incluyen en lo previsto por este literal, los fondos de inversión y los fideicomisos”.

         No es la primera vez que se realiza una ampliación del campo afiliatorio. Ya en el año 1994 la ley incorporó a la Caja Bancaria aproximadamente unos 6000 trabajadores, lo que alejó el problema y también la solución.

         En esta oportunidad los más perjudicados serán los trabajadores.

         “El sistema de este anteproyecto de ley es estructuralmente inviable, otra vez, porque no equilibra las relaciones básicas del sistema, que son la relación económica y la demográfica."

         La Caja Bancaria dentro de 10 o 15 años va a volver a tener dificultades de este tipo”, dijo el Dr. Rodolfo Saldain en radio El Espectador. A lo que agregó que “el agravante para los trabajadores que pasan a la Caja Bancaria es que en el mejor de los casos sus beneficios se van a igualar; la gran mayoría de los casos van a ir con beneficios menores. Es más grande la diferencia en perjuicio de los más jóvenes y de los que perciben mayores salarios, para los de mayor edad el perjuicio es menor, y en el mejor de los casos se igualan.”

         Si el proyecto logra convertirse en ley, 4600 trabajadores que aportan al BPS serán llevados a la Caja Bancaria en la mayoría de los casos contra su voluntad, causándoles enormes perjuicios a futuro. Será el caso de funcionarios de ANDA, OCA, Creditel, entre muchos otros, a los cuáles les eliminarán las Afaps y en lugar de jubilarse con un 90% de su salario, si lo hacen, serán con no más de 55%. A esto se suma que la recaudación que obtenía el BPS por los aportes de estos trabajadores también se perderá, en favor del salvataje gubernamental de la Caja Bancaria

¿Campo afiliatorio real?

         “Desde el punto de vista personal, de la institución, y de los trabajadores, existe un total rechazo al ingreso de la institución a la Caja Bancaria”, dijo el Presidente de ANDA Washington Almada al ser consultado por La Democracia.

         “Los trabajadores, que no fueron juez ni parte, ya lo han manifestado claramente; van a salir perjudicados, no hay ningún beneficio. Eso está alejado de los principios, si son buenas o malas las AFAPs, acá lo importante es que los trabajadores han dejado durante muchísimos años sus aportes en las AFAPs y quedan congelados; y las posibilidades de jubilarse por los aportes realizados van a ser irrisorios. Con el nuevo sistema provisional la jubilación de los trabajadores no superará el 50 % de lo que haya sido su salario. Eso es un perjuicio claro y lo tienen muy claro los trabajadores. En el caso de ANDA, conjuntamente la institución y el sindicato hemos dado a conocer nuestro rechazo a esta situación”.

         Almada también consideró inadmisible que se pretenda ingresarlos en una caja de contenido puramente financiero, cuando ANDA es una asociación civil sin fines de lucro que cuenta con 75 años de vida en el país prestando una serie de servicios sociales de importancia para la sociedad, como es el caso de la salud, la vivienda, los alquileres.
“Uno de los capitales fundamentales son sus recursos humanos y en un total de 1070 funcionarios, 351 están vinculados directamente al área de la salud, subvencionados en un 80%”, dijo.

         El Presidente de ANDA explicó que “no es caprichoso” que la institución invierta dos millones de dólares en la construcción de una clínica médica, “donde es un servicio a pérdida, subsidiado en un 80%; tampoco lo es que instale 39 clínicas odontológicas en todo el país “apuntando a una política de prevención única en todo el país. Con una asistencia integral como no existe ni a nivel público ni privado un centro que atienda la demanda de la salud bucal como lo hace ANDA”.

         Destacó también las garantías de alquiler, “servicio eminentemente social” que brinda ANDA a través sus sucursales en todo el país, una o dos por departamento. “Servicio que tampoco lo brinda a nivel nacional ni el Estado ni ninguna otra institución privada”, subrayó.
Otros funcionarios de ANDA trabajan como administrativos, en turismo social, en los servicios de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia, de portería.

         “De los 1070 quedarían unos 307 aproximadamente que están vinculados directamente al crédito. A un crédito social, que está definido desde los inicios de la institución el 1933 como un crédito al consumo que venimos brindando hace 75 años.
Ahora parece que es una actividad que involucra a toda la institución en el ámbito financiero.

         Un crédito que está destinado a un caudal de afiliados de ANDA que hoy asciende a unos 138 mil, de los cuáles la inmensa mayoría son de ingresos medio y medio bajo. Donde el consumo de nuestros créditos es la alimentación, con un promedio de $500 cada uno”, expresó.

Incertidumbre y disconformidad

         El proyecto de ley de reforma de la Caja Bancaria introduce cambios en los aportes, que también generan incertidumbre y disconformidad en los destinatarios.

         Según el proyecto, se modifica el régimen de aportes, “procurando no depender exclusivamente del número de afiliados activos y de la masa salarial asegurada, posibilitando en el futuro la adecuación paulatina de las tasas de aportación patronales y personales”. A los bancos y empresas aseguradoras se les reducen los aportes patronales de 30,75 a 25,25%, pero se incorpora un aporte sobre la base de los activos que poseen los bancos, y en el caso de las aseguradoras sobre la base de las primas emitidas por mes. Para las administradoras de crédito que ingresan se mantiene el aporte patronal actual de 7,5% y pasan a estar gravadas por sus activos en Uruguay.

         En el caso de ANDA, al pasar a la Caja Bancaria el aporte patronal va a ser sobre el total de imponible de los funcionarios. Con el régimen anterior, los aportes al BPS eran del 7,5%, pero sobre un sector de trabajadores que tenían un techo para aportar también a la AFAP; el aporte al BPS era sobre ese techo.

         “Ése es un perjuicio, pero el más importante en el que llama poderosamente la atención que no se haya reparado, incluir también a ANDA en el artículo 28 de este proyecto de ley donde dice que nuestra institución va a tener que aportar el 4 por 10.000 del saldo al fin de cada mes de los activos propios. Esto puede tener validez para la actividad financiera, para los dueños de los bancos o para los dueños de los grandes capitales que trabajan con fines de lucro en la actividad financiera. Pero en ANDA, esos banqueros son uruguayos donde 30.000 de esos 138.000 afiliados ganan $ 5000; 78000 afiliados ganan menos de $10.000 y 130.000 afiliados ganan menos de $ 20.000. A partir del 1º de enero, estos uruguayos pasan a ser banqueros y ese aporte va a salir de su bolsillo”, dice enfáticamente Almada.

         “El déficit de la Caja Bancaria no se soluciona con este proyecto”, dijo el Dr. Rodolfo Saldain en radio El Espectador. “Si se dijera que se pasa a la Caja Bancaria pero se mantiene el régimen mixto y se cotiza a la Caja Bancaria por lo que se cotiza al BPS, manteniendo el ciclo de ahorro en la AFAP, ahí mejoraría la situación de estos trabajadores. Si se dijera que es opcional, también mejoraría. Obviamente, algunos aspectos, como los impuestos que se cargan a las empresas que pasarían a la Caja Bancaria, no se solucionan por esa vía”.

         El Presidente de ANDA no puede creer que el proyecto se vaya a convertir en ley, y aún conserva la esperanza de que esto no ocurra.

         “A la luz de una institución como ANDA; claramente definido en la historia, donde la sociedad sabe exactamente el fin social que brinda, y más que nada los afiliados, trasladar este 4 por 10.000 de los saldos a fin de mes de los activos propios, a un sector socio económico bajo y muy bajo me parece que rompe todas las reglas. Es algo flagrante”, dice.

         En opinión de Almada, en esta sociedad donde la problemática social de gran parte de los uruguayos no es nada fácil, la sociedad pierde, y el Estado debería estar ayudando, dándole posibilidades a instituciones como ANDA que cumplen un fin social. “El Estado debería promocionarla dentro del ámbito del BPS, que es el sistema previsional estatal. Con controles por supuesto, como los tiene hoy. ANDA está absolutamente controlada desde el Banco Central, desde el MSP, del MEC, del MTSS, de auditorías externas.

         Esos controles son necesarios, son buenos, pero a instituciones como ANDA que cumplen un fin social tan importante, complementarias de políticas básicas del propio Estado como es la vivienda, la alimentación, la salud, debería apoyársele. Tendría que haber ahí un espíritu estatal de fomentar instituciones de este tipo que están ayudando a administrar al propio Estado.

         A la inversa, en este proyecto lo que se está haciendo es que esas instituciones con un fin tan importante para la sociedad, se les involucra a la actividad financiera, bancaria, con fines de lucro, desnaturalizando absolutamente la identidad de estas instituciones”.

         En opinión de Saldain, “esta iniciativa probablemente sea de las peores, porque no soluciona en el largo plazo y empeora la situación de un colectivo de trabajadores; y lo empeora al solo efecto de no transparentar la realidad, que es la mayor asistencia financiera que va a recibir el BPS por los recursos que pierde”.

         El técnico recordó que en el año 2005 el Poder Ejecutivo planteó “una alternativa inicialmente, que desde el punto de vista financiero era mucho mejor que ésta, porque equilibraba las cuentas de la Caja Bancaria, pero fue rechazada por AEBU”.

         “Proponía menores prestaciones que éste y elevación de la edad de retiro. Los bancos no aceptaban la elevación de la edad, los activos no aceptaban las menores prestaciones y los jubilados no aceptaban un mayor impuesto que había”.

         Curiosamente en esta oportunidad, durante la sesión de Diputados que aprobó el proyecto, el diputado oficialista Darío Pérez lo criticó y una de sus principales objeciones fue la exclusión de la Caja Bancaria de los empleados de algunas financieras, con las que se hizo una excepción sin que para ello existiera una explicación.

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